Veracruz se echará el "tirito" de emitir una Ley de Comunicación Social

Mediante una ley el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, busca regular la Comunicación Social para el Estado, contemplando medidas como transparentar el gasto en este rubro y crear un padrón estatal de medios de comunicación.

Según el titular del Ejecutivo son necesarias “reglas claras y equitativas” para generar convenios publicitarios y con ello evitar la promoción “personalizada”.

Así, de aprobarse por el Congreso la propuesta de Ley serán sujetos obligados todos los poderes públicos, así como los organismos autónomos y “cualquier otro ente público de orden estatal o municipal”.

La Ley define a los medios como aquellos que pueden ser “captados simultáneamente por gran cantidad de individuos”, tanto en medios de comunicación electrónicos, impresos, complementarios, digitales y públicos.

Se proyecta la creación de programas anuales de comunicación social, así como crear un sistema público, administrado por la Contraloría General y los órganos internos de cada ente público, para revisar el gasto en materia de comunicación social.

También se establecería un sistema de normatividad de comunicación, en el que se registrarán los programas anuales. Igualmente se restablecería una unidad administradora, al interior de la Coordinación General de Comunicación Social, así como en las áreas  o unidades administrativas de cada ente, que estará encargada de regular el gasto en esta materia.

“La unidad administradora deberá incluir en los lineamientos que emita los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente”.

Además, tendrá el registro de las campañas que cada dependencia y entidad prevé realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal y la inversión que representarán en el marco de su programación.

“Una vez autorizada la estrategia y el programa anual, las dependencias y entidades deberán presentar, ante la unidad administradora, la solicitud de autorización por cada campaña registrada en el programa”.

Dicho ordenamiento, según el mandatario, busca evitar el derroche de recursos públicos y brindar certeza jurídica a los medios, además, fijar una estrategia anual de comunicación social, es decir que se deberán de planear los temas gubernamentales prioritarios a difundir.

Además, los entes públicos deberán de detallar el gasto en este rubro en su informe anual de labores y designando una partida en sus presupuestos, tomando como principios rectores la eficacia en el uso del dinero; la eficiencia, la economía y racionalidad, entre otros.

La Ley reglamenta el artículo 79 de la Constitución Política del Estado, relativo a la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, el cual establece  el mandato de realizar propaganda estrictamente institucional y que no sea personalizada.

Se consideran modalidades como las campañas de comunicación social de un solo ente y la coemisión de campañas, para dos o más entes públicos.

En su propuesta, el Ejecutivo estableció que los recursos públicos generalmente son desviados a la propaganda y promoción de funcionarios o partidos políticos, en detrimento de los fines institucionales, informativos y educativos a los que debe servir la comunicación social.

Por ello su Ley regula la comunicación social que difunda programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, ya que deberán de incluir de manera visible o audible, la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado.

Igualmente durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social.

Xalapa- 2019-05-0217:53:22- Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

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