A Ciencia Cierta
Juan Carlos Andrade Guevara

México es un país con una riqueza natural de valor incalculable. La diversidad de ecosistemas, la riqueza de especies con su gran variabilidad genética y la presencia de plantas, animales y microorganismos que sólo viven y crecen en nuestro territorio debieran ser razón suficiente para tener instituciones fuertes que tengan como único fin el tutelar y proteger, con políticas públicas eficaces, tan importante patrimonio.

En lo que va de la actual administración federal hemos sido testigos de una serie de acciones y decisiones gubernamentales que, francamente, ponen en riesgo lo que hasta la fecha se ha logrado en términos de política ambiental.

Algunas de las evidencias que dan sustento a lo que aquí comento tienen que ver con el desdén y desgano con el que la actual gobierno de la república ha tratado temas como el impacto ambiental requerido para la construcción de la refinería de Dos bocas y también el que debe autorizarse para construir la terminal del aeropuerto en Santa Lucía. Ambas obras de la mayor relevancia que se encuentran actualmente detenidas por carecer de este importante requisito.

El gobierno federal ha minimizado también la crisis del sargazo en el Caribe mexicano, así como el gradual desmantelamiento de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio). Parece que todo lo que no es prioritario para los programas del gobierno federal estorba y se les quita el presupuesto.

Por eso hay necesidad de alzar la voz y decir que la dimensión ambiental del desarrollo debe considerarse dentro de una perspectiva de los derechos humanos como el derecho a un medio ambiente sano al que todos y todas tenemos derecho.

Así, los estudios de impacto ambiental son un instrumento de la política ambiental participativa que tiene un carácter preventivo. Se trata de la potestad del Estado y sus instituciones para vigilar y supervisar que las obras de infraestructura y de desarrollo no alteren los procesos naturales cruciales para la vida ni pongan en riesgo a especies amenazadas o protegidas por las leyes. También desde luego tienen como centro la protección de las poblaciones humanas y su vulnerabilidad.

El nombramiento reciente del doctor Víctor Manuel Toledo como Secretario de Medio Ambiente es una buena señal. Es evidente que se trata de un académico preparado que tiene una trayectoria impecable en las tareas vinculadas con la investigación sobre protección de los recursos naturales con criterio sustentable. Sin embargo, aun no sabemos en concreto que propondrá la cuarta transformación en materia de políticas públicas para hacer frente al creciente problema de la escasez del agua, de los residuos sólidos y su manejo, de la deforestación y la adaptación y mitigación al cambio climático. Lo que se ha visto en este tiempo no es muy esperanzador.

Es difícil creer que un gobierno que pretende impulsar una transformación de fondo para el país no esté considerando el hacerlo en un marco del desarrollo sostenible. México es signatario de la agenda 2030 para la sostenibilidad y al menos en ese marco, nuestro gobierno está obligado a actuar con eficacia ante los retos ambientales locales y globales de la mayor relevancia. También resulta extraño que un gobierno emanado de la izquierda esté menospreciando con tanta contundencia los derechos humanos fundamentales que tanto esfuerzo nos ha costado conquistar, como el derecho a un ambiente sano.

anguevarajc@nullgmail.com