Arremete la Iglesia católica contra el nuevo Código Penal Nacional

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El vocero de la arquidiócesis de Xalapa, el padre José Manuel Suazo Reyes, rechazó el proyecto del nuevo Código Penal Nacional, ya que asegura que se pretende legalizar el aborto en todo el territorio mexicano.

Mediante el comunicado dominical, aseguró que esto es un propósito asesino, que se pretende imponer a nivel nacional, en donde se establece que los primeros 3 meses de vida de un ser humano no tienen ningún valor, y que por lo tanto una mujer embarazada puede deshacerse de su hijo.

Reiteró que la vida humana es un bien jurídico que el estado debe proteger desde la fecundación hasta su desenlace natural. Agregó que permitir el asesinato de un ser humano en las 12 primeras semanas de su existencia es promover más violencia en nuestro País.

“Es aumentar más derramamiento de sangre. Y más grave aún, porque se trata de una vida humana inocente que no pidió venir a este mundo y que no se puede defender”.

El derecho a la vida, -refirió- es un derecho humano fundamental y sin este derecho no se podría hablar de ningún otro derecho; el derecho a elegir que tanto se invoca en contra de la vida humana no tendría ningún valor si antes no se respeta la vida humana. La vida es un valor supremo que debemos respetar.

En este sentido lanzó un llamado respetuoso a los diputados y diputadas, a los senadores y senadoras, así como a los gobernadores para que sigan sosteniéndose en el respeto por la vida.

Dijo que lo más deseable era que las políticas públicas que promueva el Estado sean aquellas que busquen el bien común y mejoren las condiciones de vida de todas las personas, que la vida sea respetada desde el momento de la fecundación.

“No al Código Penal Nacional que pretende imponer el aborto en todo México”.
Reveló que este proyecto una vez concluido, se presentaría ante las cámaras de diputados y senadores, y de ser aprobado, se implementaría a nivel nacional para imponer una política antivida en todo el territorio mexicano.

Esto pasaría por encima de la soberanía de los Estados y pisoteando las constituciones locales que han blindado la vida humana desde la concepción en la que está incluida la entidad veracruzana.

Para finalizar recordó que dicho proyecto está a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y de la Procuraduría General de la República (PGR) y carece del consenso de los Estados y de la sociedad en general.

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