Javier Duarte: el día que ordenó desaparecer a las víctimas

Mussio Cárdenas Arellano

* Testimonio de Bermúdez lo hunde  * Quiénes y cómo ocultaron los cuerpos  * La mano de su policía en los crímenes  * Nahle, la recaudadora  * Aportación de 8 millones y no cumplió  * Coatzacoalcos, literalmente, se incendia  * Revienta ORFIS al alcalde de Agua Dulce  * García Alonso, denunciado  * APEC: un caso de acoso sexual

Su “amigo” Bermúdez cantó de más. Por algo, o cambio de algo, retrató a un Javier Duarte alterado, fuera de sí, grotesco, acorralado; un Javier Duarte instruyendo un acto criminal, ocultando evidencia, desapareciendo cuerpos, violando la ley.

Su “amigo” Bermúdez hizo, quizá con filo, quizá no, algo más. Acreditó el nexo entre el ex gobernador y la desaparición forzada, el vínculo de Duarte con un delito lesa humanidad.

Aquel 6 de junio de 2018, Arturo Bermúdez Zurita, el siniestro Capitán Tormenta, pecó de hablador. Y hundió a Duarte. Y hundió a todos.

Mostraba el rostro criminal del ex gobernador de Veracruz, el poder usado para revictimizar, el aparato oficial moviéndose en el lado oscuro, borrando las huellas del crimen perpetrado por el aparato de Seguridad Pública.

Bermúdez, el “amigo”, cantó ante la autoridad judicial y su canto fue letal.

Su declaración es elemento demoledor. Es testimonio y misil que implica a Javier Duarte con los muertos de La Aurora, 19 cuerpos hallados en la barranca aledaña a la Academia de Policía El Lencero, molidos a golpes, torturados, víctimas de la policía estatal. Y su orden fue sólo reconocer seis muertes. Y la instrucción expresa, precisa, de desaparecer los cuerpos de otros 13.

Típico caso de desaparición forzada en que la tortura ablanda a cualquiera y con la felpa descomunal se exprime información, o simplemente para callar al traidor.

Bermúdez, el siniestro secretario de Seguridad Pública del duartismo, habló en el curso de la indagatoria y su confesión fue grabada en video. Es el elemento sustantivo, letal, que acredita que Javier Duarte ordenó desaparecer los cuerpos.

Detalles de la declaración constan en la revista Proceso que el sábado 20 cimbró a Veracruz.

Duarte convoca, refiere Proceso. Asiste el secretario de Seguridad Pública, Bermúdez, y el entonces fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras. Escuchan  y acatan. Y se implican.

Cita el semanario de los Scherer:

La noche del 19 de enero de 2016, Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue convocado a Casa Veracruz. “Tenemos un pedo”, le dijo por teléfono su jefe, casi a gritos.

Llegó en menos de 15 minutos y con él arribó Luis Ángel Bravo Contreras, entonces fiscal general del estado. La reunión tenía el propósito de hacer un control de daños por los casos de desapariciones de personas.

“A ver, ¿cómo está el pedo ese de los cuerpos encontrados?”, preguntó Duarte en referencia al hallazgo de 19 cadáveres en la barranca La Aurora, dentro de la pequeña comunidad de Emiliano Zapata, justo frente a la Academia Estatal de Policía El Lencero.

Según Bermúdez Zurita, quien colaboró en la investigación, el gobernador ya estaba nervioso a causa de la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca, un caso en el que salió a relucir la participación de policías estatales.

De acuerdo con las indagatorias que años después realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por Jorge Winckler Ortiz, sucesor de Bravo Contreras, se trataba de una fosa clandestina que policías de la SSP utilizaban para ocultar cuerpos de víctimas de crímenes que ellos les atribuían a “miembros de la delincuencia organizada”.

Con base en esta información, consignada en el expediente 498/2018, el pasado 13 de mayo el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México determinó negar las medidas cautelares que promovió Javier Duarte contra una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los casos de desaparición forzada.

“¿Son los de Tierra Blanca?”, volvió a preguntar el gobernador, aquella noche de enero de 2016. Bravo Contreras negó con la cabeza y dijo: “No considero que sea viable que sean ellos; no tiene sentido que los hayan movido tan lejos”. Lo dedujo por los 200 kilómetros que separan a la comunidad de La Tinaja, municipio de Emiliano Zapata, de Tierra Blanca, en el sur del estado.

El gobernador de Veracruz estalló: “¡No se puede filtrar” esa información! ¿Por qué no se puede filtrar esa información? ¡Porque se haría un pedote! Ya traemos encima el tema de Tierra Blanca, con el que me están dando una madriza en los medios nacionales. ¡No puedo darme el lujo de un hallazgo masivo de cuerpos porque me van a partir la madre!”.

Cuando el fiscal Bravo le preguntó al gobernador cuál era su instrucción, recibió esta respuesta: “Ya hay una foto en los medios de comunicación, pero en ella sólo se ven cinco o seis cuerpos. A huevo que se tiene que reportar el hallazgo, pero no reportar los 15 y mucho menos los 30 cuerpos o todos los que estén en el lugar. Única y exclusivamente debemos reportar los que salen en la foto”.

Con esa orden, Bermúdez Zurita y Bravo Contreras ordenaron a cuatro funcionarios a su cargo que reportaran sólo seis cuerpos encontrados inicialmente en el vertedero. El resto fueron exhumados de manera clandestina, ocultados físicamente y borrados de los registros oficiales.

Al menos 15 colectivos que buscan a las personas desaparecidas en Veracruz consideran crucial el testimonio de Bermúdez. Sus declaraciones son parte de una lista de evidencias que el citado Juzgado Decimoprimero de Distrito, encabezado por el juez José Antonio Medina Gaona, juzgó válida para sobreseer la protección de la justicia que Duarte solicitó el 6 de junio del año pasado, en el juicio 498/2018.

Proceso cita los nombres de quienes operaron la desaparición: María del Rosario Zamora, fiscal de Investigaciones Ministeriales; Gilberto Aguirre Garza, director de Servicios Periciales; Carlota Zamudio Parroquín, delegada de la Policía Ministerial, y Eva Aquino Tamayo, fiscal de distrito.Y con ellos, elementos de la Fiscalía y de Seguridad Pública, encargados de desaparecer los cuerpos.

María del Rosario Zamora, alias La Chacala, fue la encargada de dirigir la operación. Se trenzó en una discusión con militares, a quienes les ordenó dejar de grabar cuando se recuperaron los cuerpos. También confiscó todos los teléfonos de quienes acudieron la barranca La Aurora.

Carlota Parroquín y Eva Aquino ordenaron la alteración de los registros y “por instrucción de arriba”, instruyeron la modificación de los informes iniciales. Eva Aquino coordinó las acciones de la Fuerza Civil, cuyos elementos retiraron y se llevaron los cadáveres.

Gilberto Aguirre reveló a funcionarios de la Fiscalía de Veracruz la instrucción de retirar los seis cuerpos que habían sido fotografiados un día antes. Entre ellos se hallaba el de un policía, David Lara Cruz, adscrito a la delegación de Acayucan, confrontado con el delegado. Fue remitido a la Academia de Policía a practicarse el examen de confianza y no se le volvió a ver.

Sus restos fueron sembrados en Santana, municipio de Alto Lucero, según el testimonio de Gilberto Aguirre. Sin embargo, el teléfono celular que usaba le fue entregado sin chip a un albañil que realizaba trabajos en la academia policial, y éste se lo dio a su esposa. Es esa una prueba demoledora contra Duarte y su pandilla.

Letal, el testimonio de Arturo Bermúdez electriza. Le pone el dedo a Duarte. Lo implica cono el autor intelectual del ocultamiento de cuerpos, la consumación de la desaparición forzada.

Duarte libra una batalla por anular la sentencia de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, vía un juicio de amparo que derivó en la suspensión de la sentencia de manera temporal en tanto se verifica si las pruebas financieras de la Fiscalía General de la República tuvieron sustento legal.

Pero su dilema no está ahí. Su suerte está en manos del gobierno de Guatemala, que a solicitud de la FGR accedería a que en el proceso de extradición se adicione el delito de desaparición forzada.

Y a pasar el resto de su vida en prisión.

Y todo porque su “amigo” Bermúdez cantó.

