¡El gobernador se queda!

Por Alfredo Antonio Arroyo

Muchas sorpresas ha despertado la decisión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Veracruz, órgano que de manera repentina, decidió, como medida cautelar, separar del encargo al C. Fiscal General del Estado de manera “Temporal”. Los análisis jurídicos inundarán redes sociales y diarios de amplia circulación a nivel Estatal y Nacional.

El tema es el siguiente: existen bases expresas en el artículo 67 fracción D de la Constitución Política del Estado de Veracruz para remover, o dicho de manera coloquial, “quitar» al Fiscal General del Estado, dicho precepto le otorga al “Congreso” la facultad de remover al Fiscal General, y prevé una serie de supuestos para realizarlo, es decir dice quién puede quitarlo y cómo debe hacerlo.

En los hechos, es decir, en lo que sucedió en el Órgano Legislativo, quien aprueba “quitar” de manera temporal del encargo al Fiscal General es un órgano conocido como Diputación Permanente. No es lo mismo el Congreso del Estado que la Diputación Permanente. La diferencia entre uno y otra es la siguiente: el Congreso se integra por 50 diputados y entendamos que cuando la Constitución se refiere al Congreso se entiende a la reunión de esa totalidad de los diputados, el Congreso, es decir los 50 diputados, celebran cada año legislativo dos “periodos ordinarios de sesiones” en los que analizan y votan asuntos de su competencia , el primero, del cinco de noviembre de cada año al día último del mes de enero del año siguiente; y el segundo, del dos de mayo de cada año al día último del mes de julio.

Entre periodo y periodo, se dice que el Congreso entra en receso, y en el receso se queda en funciones lo que se denomina como “Diputación Permanente” la que se integra por un grupo menor de diputados, que en términos coloquiales, se queda de “guardia” para conocer sobre cierto tipo de asuntos que no requieren, de manera necesaria, del conocimiento y la  aprobación del Congreso. En palabras simples, como analogía, si el Congreso fuera una empresa, la Gerencia General serían los 50 diputados, y la Diputación Permanente sería el encargado que está en funciones en tanto la Gerencia está en receso. En una lógica común entendemos que un encargado puede tomar cierto tipo de decisiones, pero habrá cosas que sólo pueda resolver la Gerencia, cuando se le presenten al encargado situaciones que no es de su competencia resolver, debe convocar a la Gerencia para que ella decida lo conducente, así, en esta analogía, quien determina que sí o que no puede resolver el encargado, es un instrumento jurídico denominado Constitución Política del Estado de Veracruz, documento que por su nombre  imaginamos que es importante para los Ciudadanos y los entes públicos.

Lo que sucedió en el Palacio Legislativo es que el encargado se tomó atribuciones que le correspondían al gerente y, para el colmo, dicha atribución no se ejerció conforme al proceso que estipula el manual, es decir decidió lo que no le correspondía decidir, y la forma en como lo hizo no se encuentra respaldada en ningún manual ni reglamento. Lo anterior es así porque la Constitución prevé que es El Congreso el que puede remover al Fiscal y no le otorga dicha facultad a la Diputación Permanente; por otro lado, la Constitución no prevé en ningún lado la figura de remoción temporal ni alguna medida cautelar similar para «quitar» de manera temporal al fiscal, en pocas palabras, tomaron una decisión que no está respaldada por ninguna ley y pretenden darle legitimidad a un acto dogmático mediante la publicación de un Decreto. Sin duda, será interesante ver la postura que tome el Poder Judicial Federal quien en última instancia resolverá sobre la constitucionalidad de dichos actos.

Lo que resulta interesante de lo anterior, es la lectura política, pues es público el conflicto entre el Fiscal y el Gobernador, y a unos días de la visita del Presidente de la República, se da un movimiento político sorpresivo pero determinado, la concomitancia entre los hechos ( la visita presidencial y la separación del fiscal) si no sugiere, al menos invita a sacar conclusiones. El presidente demostró el músculo y una gran capacidad de operación política, por algo es el presidente, antes de esto el vox populi pregonaba una apresurada salida del actual Gobernador, inclusive, se especulaba que era más factible que eso sucediera a que removieran al Fiscal. El fuego amigo alentaba esos rumores aderezados con la posible salida del Secretario de Gobierno, con un movimiento de ajedrez, se ratificó la permanencia y el respaldo al Gobernador, y no solo eso, con la aprobación como Fiscal de una persona proveniente de la Secretaría de Gobierno se refrendó al Secretario. El presidente vino a poner orden con los suyos, y por ahí le arrimó el caballo al grupo opositor, como dicen por ahí, a ver de qué cuero salen más correas.

Si bien, estoy a favor de que cualquier servidor público pueda ser removido (más cuando son cargos con un periodo considerable de tiempo, en este caso de 9 años, es decir dura en su cargo más que el propio presidente de la república) sin duda, estos procesos deben estar armonizados con las instituciones jurídicas, el debido proceso y la constitucionalidad de los actos, pues hacerlo de modo contrario atenta contra la gobernabilidad y paz social, tan requeridas y anheladas por los veracruzanos.

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