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AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

Sobre el indignante caso de Bernardo “N” al que aludimos ayer –un joven futbolista que militaba en los Tiburones Rojos de Veracruz y que a finales de 2018 fue víctima de abuso sexual por parte de un funcionario de la Fiscalía General del Estado en Boca del Río–, un lector de esta columna nos reenvió un tuit que difundió anteayer la periodista Lydia Cacho, en el que la autora del libro “Los demonios del Edén”, afirma que “a veces los periodistas le hacemos el trabajo a fiscalías para obtener evidencia sobre cómo se vinculan la pederastia, explotación sexual comercial infantil, trata de personas, pornografía infantil, consumidores y políticos, tráfico de influencias, lavado de dinero.”

En su cuenta de Twitter, la escritora exponía también que “vivimos en un país en que miles de personas confían más en los periodistas de investigación de derechos humanos que en las autoridades. Mientras las fiscalías operan desde el tráfico de influencias y a incapacidad, las víctimas esperan justicia.”

Y para comprobar su dicho, la periodista reprodujo la página 34 de su libro “Los demonios del Edén”, en cuyo capítulo 10 titulado “El general viaja a Cancún”, recuerda la visita que el 21 de noviembre de 2003, por la tarde, realizó el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien “con el rostro prácticamente inexpresivo cuidó las primeras palabras que dirigió a la prensa” al referirse al pederasta Jean Thouma Hanna Succar Kuri, al cual se le investigaba también por presunto lavado de dinero.

Cacho relata que “ante la pregunta de si la PGR tenía indicios de los supuestos nexos de Succar Kuri con políticos, unos locales, como Alejandro Góngora Vera –quien fuera director de Fonatur en Cancún y más tarde regidor del Ayuntamiento–, y otros de gran envergadura nacional, como el diputado priista Miguel Ángel Yunes y el senador Emilio Gamboa Patrón –quien fuera secretario de Estado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y que actualmente ejerce gran poder como operador político del PRI en el país–, el procurador aseguró:

“– La Interpol está actuando en el caso y trabaja en coordinación con la Procuraduría estatal para que no quede impune este tipo de acciones tan lamentables. El ministerio público agotará todos los elementos que sean necesarios con sumo cuidado, con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas y, desde luego, con atención a las víctimas.”

La periodista consigna que a pesar de las declaraciones del general Macedo de la Concha “impregnadas de un claro tinte demagógico”, Succar Kuri terminó dándose a la fuga ante la “sospechosa ineficacia” que los agentes de la PGR le atribuyeron a la Policía Judicial de la Procuraduría de Justicia del Estado para detener de inmediato al pederasta.

¿Y sus presuntos cómplices? Disfrutando de la impunidad y de su inexplicable riqueza. Entre ellos el ex jefe político del actual Fiscal General de Veracruz que aparentemente protege al violador del joven ex jugador de Los Tiburones.

AHUED: LIMPIEZA EN ADUANAS

Vaya papa caliente que le cayó al senador veracruzano con licencia Ricardo Ahued Bardahuil en la Administración General de Aduanas.

Y es que trascendió que está por estallar tremendo escándalo que podría salpicar hasta a su antecesor Ricardo Peralta, quien al salir de la AGA fue nombrado subsecretario de Gobernación.

De acuerdo con una versión periodística, tanto en la Secretaría de la Función Pública como en la Unidad de Inteligencia Financiera fueron presentadas denuncias sobre el supuesto tráfico de designaciones en las aduanas fronterizas de Baja California y Tamaulipas. Pero mencionan también el caso de Mexicali, sobre el que dicen que existen hasta videos que dejan muy mal parado al administrador Alejandro Miramontes Armenta.

Inclusive aseguran que el salpicadero podría llegar hasta el propio Peralta, así como a un tal José Benito Reyes Corrales, funcionario de alto nivel del gobierno estatal de Baja California.

Para fortuna del ex alcalde de Xalapa, la Administración General de Evaluación del SAT, que se encarga de investigar las denuncias contra servidores públicos, ya tiene un grueso expediente sobre todo este asunto, el cual estaría por caer en manos de Renato Sales, el ex comisionado nacional de Seguridad que presumiblemente se perfila para encabezar la AGE.