Salvador García Soto

Serpientes y Escaleras

En el mismo fallo en el que decidió vincular a proceso a Rosario Robles, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna también le requirió a la Fiscalía General de la República que sea ella la que determine si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Desarrollo Social y excandidato presidencial del PRI, por las mismas condiciones imputadas a Robles, por el delito de “ejercicio indebido del servicio público” en forma de omisión al no haber actuado ni sancionado los desvíos millonarios cometidos en la Sedesol, a pesar de que fue enterado de ellos.

De acuerdo con el fallo del Juez de Control del Reclusorio Sur, la decisión de proceder o no a acusar a Meade Kuribreña quedaría en manos del Fiscal Alejandro Gertz Manero, aunque también podría ser la Auditoría Superior de la Federación, la que en su condición de víctima exija que se inicie una investigación contra el también exsecretario de Hacienda, que según el dicho de su antecesor Robles Berlanga, conoció de los citados desvíos documentados por la ASF, durante el acto de entrega de recepción de la Sedesol, y no interpuso la denuncia correspondiente. Por lo que no sólo Gertz Manero, sino también el auditor federal David Colmenares tendrían en sus manos la decisión de ordenar que se inicie una investigación contra el actual consejero de HSBC.

En lo que respecta a Rosario Robles y la orden para que fuera encarcelada y se le dictara la prisión preventiva oficiosa, la tomó el juez por la petición de la Fiscalía, que dijo tener “temores fundados” de que la exsecretaria peñista se diera a la fuga, por las inconsistencias en sus comprobantes de domicilio, el que no tuviera un empleo fijo y otras formalidades que argumentaron los fiscales. La realidad es que la orden de que no se dejara a Rosario en libertad llegó de muy arriba y, fue concedida por el juez, ante el miedo que existía en la FGR y en el mismo gobierno de López Obrador, de que, igual que lo hizo en su momento Emilio Lozoya Austin, Robles intentara fugarse, a pesar de que ella misma le juró y perjuró al juez que no era su intención y que seguiría “dando la cara” como lo había hecho hasta ese momento.

Rosario pagó, en ese sentido, por el escape de Lozoya que tomó desprevenida a la Fiscalía porque cuando le dictaron las primeras órdenes de aprehensión por el caso de Agronitrogenados, el 29 de mayo pasado, el exdirector de Pemex tenía ya casi un mes de haber salido del país, según una versión difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio en su semanario Eje Central, en el que asegura que desde el 30 de abril pasado, Emilio Lozoya Austin abandonó el territorio mexicano, para refugiarse en Alemania, alertado por los malos tratos y las torpezas cometidas por la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, en la investigación administrativa en su contra, que lo pusieron sobre aviso de que no tendría garantías si se quedaba a enfrentar las acusaciones en su contra. Pero la obsequiosidad con la que se comportó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante las peticiones de la FGR, contrastante con su actuación dura, por momentos hosca hacia la acusada Rosario Robles, ha hecho que también se resalte el parentesco familiar que este joven juzgador tiene con la morenista y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, de quien es sobrino. Coincidentemente, el mismo juez, que en otras opiniones es visto como “imparcial, objetivo y decidido”, también lleva otros casos estratégicos para la Fiscalía y para la estrategia anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el caso contra el mismo Emilio Lozoya Austin y el de Carlos Ahumada, el empresario argentino que estuvo relacionado precisamente con Rosario Robles. Es decir, sin presuponer que eso afecte su calidad de juzgador, no deja de llamar la atención que un juez que es sobrino político de René Bejarano, sea quien haya ahora ordenado la prisión preventiva y la vinculación a proceso de Robles, confrontada política y judicialmente con el matrimonio Padierna-Bejarano, desde el caso de los videoescándalos y los financiamientos ilícitos de Carlos Ahumada a personajes del PRD durante la dirigencia de Rosario Robles.

