“Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”

Por Juan Ignacio Martínez Franco

Compuesto de ocho puntos, llama la atención que el documento publicado el 14 de noviembre de 2018 en el portal https://lopezobrador.org.mx/ en todo su contenido se utilizó una sola vez la variante del concepto “transparencia”, empleado como “transparente”, en el párrafo que hace alusión a la regeneración moral del punto cuatro titulado “Regeneración ética de la sociedad”, pero en ninguna parte se habla de rendición de cuentas como tal. El análisis de los puntos primero y cuarto es importante porque en ellos se puede visualizar el cambio de discurso político que estaremos escuchando durante este sexenio o más, todo depende.

El punto primero se titula “Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”; en éste se habla de “proponer las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas fantasma, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos”; para el logro de tales objetivos será fundamental la participación del Poder Legislativo.

Otros de los temas que fueron promesa de campaña son “eliminar el fuero de altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición, es necesario centralizar las instancias de contraloría”. Muy seguramente en los siguientes años estaremos viendo la suscripción de nuevos tratados internacionales.

En la última parte, se habla de “fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación y funcionalizar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

De los tres párrafos citados anteriormente, resalta el concepto de “erradicar”, que de acuerdo con la Real Academia significa “Arrancar de raíz”. Lo primero que viene a la reflexión es preguntarse ¿realmente un sexenio es suficiente para arrancar de raíz la corrupción? O ¿acaso lo que se pretende es vender la promesa del cambio llamado “Cuarta Transformación” para intentar perpetuarse en el poder?

Otra reflexión es ¿se actuará de manera conjunta con las instituciones existentes, como los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y de Fiscalización? o ¿se buscará rediseñar la ingeniería de estos sistemas y modificar su operatividad?

Grandes males requieren grandes remedios. Efectivamente, la corrupción es uno de ellos y durante mucho tiempo ha lastimado la confianza y los bolsillos de la sociedad mexicana. Sin embargo, el gran remedio no debe ser nunca ilegal ni ilegítimo en aras de hacer cumplir por todos los medios lo prometido.

Retomando el punto cuatro del Plan Nacional donde menciona que “la regeneración ética será la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero” y observando las propuestas establecidas en el punto primero, no debe pasar desapercibido que las muy buenas intenciones del Poder Ejecutivo pueden ser limitadas por el Poder Legislativo y habrá que esperar para comprobar si efectivamente los primeros en poner el ejemplo son los legisladores de la bancada, mayoría actualmente en funciones, mismos que fueron  llevados hasta curules y escaños por el titular del poder que en unos días administrará y conducirá los destinos del país.

Los ciudadanos tendremos que esperar y confiar en que la buena voluntad revolucionaria de los legisladores, funcionarios y servidores públicos del ejecutivo los mantendrá en la austeridad y estarán dispuestos a promulgar las leyes que harán exigibles las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, sin que en el curso del tiempo se cambie la ideología y se pongan en vigencia leyes oscuras, ambiguas o con candados para no alcanzar a ciertos sectores políticos.

Sin embargo, e insisto, las instituciones que integran los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y de Fiscalización, no deben debilitarse si lo que se pretende es arrancar de raíz la corrupción, rediseñar es preferible que pretender inventar nuevas formas de hacer políticas públicas partiendo de la nada. Constitucionalmente los recursos públicos que se obtienen del ciudadano deben utilizarse “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” y con el objetivo de satisfacer en la mayor medida a los diferentes sectores de la sociedad para los que están destinados, de ahí que cada funcionario o servidor público debe responder por sus acciones u omisiones ilegales.

Las buenas intenciones pueden quedar en el tintero, pues hay que recordar que el gobierno del sexenio entrante, además tendrá que tolerar el embate de los grupos políticos perdedores y el poder de la burguesía.

Las buenas intenciones no son suficientes para gobernar. Es necesario inyectar recursos públicos a los sectores más desprotegidos de la sociedad, educación, salud, empleo, por nombrar sólo algunos y sobre todo erradicar la pobreza. Eso sí es prioridad, para no tener un país con los hombres más ricos del mundo, pero también con la población más pobre del mundo.

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