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AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

Este martes, justo cuando el gobernador Cuitláhuac García y su secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, echaban las campanas al vuelo por la reestructuración de la deuda pública del estado que –según precisaron– asciende oficialmente a 41 mil 769 millones de pesos, la calificadora Moody’s dio a conocer un estudio en el que incluye precisamente a Veracruz entre las siete entidades peor evaluadas debido a que presentan una baja confiabilidad, transparencia e integridad en sus estados financieros.

De acuerdo con Moody’s, los estados y municipios deben reportar todas sus obligaciones de deuda, pero no todos cumplen, señalando concretamente, aparte de Veracruz, los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Nayarit.

“Los pasivos no reportados o no desglosados pueden ejercer presiones de liquidez inesperadas. Debido a que estos pueden incluir impuestos por pagar al Gobierno federal, contribuciones vencidas a los sistemas de pensiones federales o ciertos convenios con el Gobierno federal, éste puede deducir los montos correspondientes directamente de las transferencias mensuales de participaciones de los estados”, advierte en su estudio la agencia calificadora, la cual refiere que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que algunos estados no están reportando deuda de corto plazo y pasivos como impuestos por pagar al gobierno federal o contribuciones a sus sistemas de pensiones.

Moody’s indica que, según la ASF, el 13.5 por ciento de las transferencias no son gastadas de forma apropiada, por lo que las entidades tienen que proveer una explicación o devolver los recursos.

La observación de la calificadora, respecto al gobierno de Veracruz, sorprende ya que hace tres semanas le había subido las calificaciones de emisor, de Caa1/B2.mx a B3/B1.mx, y la evaluación de crédito base de Caa1 a B3, afirmando con ello la perspectiva estable para el estado y sus finanzas.

El alza de dichas calificaciones se debía, en opinión de Moody’s, a que “las prácticas de administración y Gobierno de Veracruz han mejorado, lo que resulta en el fortalecimiento de la administración y el perfil de liquidez.” Además afirmaba que el nuevo régimen estatal “ha demostrado una mejora en las prácticas de administración y gobierno”.

“Esto incluye una mayor transparencia en la presentación de estados financieros más confiables. De la misma manera, Veracruz ha cumplido con la publicación de sus estados financieros anuales y trimestrales. A pesar de que la nueva administración ha estado durante un corto periodo, se reconoce la mejoría en esta área.”

Y resumía que “Moody’s espera que Veracruz estabilice su dependencia en el uso de deuda de corto plazo en menores niveles que los registrados anteriormente, lo cual impactará de manera positiva los niveles de liquidez.”

Entonces… ¿qué fue lo que pasó?

PROCURAN JUSTICIA AL CAMPO  

El que anda como pez en el agua es el abogado xalapeño Luis Hernández Palacios Mirón, quien actualmente despacha como Procurador Agrario.

Este martes, por ejemplo, firmó con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula, el Convenio Marco de Colaboración para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyo objetivo es que ejidatarios, mujeres, jóvenes e indígenas trabajadores de la tierra sean reconocidos como sujetos con derecho agrario y tengan acceso a los proyectos productivos y programas sociales.

En este evento, realizado en las oficinas centrales de la SADER, Hernández Palacios destacó que se tiene una política de rescate del campo, con inclusión y equidad de género, en beneficio de más de 29 mil 200 núcleos agrarios en el país (que abarcan la mitad del territorio nacional), puntualizando que el 30 por ciento de quienes trabajan los núcleos agrarios son mujeres y no tienen el derecho de propiedad, de ahí la trascendencia de este acuerdo para atender esta situación.

Por su parte, el titular de la SADER precisó que el objetivo central de esta iniciativa del Gobierno de México es la aplicación de justicia y responsabilidad social, en la atención de 5.6 millones de ejidatarios que no han tenido acceso a programas y beneficios, y de esta manera  resarcir la deuda con los más necesitados en el sector rural.

Este convenio, aseveró Villalobos Arámbula, “nos da la pauta de trabajar en coordinación para que los dueños de las parcelas, a través de su legítima propiedad y reconocimiento, accedan a los programas del gobierno”, remarcando que “es también un proceso importante de justicia para reconocer el legítimo derecho de las mujeres trabajadoras en el sector rural.”

A su vez, la directora general de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias de la Sader, Elizabeth Landa Franco, expuso que en el Programa de Desarrollo Rural sobresalen los proyectos territoriales socialmente incluyentes en apoyo a unidades de producción familiar para vincularlos a programas multianuales y al financiamiento.

Estos componentes, dijo, tienen como objetivo la atención a mujeres, jóvenes e indígenas para incorporarlos a estas iniciativas; sin embargo, agregó, en las reglas de operación se debe acreditar la legal posesión de la tierra, justo ahí es donde la Procuraduría Agraria coadyuvará a incorporar a estos sujetos a resolver el tema de propiedad de su tierra.

Esto, dijo, se atenderá a través de este convenio, principalmente en el caso de las mujeres que no tienen el derecho de propiedad de su tierra, acotó.

Por su lado, la directora general de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Procuraduría Agraria, Yolanda Beatriz Vera Castillo, señaló que esta falta de reconocimiento a las mujeres ha sido en todos los sectores y en todos los niveles, pero esto está cambiando y este convenio es una muestra de los alcances para su atención.

“Acciones públicas como estas son las que enaltecen nuestras instituciones y a nuestro país, y hoy podemos decir que las mujeres ejidatarias, comuneras, posesionarias y usufructuarias podrán acceder a los beneficios del Programa de Desarrollo Rural, que es al final de cuentas un reflejo del nuevo régimen encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.

Este convenio fue firmado también, como testigo de honor, por el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, quien expuso que “tenemos que entender que es a través de los núcleos agrarios y de las propias comunidades, los ejidos, como realmente podríamos generar un cambio radical en cómo se han venido desempeñando en las últimas décadas, y que el abandono del campo es uno de los principales factores que afectan a nuestra sociedad, que afecta los índices de delincuencia, por el despojo, el abandono al campo mexicano”, subrayó.