En sí el tema de que tres miembros de Seguridad Pública, entre ellos dos que eran desertores del Ejército, asesinaran a mansalva a un ciudadano frente a las oficinas de Tránsito del Estado, es una atrocidad.

Por fortuna, cabe reconocer que el titular de la Dependencia tomó la decisión de atrapar a los presuntos homicidas.

Pero ahora lo que tendrá que explicar la administración estatal es la especie revelada por el fiscal Jorge Winckler, quien niega la versión oficial de que los presumibles ejecutores tuvieran un altercado vial con la víctima, lo que provocó el atentado.

El incidente previo de vialidad, asegura el fiscal, fue con otra persona, no con los atacantes. Estos habrían llegado directamente, en calidad de sicarios, a ejecutar al hoy occiso.

¿Por qué mentir por parte del gobierno del Estado? ¿Cómo esperan los funcionarios dar certidumbre a la ciudadanía, cuando alteran verdades de manera absurda sin percatarse de que serán desenmascarados tan fácilmente y quedarán en ridículo?