miércoles, octubre 20, 2021

22 observaciones graves a las obras de "ciudades judiciales" de Veracruz

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El auditor general del Órgano de Fiscalización (Orfis), Lorenzo Portilla, confirmó que la edificación de las Ciudades Judiciales en el estado de Veracruz se encuentra bajo investigación luego de que la empresa encargada fue etiquetada por lavado de dinero en el escándalo Panamá Papers.
 
El Orfis audita la legalidad de la asignación de la construcción de al menos 17 de las obras en la Cuenta Pública 2018, confirmó el auditor general a Imagel del Golfo.
 
Aunque Portilla no pudo adelantar conclusiones, documentos a los que Imagen del Golfo tuvo acceso demuestran 22 serias irregularidades en las que incurrió el titular de la Judicatura del Estado de Veracruz, Edel Álvarez Peña, al otorgar los contratos al consorcio constructor encargado de las obras.
 
La primera “alerta roja” para el Orfis es que la empresa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V. compró el 9 de febrero de 2018, mediante una transferencia electrónica de 200 mil pesos, las bases generales del concurso emitido por el Poder Judicial.
 
Las bases generales para poder participar en dicha licitación se emitieron el 7 de marzo del año 2018, es decir 26 días después, lo que implica que la constructora conoció la información antes que sus competidoras y pudieron preparar su participación con ventaja técnica y táctica.
 
Una vez ganada la licitación, el Orfis detectó que la firma ganadora agrupó a cinco empresas más bajo la figura de “Consorcio” sin que las cinco invitadas compraran las bases generales para poder participar en el proceso.
 
Descalificada la segunda empresa en la licitación y que sí había adquirido las bases generales, se declaró ganadora en un proceso opaco al “Consorcio”, asignándoles las cuatro licitaciones sin cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
 
Las empresas integrantes declaradas como ganadoras realizaron de manera ilegal cuatro contratos de cesión de derechos y obligaciones a cuatro empresas que no participaron en el proceso de licitación público nacional.
 
El Poder Judicial firmó 12 contratos individuales de Asociación Público Privadas, sin que en ninguna de sus partes contemplara la figura de “Comodato”.
 
Sin embargo el ente público realizó contratos de comodato para ceder los terrenos donde serán construidas las obras pero sin señalar los dispositivos legales ni jurídicos que le permitan hacerlo.
 
Otra grave falta que el Orfis encontró en la auditoría fue que sin suficiencia presupuestal el Poder Judicial del Estado amplio de 17 a 21 las obras asignadas, utilizando el decreto de las primeras 17 a todas luces de manera ilegal.
 
A pesar de que el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, otorgó los contratos, se violó la ley porque en muchas ciudades no se tenían los terrenos para su construcción.
 
Tal es el caso de Tierra Blanca, donde se adquirió 13 meses después de la licitación; en Poza Rica nueve meses más tarde; Zongolíca dos después, mismo caso que en Huayacocotla.
 
El Orfis observó también que el ente público no integró el expediente técnico por cada una de las 21 Ciudades Judiciales que pide la ley y que son la descripción del proyecto, la viabilidad técnica y el dictamen emitido por un tercero especializado.
 
Además faltó la viabilidad jurídica, la rentabilidad y beneficio social, estimaciones de inversión y aportaciones, así como las autorizaciones Público Privadas de las 21 Ciudades.
 
Por si fuera poco el auditor general del Orfis detectó que no se registró contablemente ningún fideicomiso de los proyectos de las Asociaciones Público Privadas de al menos 12 Ciudades Judiciales.
 


Ciudad de México- 2019-08-2718:37:04- Víctor Hugo Arteaga / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

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