Admite Colegiado impugnación de Winckler por negársele amparo

Sociedad 3.0

El tema de la suspensión temporal del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, decidida por la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz podría dar un vuelco después de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito determinó admitir la apelación del suspendido, luego de que un juez de distrito resolvió desechar de plano su demanda de amparo.  

Este 13 de septiembre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, resolvió admitir el recurso de queja interpuesto por el suspendido fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, en contra del acuerdo del 4 de septiembre pasado, dentro del juicio de amparo indirecto 822/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Xalapa, a través del cual este órgano determinó desechar de plano la demanda de amparo, mediante la cual Winckler combatía la separación temporal del cargo de fiscal general, decidida por la Comisión Permanente del Congreso veracruzano.

Ante el desechamiento de su demanda, Winckler interpuso el recurso de queja ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Al ser aceptado éste por el Segundo Tribunal, queda inscrito con el expediente número 184/2019.

Para haber desechado de plano la demanda de amparo, el Juzgado Segundo de Distrito adujo que “la excepción contenida en el artículo 7 de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo, por lo que si el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano”.

Igualmente argumentó que: “se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo…”, por lo que “procede desechar de plano la demanda de amparo”.

La admisión de la impugnación abre una nueva vía por la que el tema de la remoción del fiscal general sea analizado por el superior jerárquico del juez mencionado.  

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