Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno

Desde antes que comenzara formal y legalmente, el régimen de la llamada “cuarta transformación” ha demostrado un sistemático desprecio por la ley, a la que ha violado de manera descarada de distintas formas y en varios escenarios.

La compra de insumos y la asignación de contratos millonarios sin licitación de por medio ha sido práctica recurrente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –y en los de algunos de los estados dominados por Morena, como el de Veracruz-, así como otras conductas como el abuso de autoridad, el conflicto de intereses y el nepotismo, que para nada pueden encuadrarse dentro de los parámetros mínimos de la ética y la honestidad. Mucho menos, en el del combate a la corrupción, principal bandera del actual régimen.

En su afán por acallar la crítica, ha incurrido en el uso faccioso de los medios públicos, desde donde se intenta ridiculizar, exhibir y linchar a quienes expresan disenso con las decisiones que toma este gobierno, incluidos otros medios de comunicación, periodistas, actores políticos y sociales, lo cual representa un abuso de poder completamente autoritario, que manda señales alarmantes sobre sus verdaderos propósitos.

Uno de los casos más patéticos es el de la agencia de noticias del Estado, Notimex, que bajo la dirección de Sanjuana Martínez ha sido convertida en un brazo golpeador que incluso se pretende elevar a la categoría de gran censor, luego de anunciarse la creación de una sección en la que realizará un “trabajo de verificación de información cuyo objetivo es aclarar las noticias que se transmiten en medios tradicionales o en redes sociales, y resultan dudosas”. Pero que no es más que otra embestida –con recursos públicos- para imponer la versión oficial única. Y para mayor escarnio suyo, plagiando el nombre –Verificado- a una iniciativa de los medios a los que ahora quiere enmendarles la plana.

Estacionado mental, emocional y políticamente en una época en la que no había prácticamente contrapeso alguno al poder omnímodo del Estado –la del más rancio priismo-, el lopezobradorismo se comporta como si ninguna de sus decisiones tuviera que sujetarse a la legalidad, como si pudiera hacer lo que quiera sin que eso tenga consecuencias. Por eso se delinean obras y acciones públicas a través de “consultas” a mano alzada, sin cumplir con los requisitos jurídicos elementales para las mismas.

Prueba de ello es el “informe” que dará el presidente de México la tarde de este lunes desde el zócalo de la Ciudad de México para “celebrar” el primer aniversario de su victoria electoral. Más allá de la megalomanía y el derroche que un acto de estas características implica, la manera como se ha organizado y difundido transgrede la legalidad.

La concentración masiva a la que convoca Andrés Manuel López Obrador no tiene ningún argumento jurídico que la sustente. En ninguna norma se establece que tenga que hacer “informes” antes o después del 1 de septiembre de cada año, que es cuando sí está obligado a entregar al Congreso de la Unión los datos sobre el desempeño de su administración. Si el objetivo fuera la transparencia, podría “informar” a los ciudadanos sin necesidad de un evento en el que se gastarán recursos públicos. Y no pocos.

Además, el gobierno lopezobradorista trató de imponer una transmisión en cadena nacional a todos los medios de comunicación de lo que en realidad será un espectáculo y no un acto gubernamental republicano. Si reculó, fue por las críticas generalizadas a lo que hubiese representado, en los hechos, una coacción autoritaria.

Pero por si eso no bastase, funcionarios como la secretaria de Energía, Rocío Nahle, difundieron en redes sociales un video propagandístico en el que se ensalza la figura de Andrés Manuel López Obrador y que más allá de las mentiras que contiene, representa una clara violación constitucional.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Un gobierno que violenta metódicamente la ley no combate la corrupción. Pero seguro ellos tienen “otros datos”.

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