domingo, septiembre 19, 2021

«Estafador maestro» en la CGE

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AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez

La semana antepasada se registró la primera crisis interna en el gabinete del gobernador Cuitláhuac García que habría derivado, el miércoles 13, en la renuncia de la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Leslie Mónica Garibo Puga.

Ante el escándalo detonado en las redes sociales, el mandatario persuadió a su colaboradora para que reconsiderara su dimisión. Garibo Puga aprovechó una serie de concesiones para sacudirse a recomendados de influyentes personajes y funcionarios que presumen de ejercer un gran ascendiente sobre el gobernador. El lunes pasado hizo movimientos en tres direcciones generales de la CGE, y removió a contralores internos de 15 dependencias estatales, los cuales obedecían a intereses de otros grupos internos.

A Mercedes Santoyo Domínguez, quien formaba parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la designó Directora General de Fiscalización Interna en sustitución de Elisa Álvarez Nieves; a Rafael Rigoberto Galindo Silva, hermano de la diputada local de Morena por Xalapa, Rosalinda Galindo, lo nombró Director General de Fiscalización de Fondos Federales que ocupaba Jesús Sánchez Carballo, pero el fichaje estelar fue el de Miguel Ángel Vega García, quien tras desempeñarse en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto como titular del Órgano Interno de Control (OIC) de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) al lado de Rosario Robles, ahora sorpresivamente aceptó ocupar un cargo de muy bajo perfil: la Dirección general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, que desempeñaba desde diciembre pasado el maestro Nicolás Lorenzo Hernández.

Obviamente el nombramiento de Vega García fue el que más desconcertó, pues para empezar debe percibir, si bien le va, el 25 por ciento de los ingresos totales que recibía en la administración federal de Peña Nieto, pues el gobernador se asignó un sueldo mensual de 74 mil 938 pesos; mientras que los secretarios de despacho y homólogos –como la contralora Garibo Puga– ganan 60 mil 540 pesos; los subsecretarios 52 mil 320 pesos, y los directores 40 mil 476 pesos. ¿Le alcanzará al ex funcionario peñista ese ingreso para pagar renta y comidas en Xalapa?

Pero lo más cuestionable es que este abogado veracruzano salió del gobierno federal anterior con el estigma del mega fraude conocido como “La Estafa Maestra”, la galardonada investigación periodística realizada en 2017 por el portal Animal Político junto con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, la cual destapó en la Sedesol y Sedatu, bajo la administración de Rosario Robles, un esquema fraudulento de triangulación de recursos públicos para el desvío de más de 3 mil 433 millones de pesos mediante un sistema de 128 empresas fantasma.

A nadie le queda duda, pues, que con toda esta experiencia, Vega García será quien realmente se haga cargo de la Contraloría General, ya que Garibo Puga es una abogada litigante cuya principal trayectoria ha sido como representante electoral de Morena ante el OPLE y el INE.

CONCURRIDO EVENTO DEL PODER JUDICIAL

El sábado anterior, en presencia de magistradas, magistrados, jueces de primera instancia y municipales, secretarios, auxiliares, peritos, operadores judiciales, autoridades militares y del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez Peña, anunció el Plan de Trabajo Institucional del Poder Judicial en el marco de la estrategia “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”, implementada por el gobernador Cuitláhuac García.

Luego de señalar que “quienes laboramos en el Poder Judicial nos sumamos a la iniciativa del titular del Ejecutivo Estatal para la construcción de una agenda en pro de las mujeres, pues la violencia de género es un fenómeno que día a día acontece en nuestra sociedad y transforma de manera negativa la realidad de un sector de la población con un alto nivel de vulnerabilidad como las niñas y mujeres veracruzanas”, Álvarez Peña anunció cuatro ejes estratégicos con enfoque de género:

1.- La capacitación sistemática y obligatoria para juezas, jueces, defensores públicos, abogados y demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género.

2.- Aplicar efectivamente el Protocolo para Juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3.- Garantizar que la información sobre los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género particularmente en lenguas indígenas y formatos accesibles para las mujeres con discapacidad; e implementar un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita.

4.- Y que los procedimientos judiciales sobre violencia contra las mujeres y los feminicidios se apeguen a los estándares internacionales.

Asimismo, anunció la puesta en marcha de la línea telefónica gratuita 01800-999-1560 a partir de marzo, para denunciar actos discriminatorios por parte de los servidores públicos del Poder Judicial; lo que se suma a la labor que llevarán a cabo los nuevos juzgados “microrregionales”, que estarán localizados en zonas rurales con altos índices de marginación.

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