Desprestigió Sergio Vázquez al Sistema Anticorrupción y ya se va

Sociedad 3.0

El 1º de junio de 2018, la Comisión de Selección eligió a los integrantes del flamante primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz. Fueron escogidos Sergio Vázquez Jiménez; José Emilio Cárdenas Escobosa; Alma Delia Hernández Sánchez; Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery y Mercedes Santoyo Domínguez.

Cada uno tendría un periodo distinto de ejercicio: Sergio, un año, por lo que fue elegido Presidente; Emilio, dos años; Alma Delia, tres años; Jesús Antonio, cuatro años; y Mercedes, cinco años. La ley está diseñada para que cada miembro sea titular del Comité, según el escalonamiento de su salida y la Presidencia se renueve cada año.

Casi a punto de cumplirse el primer año, el Comité de Participación Ciudadana ha venido saltando de un escándalo a otro, donde ha tenido un papel estelar el Presidente fundador, Sergio Vázquez Jiménez, antes de esto, también aspirante a la titularidad de la Auditoría General del Orfis, compitiendo con Cecilia Laila Coronel Brizzio y Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.

Quería 100 millones de presupuesto

Vázquez Jiménez no perdió tiempo. Apenas tomaron posesión los miembros del Comité, anunció en septiembre que para los restantes 5 meses de 2018 ese órgano pediría 17 millones de pesos y 100 millones para el 2019, de donde saldría su sueldo de 60 mil pesos mensuales, equivalente a la percepción de un secretario del gabinete del Gobernador.

El pretendido presupuesto hubiera sido superior al del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Finalmente, le fueron asignados 20 millones de pesos para el 2019.

Alineado con Duarte: despachos fantasma

Trascendió en medios de comunicación que el Presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, creó una red de despachos fantasma de su propiedad, para obtener contratos por montos millonarios en la administración de Javier Duarte.

Una investigación de La Silla Rota reveló que la notaria Dulce María Ríos Guerrero, hija del exgobernador Flavino Ríos Alvarado, protocolizó la creación de las empresas Corporativo Caremm S.A. de C.V. y Consultoría Corporativa del Golfo S.A. de C.V. Estas obtuvieron contratos del gobierno de Duarte y del ayuntamiento presidido por el priista Américo Zúñiga.

En un recorrido por las direcciones de los despachos, se encontró que Corporativo Caremm S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Circuito de las Flores No. 70 Col. Fuentes las Ánimas en Xalapa, en esa dirección sólo se encuentra un terreno baldío.

En el caso de Contadores y Abogados Corporativos S.A. de C.V., con domicilio fiscal en la calle Estribo número 108 Bis, en la colonia Hípico de Boca del Río, en esta dirección hay una empresa propiedad de otras personas que nada saben del despacho mencionado.

“No detectó” 96 millones desviados en CMAS

Las firmas auditoras de Sergio Vázquez realizaron revisiones a las cuentas públicas 2014, 2015, 2016 a la comisión del agua por un monto de 16 millones de pesos, cuyos resultados nunca entregó al ayuntamiento de Xalapa, en ese entonces gobernado por el alcalde del PRI, Américo Zúñiga.

Sin embargo, el ayuntamiento de Xalapa, ahora presidido por Hipólito Rodríguez Herrero, interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable por el desvío de 96 millones de pesos en la CMAS, que el despacho de Sergio Vázquez y actual presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción nunca detectó.

Hay que recordar que integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, como el investigador de la Universidad Veracruzana, Víctor Manuel Andrade, acusó que este mismo despacho incurrió en irregularidades durante la adjudicación de un contrato de auditoría a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) en la Cuenta Pública 2017.

A pesar de que su despacho no observó ni se dio cuenta del presunto desvío de recursos por 96 millones de pesos en la Comisión de Agua y Saneamiento de Xalapa, el ahora presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, rechazó que exista alguna irregularidad o un acto de mala fe.

Auditó obras duartistas con irregularidades

En noviembre del año pasado se informó que el despacho de Contadores y Abogados Corporativos S.A de C.V, perteneciente al presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, habría participado en la revisión y fiscalización de las finanzas de tres dependencias clave en la pasada administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Así aparece en documentos del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), donde se detalla que realizó una auditoría financiera a la obra pública de la SIOP, bajo un contrato por $280.000.00 pesos, en la cuenta pública 2015.

También fue contratado por $70.600.00 pesos, por concepto de la revisión financiera del Fideicomiso No. 1986, constituido para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz.

En 2014 la Contraloría General del Estado (CGE) lo contrató para auditar los programas FAM 2010 y 2011, así como el FAIS 2011, sin embargo, cobró pero no presentó los resultados de la revisión.

Su hermano, contralor interno del Congreso

El 31 de julio, cuando Vázquez ya era Presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción, fueron designados contralores internos en varios órganos del gobierno, uno de los cuales fue, para el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), su hermano, Emmanuel Vázquez Jiménez.

Emmanuel fue jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Oficina del Gobernador con Javier Duarte, en 2013; y fue asesor en materia Fiscal y Corporativa para el Fideicomiso Público de la Bursatilización de la Tenencia o Uso de vehículos en la Secretaría de Finanzas y Planeación de 2007-2012 durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán.

