Miguel Ángel Osorio Chong habría tejido una red de corrupción al interior del sistema de seguridad y el sistema penitenciario mexicano durante la administración de Enrique Peña Nieto.

 
El exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República hizo uso de su poder para poner en un cargo estratégico a una de sus más cercanas colaboradoras.

 
Durante su intervención en ambos sistemas, tanto en la PF como en los Centros de Readaptación Social se privilegió el otorgamiento de contratos leoninos que atentaron contra las arcas de la nación.

 
Este tipo de actos –aseguran- se habrían logrado con la intervención de Frida Martínez Zamora (cercana a los hermanos Osorio Chong), quien ostentó el cargo de directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador.

 
Martínez Zamora fue posteriormente nombrada como jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, donde tenía un salario aproximado a los 200 mil pesos mensuales.

 
Desde ese cargo fue trasladada a la Policía Federal como secretaria general.

 
“En el órgano de seguridad e inteligencia civil del Estado mexicano, a cargo de Eugenio Ímaz, otro colaborador de Osorio Chong cuando éste fue gobernador de Hidalgo, Martínez Zamora fue la responsable de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros”, documenta la revista Proceso (https://www.proceso.com.mx/477216/la-poderosa-operadora-osorio-chong ).

 
En 2004, cuando Miguel Ángel era candidato a la gubernatura, ella era la encargada de comprobar sus gastos de campaña ante el Instituto Estatal Electoral.
La salida de Monte Alejandro Rubido García en agosto de 2015, como consecuencia de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad del Altiplano, no tuvo ninguna consecuencia para Martínez Zamora, retoma Proceso.

 

Dispendio

La colocación de Frida Martínez Zamora en el manejo de los recursos tanto de la Policía Federal como del sistema penitenciario fue estratégica. Ella era quien decidía el otorgamiento de contratos y uso de los recursos públicos para tales áreas.

 

Durante los primeros meses del 2019 se dio a conocer que derivado de esta toma de decisiones, durante la administración anterior realizaron la contratación de 80 camionetas blindadas para altos funcionarios del sistema penitenciario con un costo de 5 mil pesos diarios cada una.

 

Esto hace un gasto de 400 mil pesos diarios, y de 12 millones de pesos mensuales. Lo que significa que anualmente había una erogación de aproximadamente 144 millones de pesos, únicamente para el transporte de altos funcionarios.

 

Durante sus primeros meses de mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que había un gasto innecesario en penales pues compraban uniformes para un total de población, cuando los Ceresos se encontraban únicamente al 50 por ciento.

 

Cuando dijo que se trataba de una corporación que fue recibida con una operación deficiente y con actos de corrupción, lo hizo señalando el dispendio que se realizaba en los penales federales.

 

Mientras las cáceles mexicanas tienen un cupo para 41 mil personas privadas de la libertad y únicamente hay en ellas 19 mil detenidos, los contratos leoninos que autorizaron mientras Osorio Chong tenía el control de las corporaciones exigían el pago de la totalidad del cupo pese a no tener el mismo número de población.

 

Ocurrió con los uniformes y con el sistema de alimentación.

 

En total, cada uno de los presos costaba a México aproximadamente 80 mil pesos diarios, pues en un penal eran pagadas 2 mil 500 comidas a pesar de que sólo se servían 550.

 

Imagen del Golfo/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO