Leyes, pero buenos operadores jurídicos

Es muy sabida esa máxima que reza que “cuanto más corrupto es un país, más leyes tiene”. Y esto es aplicable completamente en el caso de México, donde existe un sistema jurídico complejísimo, atiborrado de regulaciones jurídicas, donde no hay aspecto de la vida política, económica y social que no esté normativizado.

Al día, entramos en una nueva dinámica en el ámbito penal, al entrar en vigor a partir de este sábado un catálogo de nuevos delitos en los que operará la prisión preventiva oficiosa, que van desde los ilícitos contra las personas, contra la sociedad y contra el Estado, inclusive creando figuras acorde a conductas nuevas como en el caso del huachicoleo, o penalizando con mayor gravedad comportamientos viejos pero tolerados como los actos de corrupción política y administrativa.

Esto es algo necesario, sin duda, aunque el Presidente tiene razón cuando intenta conducir a los mexicanos hacia una educación cívica imprescindible para el mejor funcionamiento social, con la difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes.

Ahora se requiere también ser inflexible con los jueces y fiscales, cuyas conductas sean generadoras de corrupción, porque con frecuencia actúan por intereses particulares de carácter económico.

No sólo se requieren buenas leyes. Éstas serán inútiles sin buenos operadores jurídicos.

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