El peligroso israelí que mataron en Artz

Serpientes y Escaleras

Salvador García Soto

Detrás del violento ataque armado en la exclusiva Plaza Artz y de la infantil primera versión de “crimen pasional” que manejaron las autoridades de la CDMX, hay una truculenta historia que involucra a uno de los criminales más peligrosos del estado de Israel. Benjamín Yeshurum Hutchi, el principal objetivo de este ataque en el que murió junto a su socio Alon Azulay, ingresó ilegalmente a México en marzo de este año, con un pasaporte europeo falso y luego de haber sido liberado de la cárcel por las autoridades hebreas, tras purgar una condena de más de 14 años por varios delitos.

Según las autoridades vinculado a mafias internacionales de tráfico de armas, drogas y de los casinos en México, no era la primera vez que Hutchi estaba en nuestro país, en donde ya había radicado desde el año 2003 cuando vino por primera vez al país traído por miembros de la poderosa comunidad judía en la Ciudad de México, que lo contrataron para que los ayudara en la prevención e investigación de secuestros que por esas fechas se dispararon entre los empresarios judíos en la zona de Tecamachalco y Polanco. Benjamín Yeshurum, que había pertenecido al Mosad, en donde tuvo entrenamiento especial, llegó a nuestro país procedente de Venezuela, a donde se había escondido después de que en 2001 escapó de una cárcel de  Israel, con ayuda de un policía corrupto, tras haber sido sentenciado en los años 90 a 17 años de  prisión por haber estado involucrado en el asesinato de Many Aslan, hijo del delincuente israelí Ezequiel Aslan.  En Venezuela se dedicaba al tráfico de armas y a brindar servicios de seguridad por su cuenta.

Así llegó a nuestro país donde trabajó apoyando y cuidando a miembros de la comunidad judía, pero en el camino comenzó a desarrollar actividades delictivas y extralegales, como el cobro de deudas para ellos mismos, con métodos de intimidación y violencia. Para el 2005 ya se había convertido en un “empresario independiente” y, aprovechando sus habilidades bélicas y de seguridad, montó su propio negocio de “extorsión, tráfico de drogas y venta de protección” a negocios, bares y restaurantes de Polanco donde se movía habitualmente. Para entonces, hasta los mismos miembros de la comunidad judía que lo habían traído, comenzaron a ser víctimas de sus extorsiones y amenazas. Por esas fechas, la Interpol ya había girado una cha roja a su nombre a petición del gobierno de Israel que lo buscaba en varios países por varios delitos cometidos en su país.

Cuando fue ubicado en México, la Interpol y el CISEN pidieron apoyo a la Policía del entonces gobierno del Distrito Federal, bajo el argumento de que Hutchi había comprado protección de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, por lo que no podían solicitar su detención a los agentes federales del entonces gobierno de Vicente Fox. La Secretaría de Seguridad Pública del DF montó un operativo de seguimiento y vigilancia en la zona de Polanco, en los restaurantes y bares de la avenida Mazaryk y Emilio Castelar, de donde era cliente asiduo, a cargo del entonces subsecretario de Seguridad, Gabriel Regino. El 28 de junio de 2005, policías auxiliares ubicaron a Benjamín Yeshurum en un restaurante de Mazaryk y Mariano Escobedo, y al pedirle que se identificara resultó ser el sujeto que buscaban por la cha roja de Interpol.

Tras ser detenido por los policías capitalinos, en el Punto Shanghai, justo en la conuencia de las citadas avenidas, fue esposado y subido a una camioneta de la SSP; traía con él 43 dosis de cocaína, según quedó asentado en  la averiguación previa 1461/A/ZR1/2005.

Al lugar arribó el subsecretario Regino quien, previo aviso a las autoridades del CISEN, comenzó a interrogar a Hutchi, quien le dijo ser “empresario” que tenía negocios en la ciudad y que estaba de visita temporal.

En algún punto del interrogatorio, según la versión que manejan testigos presenciales de aquella detención Benjamín Hutchi le dijo a Gabriel Regino: “A ver para qué me tienes aquí detenido ¿qué ganas tú con mi detención, que te den una estrellita por hacer su trabajo? Mejor dejemos de perder el tiempo, te doy un millón de dólares y tú me dejas ir a seguir con mis negocios”.  El funcionario capitalino le reviró: “¿En serio, un millón de dólares? ¿Y cómo los vas a conseguir?”. “Ahorita llamo a un amigo y me los traen”. “¿Quién te los va a traer?”, insistió Regino.  “Mi amigo Jorge Kuri”. El subsecretario tomó su celular y se lo ofreció al israelí. “Toma mi teléfono y llámale a tu amigo, Jorge Kuri me dijiste, ¿verdad?, llámale”. Y de pronto, Hutchi bajó la mirada y cambió el tono: “No, ya no voy a decir nada”. “Llama a tu amigo Jorge Kuri”.  “No voy a declarar ya nada”, dijo agachando la cabeza.