De inmediato, Sergio enfocó sus baterías mediáticas en el Orfis y la Contraloría, entes que integran el propio Sistema Estatal Anticorrupción, dándose el caso de que él intentara auditar a los auditores.

Se pronunció en contra de la reelección del Auditor al interior del Orfis, comentó que se tendrá que revisar el trabajo que ha venido realizando desde la Cámara local y desde el propio Sistema, lo que fue interpretado como un deseo de apoyar a su hermano para que fuera Auditor General en relevo de Lorenzo Antonio.

En un año, tres secretarios técnicos

En agosto fue electo Martín Quitano Martínez por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Sólo duró hasta octubre, cuando renunció y fue relevado por Guadalupe Noé Hernández Martínez como encargado de la Secretaría Técnica por un periodo pro tempore. Él se desempeñaba como Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad Administrativa del SEA.

Sin embargo, en la sesión de abril, se suscitó una guerra de acusaciones entre el Presidente Sergio Vázquez Jiménez y el secretario técnico, Guadalupe Noé Hernández Martínez. Éste acusó al Presidente de solicitar recursos del presupuesto del Sistema sin devolverlos ni comprobar el destino de los mismos. Igualmente, aseguró que contrató personal que no tiene función y sólo atiende asuntos personales de Vázquez Jiménez. Finalmente, Guadalupe Noé abandonó la Secretaría Ejecutiva en esas mismas fechas.

Fue relevado el 9 de abril por Marisol de la Merced Jiménez.

Otros comisionados, también

Trabajadores denunciaron actos de corrupción tanto de Sergio como de otros integrantes del Comité Ciudadano. Aseguraron que Vázquez metió en la nómina al jefe de la Unidad Jurídica, a su secretario particular René Adrián Ruiz Rodríguez, que no tiene preparación profesional. De Emilio Cárdenas Escobosa señalaron que recomendó a dos personas para la Unidad Jurídica, a su yerno en Comunicación Social; en el área de Vinculación colocó a dos de sus allegados y a dos más en la Unidad de Riesgos.

Por su parte, Mercedes Santoyo Domínguez, metió como jefa de unidad a una profesionista que desconoce el tema; dos en la Unidad Jurídica, una en la Unidad de vinculación, dos en la Unidad de Riesgos. Sin embargo, la disputa por los recursos económicos y espacios públicos los llevó a un rompimiento y Santoyo presentó su renuncia y se fue a la Contraloría General del Estado.

Por su parte, Alma Delia Hernández colocó a tres personas sin perfil ni capacidad en la Unidad Jurídica y a dos personas en la Unidad de Vinculación.

Otros abusos de los comisionados se han manifestado en que remodelaron de manera lujosa oficinas y sala de juntas, con mobiliario de primera, computadoras, baños con acabados perfectos, mientras que el personal técnico operativo tuvo que llevar el equipo de cómputo de sus casas.

Para cumplir con sus funciones, los nuevos jefes incluyendo a los integrantes del CPC, gozan de gastos de representación, asistentes, asesores y todo con cargo al sistema, lo que contraviene a la ley que crea el sistema.

Quienes lo eligieron le pidieron que renuncie

Desde noviembre de 2018, el integrante del comité de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex Veracruz, se pronunció a favor de que se investigue a Sergio Vázquez Jiménez, quien preside dicho comité, luego de las críticas y señalamientos que surgieron en su contra.

En el mismo sentido se pronunció otro integrante de ese Comité, Jesús Muñoz de Cote Sampiery, quien consideró que se debe aclarar si está involucrado con una supuesta red de despachos contables fantasma. El empresario reconoció que los señalamientos en contra de Sergio Vázquez Jiménez dañan la imagen del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pues este ente se creó precisamente para combatir los actos que se cometen fuera de la ley.

Despidos arbitrarios 

En poco tiempo, el Comité del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se llenó de empleomanía y luego despidió a una gran parte. Fueron cesados y sin haber firmado su renuncia, 28 trabajadores que ya no pudieron entrar a su área laboral.

Denunciaron que la secretaria técnica encargada, Marisol de la Merced Jiménez, comenzaron a citar a los trabajadores, el martes 30 de abril en la Sala de Juntas y les pidieron que firmaran su renuncia “voluntaria”, sin recibir el pago de la quincena correspondiente y mucho menos la liquidación a la que tienen derecho legalmente.

Al resto de los 70 trabajadores que conforman la plantilla laboral, tampoco se les pagó su quincena, ni se les permitió ausentarse del centro laboral una vez terminada la jornada a las 18:00 horas, con la pretensión de que no trascendiera el abuso laboral.

Finalmente se va

Sergio Vázquez Jiménez intentó obtener una alta rentabilidad económica y política derivada de disfrazarse como integrante de la sociedad civil.

Su etapa en este experimento está a punto de concluir en junio, pero ya echó el velo de la sospecha, de la desconfianza y del desprestigio en un comité que debió ser integrado por ciudadanos de buena fe que no intentaran vivir de los recursos públicos, practicar el influyentismo ni obtener canonjías del gobierno, porque eso es precisamente lo que iban a combatir.

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