Archivo muerto

¿Por qué a Rocío Nahle le apodan “la recaudadora”? Tiene que ver con sus acuerdos con priistas, con empresarios, los Quintanilla y un tal Guillermo Ibarra, socio del ex alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, y ex director de Infraestructura municipal, golpeador de ciudadanos que se acercaban a exigir sus derechos —caso Drago—, y uno más de apellido Cabrera, y con las “aportaciones” a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, una de ellas por 8 millones que se suponía redituaría un cargo en el IMSS que nunca llegó. Los detalles, las trastadas de la “recaudadora del Dios Peje”, luego… Ni se extingue el secuestro ni amaina la violencia. Incontrolable, el crimen organizado vuelve por lo suyo, por las vidas a las que les fija precio. O se hacen sentir incendiando antros, lotes de autos, negocios y domicilios. Si antes fue el Comandante H, alias Hernán Martínez Zavaleta, el zar del secuestro, el trasiego, el huachicol, y luego su cuñado Osiris, ya ejecutado, y El Pana y El Mamito, hoy la hegemonía mafiosa va cambiando de manos. Hay otros cárteles, los de Jalisco y Golfo. Hay delincuentes menores que se ostentan como cárteles. Y todos generan terror. Vive Coatzacoalcos días sombríos. Son arrojadas bombas molotov en el bar Mangos Beach. Incendian el lote de autos de la avenida Independencia; estalla otra molotov en el negocio de cocinas integrales, vinculado al delegado de Tránsito, cuyo hermano sería director de la Policía Municipal y no aplicó justo cuando una ráfaga de ametralladora impactó cerca de la bodega de su empresa. Y también hay un objetivo específico: destruir aquello que huela a Hernán. No cambiaron el secuestro por el cobro de piso. Incendian negocios bajo control de las células zetas del Comandante H y eso presagia guerra a mayor escala. Coatzacoalcos es ahora el santuario de los ataques tipo Molotov… Digno sátrapa, Sergio Guzmán quiere ser diputado y como alcalde es un caos. Digno acólito de Rocío Nahle, no pasa la prueba del ORFIS. De la cuenta pública de Agua Dulce en el ejercicio 2018, le señalan 72 inconsistencias y teniendo hasta el 17 de julio para solventarlas, no lo hizo. No acreditó documentación de entrega de obras; recursos que fueron etiquetados para obras no se aplicaron ni regresaron a las arcas de la Federación; le hallaron irregularidades en depósitos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación por adeudos de la bursatilización de administraciones anteriores. Todo un fiasco el prospecto de Morena a diputado federal por Coatzacoalcos. Sergio Guzmán Ricárdez habrá de entender que no se gobierna con caprichos ni insania, ni soberbia, ni mañas, ni tretas. Su gestión es la expresión más vil de la corrupción. Atestado de aviadores, el ayuntamiento soporta una carga financiera descomunal, agravada por la parentela en nómina, nepotismo en toda su expresión. Al Servicio de Administración Tributaria intentó burlarlo, reteniendo impuestos de trabajadores y haciéndolos humo en la declaración; adquirió uniformes de policía con sobreprecio; derrochó en fiestas y diversión, circo al pueblo, mientras construye calles de pésima calidad; oculta los estados financieros y los presenta a los ediles para firma cuando ya no hay tiempo para revisar su contenido. Se niega a realizar sesiones de cabildo. Hoy enfrenta la realidad. ORFIS lo aprieta. Y no puede solventar las 72 inconsistencias. Y así Rocío Nahle pretende hacerlo diputado gangsteril… Un exceso verbal tiene a Roberto García Alonso en un dilema legal. Lo denuncia el ex secretario de Gobierno del marcelismo, Víctor Rodríguez Gallegos, por señalamientos en torno a la empresa de grúas de los familiares del ex funcionario, ya cerrada, y afirmar que es un “negocio sucio como él”. Vía Facebook, García Alonso lanzó el señalamiento el 11 de abril pasado y apuntaba: “Lo que quieren es lana estos bandidos. Están cobrando lo que quieren”. El tema escaló y llegó al ámbito judicial. Consigna la carpeta número UIPJ/DXXI/F7/1431/2019 tres citatorios a García Alonso, suscritos por el fiscal 7, Omar Pérez Hernández, para presentarse a declarar. Los tres los ha ignorado el ex funcionario yunista. Lo que sigue es el uso de la fuerza pública. García Alonso fue secretario de Gobierno del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Antes había sido director de Catastro en el gobierno de Guadalupe Porras David, en Minatitlán. Su último cargo fue delegado de la Secretaría de Gobierno en el régimen yunista. A la par de ese caso, se realiza una investigación por parte de la Policía Cibernética de la Fiscalía General de la República, que ya ha identificado a los autores de portales y cuentas apócrifas en internet usados para enviar memes y lanzar ataques políticos. Algunos emplean apelativos como De la Cruz y Guerra, caretas de un operador del ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol al que en breve le resultará citatorio. Y van por otros más… ¿Quién ese integrante de la APEC, señalado —por ahora sólo señalado— de acoso sexual contra una joven dama emprendedora? Consta la evidencia en una conversación, vía red social, donde se describe el asedio, las propuestas, la insistencia, la presión del periodista a la empresaria, por cierto casada. En la reciente elección, ella sugirió un código de ética al que debieran sujetarse sus dirigentes. Su equipo lo sabe a detalle. Una pista: si no se llamara como se llama, se llamaría Ego…

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