El único guiño que ayer recibió Rosario, al despertar en el penal femenil de Santa Martha, fue la declaración del presidente López Obrador que desmintió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la existencia de una nueva investigación en contra de la exsecretaria por 800 convenios firmados con universidades públicas dentro de la misma Estafa Maestra. “No es cierto, que tenga la seguridad que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie”, dijo el mandatario al negar nuevas investigaciones contra la extitular de Sedesol. ¿Será un guiño para que Rosario hable y refuerce sus acusaciones contra los que le dieron órdenes de desviar los recursos de Sedesol y Sedatu?

NOTAS INDISCRETAS… En el caso de los policías violadores, que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Claudia Sheinbaum, por la indignación y rechazo que los dos casos de abuso en contra de jóvenes menores de edad han provocado en la sociedad y en organismos defensores de las mujeres, hay una línea de investigación que la PGJCDMX está acreditando pero que quiere mantener en total sigilo para no atizar más la percepción de que se pretende desacreditar a las víctimas. Porque aunque la Jefa de Gobierno anunció la suspensión de los 6 policías acusados de violación, en los dos casos denunciados, el de Azcapotzalco que involucra a 5 policías y el del policía bancario del Museo de Memoria Fotográfica, hay grandes diferencias. En el caso del policía bancario, que ya está preso, ha sido plenamente comprobado que sí sostuvo relaciones sexuales con la menor de edad al interior del citado museo, aunque él alega que “fue consentido” y que la joven era su pareja. Aún así, por tratarse de un delito de estupro, agravado por un policía en servicio, le van a fincar la acusación de violación que le formuló la joven, que difiere de la versión del policía. Ahí no hay ninguna duda de la culpabilidad del elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero en donde las cosas no están totalmente claras, aunque la procuradora Ernestina Godoy ha pedido no dar a conocer aún nada hasta que no se tengan los resultados de las pruebas de ADN, es en el caso de la joven de Azcapotzalco. La denuncia de la menor de edad es que ella salía de una fiesta cuando fue abordada por los integrantes de la patrulla de la SSC que, primero le ofrecieron llevarla a su casa y terminaron violándola dentro de la patrulla, dos de ellos, mientras los demás patrulleros la sostenían por la fuerza. Eso es lo que está asentado en su denuncia; sin embargo, según costa también en el expediente, las pruebas realizadas a la joven denunciante confirman sí que fue abusada y que tuvo relaciones sexuales, muy probablemente forzada, por los exámenes físicos y sicológicos que le han aplicado. Sin embargo, la versión de los cuatro policías acusados, mismos que nunca se negaron a declarar y se han presentado varias veces a los citatorios de manera voluntaria, sin que ninguno de ellos intentara huir, es que a la joven la encontraron caminando y bailando en la calle, desorientada y cuando le ofrecieron llevarla a su domicilio, ella sostuvo un comportamiento errático, ante lo cual los patrulleros decidieron presentarla ante las autoridades para protegerla y que ubicara a su familia. Esa es la versión de los cuatro policías en sus declaraciones, que rechazan haberla violado, pero hay además un video de las cámaras de seguridad de la zona, en el que efectivamente se ve a la joven caminar, como bailando y hablando sola. ¿Quién miente y quién dice la verdad? Lo único que podría despejar las dudas son los exámenes de ADN que ya se ordenaron para determinar si las huellas de materia seminal y de abuso que sí presenta la joven corresponden a los policías acusados por ella. En ese caso no habría dudas y se procedería de inmediato contra ellos, pero si las pruebas de ADN arrojan que la joven fue violentada por otras personas, entonces el caso tomará otro cariz. El problema, dicen en la PGJCDMX es que, ante las indagatorias y los interrogatorios, la joven se ha negado a hablar y a dar mayores datos de dónde estuvo antes y con quiénes. Vaya caso, en el que, sí o sí, la Policía capitalina está en medio del escándalo y la procuradora Ernestina Godoy y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tendrán que llegar al fondo del asunto y demostrar, de manera fehaciente y contundente, si los policías violaron o no la menor, pues lo que está en el fondo de todo esto es la credibilidad de su gobierno y su discurso de defensa y garantía a los derechos de las mujeres…. Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.

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