El CISEN pidió que lo trasladaran del llamado “Punto Shanghai” a una instalación segura y lo llevaron al edificio de la SSP en la calle de Liverpool. Ahí recibieron una llamada de la embajada de Israel que pedía que lo tuvieran “muy bien vigilado” y en una zona segura porque alertaba que, por su entrenamiento del Mosad, Hutchi podía quitarse solo las esposas y matar él mismo a por lo menos 5 personas. Después de escuchar eso, Gabriel Regino ordenó una guardia de 20 policías que lo vigilaran de manera permanente y que cambiaban cada hora. Así pasó la noche en las instalaciones de la SSP, mientras el gobierno de Israel mandaba un avión.

Al día siguiente, en medio de un fuerte operativo de seguridad, con varias patrullas y camionetas de  la SSP y el cierre de varias calles y avenidas, Benjamín Yeshurum Hutchi, que entonces no pasaba de los 38 años, fue trasladado al aeropuerto Benito Juárez. En la zona de hangares, un avión del Estado israelí aterrizó y, custodiado por varios policías y por el subsecretario Regino, el delincuente israelí, que en su país tenía acusaciones de narcotráfico, homicidio y robo, fue entregado a dos soldados del Mosad con armas de muy alto calibre, que lo llevaron hasta el avión sin mediar palabra ni agradecimiento a la policía capitalina. Hutchi subió la escalerilla, la puerta del avión se cerró y la nave se enfiló hacia la pista de despegue.

Allá permaneció en prisión hasta febrero de 2019, cuando fue liberado y, sin que mediara aviso de su liberación del gobierno de Israel al de México, arribó a nuestro país en el mes de marzo con un pasaporte falso con el que atravesó Europa. Fuentes de la FGR aseguran que Benjamín Yeshurum reactivó en estos meses las relaciones que desde 2005 trabó con integrantes del Cártel de Los Beltrán Leyva, en específico con Édgar Valdés Villarreal “La Barbie”, quien fue detenido en 2010 por el gobierno de Felipe Calderón y extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado a 49 años de cárcel.

Su asesinato en Plaza Artz se produjo justo unos días después de que fuera detenido en nuestro país Erez Akrishevsky, otro delincuente israelí que fue quien escapó con él de la cárcel israelí en 2001 y con quien habría viajado a Latinoamérica.  ¿Qué cuentas pendientes tenía Benjamín Sutchi con los cárteles de droga y crimen organizado mexicano que mandaron a sus sicarios a matarlo justo en un restaurante concurrido y a plena luz del día en la plaza comercial más exclusiva de la Ciudad de México? Eso es lo que nos tendrán que decir ahora las autoridades capitalinas, que de paso tendrán que explicar cómo la capital del país llegó a los niveles de violencia que se viven en las plazas y ciudades más calientes del narcotráfico en México.

LO QUE NO EXPLICA NI DICE LA MAGISTRADA OTÁLORA

En relación a las investigaciones que realiza la Auditoría Superior de  la Federación a los contratos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial otorgó en los tiempos de  la presidencia de la magistrada Janine Otálora, fuentes internas de dicho tribunal aseguran que el denominado “diagnóstico integral para el desarrollo del plan estratégico institucional”,  que Otálora le asignó de manera directa su elaboración al CIDE, fue un proyecto que el magistrado Reyes Rodríguez le vendió a Janine justo cuando empezó su alianza hace casi dos años.

Otálora sometió la elaboración de ese diagnóstico a una decisión colegiada, en una sesión de la Sala Superior del Tribunal, y los magistrados Mónica Soto y José Luis Vargas manifestaron su desacuerdo por el monto que se pretendía pagar (9 millones de pesos en sus dos etapas) y por el procedimiento de adjudicación directa por el que pretendía encargarse al CIDE. Los magistrados inconformes decían tener información de que su compañero Reyes utilizó al CIDE por haber trabajado ahí y por conocer a diversos directivos y personas con inuencia (entre ellos su mentor, Benito Nacif).

En ese estudio se puso como “experta” a  Andrea Foncerrada Ayala, una chica sin experiencia en ese tipo de estudios de planeación institucional. Andrea es esposa de Alejandro Trelles, amigo íntimo de Reyes Mondragón y excompañero de trabajo suyo en el IFE, a quien el mismo magistrado había llevado al tribunal como “asesor externo” que trabajaría a distancia, con el argumento de que  “podía ayudar en múltiples temas y que estaba estudiando su doctorado en la Universidad de Pittsburgh y necesitaba recursos para concluir”. Como los demás magistrados rechazaron la contratación de Trelles, por considerarlo un politólogo sin experiencia jurisdiccional, “se inventaron esas dos asesorías de casi 11 millones de pesos, que básicamente consistían en hacer entrevistas obvias a través de cuestionarios muy básicos”, comenta uno de los magistrados del TEPJF.

 

“Posteriormente tuvimos información que en realidad Andrea fungió como fachada entre Alejandro Trelles y Reyes, quienes se repartieron el monto cobrado al Tribunal, y que gran parte del trabajo se maquiló desde la ponencia de Reyes. Lo peor del caso es que, debido a nuestra oposición a ese proyecto, el diagnóstico es un fracaso porque varios magistrados no lo contestamos, con lo cual no se pudo terminar con la visión de todo el Pleno ni la totalidad de las áreas a nuestro cargo. El documento está archivado y nunca se volvió a citar en lo absoluto ni a aplicar”, añade el magistrado.

 

El facilitador de la adjudicación directa fue Jorge Mata, anterior Secretario de Administración y gente de Otálora. Hoy Mata sigue ahí protegido por la magistrada, a pesar de que está siendo investigado porque tenía diversos negocios con el Tribunal, entre ellos la cafetería, la venta de alimentos a los comedores institucionales y los servicios de banquetes para eventos de la institución.

 

Por cierto que otra cosa en la que la magistrada Otálora mintió en su carta enviada a este diario, es que el acta de asignación directa del primer contrato que le dio al CIDE, por la primera parte del citado “diagnóstico integral”, no está firmada por la Contraloría Interna. Según una copia de ese primer contrato por 5.3 millones de pesos, en poder de esta columna, en el documento aparecen cerca de seis firrmas, pero ninguna corresponde al titular de la Contraloría Interna. Sí aparece, por cierto, la firma de Gustavo Meouchi, quien fue el Coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública durante la presidencia de Otálora, y quién además es exyerno del ministro Luis María Aguilar, quien fuera presidente de la Corte. Meouchi fue separado de su cargo cuando cambió la presidencia del TEPJF.

 

Además, el entregable del diagnóstico contratado por 5.3 millones de pesos que corresponde al acta mencionada, fue un documento de 17 cuartillas en el que ni siquiera entrevistaron a todos los ministros (como estaba contemplado), sino sólo a los afines de Otálora: Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y la propia Otálora. En el documento se establece que «no pudieron realizarse» las entrevistas con el resto de los magistrados:  Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. ¿O sea que se pagaron casi 10 millones de pesos por un documento incompleto y por un diagnóstico que ni siquiera tenía las opiniones y visión de todos los magistrados del TEPJF? Con razón lo esta investigando la Auditoría Superior.

 

NOTAS INDISCRETAS… El próximo primero de agosto tomará posesión como gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.  El nuevo mandatario de Morena llega a la gubernatura con dos consignas que serán sus prioridades de gobierno: el combate a la inseguridad y a la corrupción en Puebla. En uno y otro tema, dicen sus cercanos, Barbosa pondrá todos los recursos y la atención en sus primeros meses para que, hacia finales del año, pueda entregar cuentas en una reducción de los índices delictivos que afectan a los poblanos, pero también en las investigaciones y procesamiento de diversos funcionarios que incurrieron en actos de corrupción en los pasados gobiernos. “Se acabó la impunidad en la corrupción que saqueó Puebla y la inacción contra la inseguridad que se disparó en el estado en los últimos meses”, proclamará Barbosa en su toma de protesta. Veremos si lo logra…Los dados mandan Escalera doble para todos los lectores. Y por vacaciones, inmerecidas pero necesarias, se guardan en el cajón desde hoy, para volver a girar, con energías recargadas, el próximo lunes 12 de agosto. Hasta entonces amables lectores.

sgarciasoto@hotmail.com

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