jueves, octubre 21, 2021

Cisneros y Verónica tampoco tienen acreditación de confianza

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Sociedad 3.0

Ni el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, ni su ex empleada, hoy fiscal encargada del despacho, Verónica Hernández Giadáns, cuentan con la certificación y acreditación de controles de confianza que ambos deben tener para participar en el sistema nacional de seguridad pública, según está trascendiendo este jueves.

En el caso de Hernández Giadáns, el periodista Víctor Hugo Arteaga, da a conocer en su cuenta @arteaganoticias que: “Queeeee creen? Ante el SESNSP no aparecen los controles de confianza de la encargada de despacho de la @FGE_Veracruz. !! Se llama Verónica Hernández  Giadans no? Tampoco ubico su 3de3!!! Me ayudan?”

En relación con Eric Cisneros, en su columna de este día 5, el periodista Raymundo Rivapalacio afirma que éste no tiene la mencionada certificación, y que sin embargo, por acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, suscritos por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Cisneros, lo mismo que Jorge Winckler, tenía una protección legal desde mayo.

A continuación el enlace al Diario Oficial de la Federación:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560606&fecha=17/05/2019

Dice Rivapalacio: “… el Congreso violó el Acuerdo 08/XLIV/19 suscrito en la Reunión Conjunta de Seguridad de la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio pasado, que señala: “Se ratifica el Acuerdo 1/III-SE/2019 de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación por el cual se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por conducto del centro Nacional de Certificación y Acreditación, lleve a cabo la reforma correspondiente al artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo establecido para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del CUP a todos sus integrantes, debiéndose ampliar el término a dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019 y se publique en el Diario Oficial de la Federación”.

“Si alguien alega que la suspensión temporal de Winckler se dio el 3 de septiembre, cuando ese acuerdo entraría en vigencia para la obligatoriedad siete días después, hay otro documento con fecha del 17 de mayo, el Acuerdo 1/IV-SE/2019, que establece una prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza: “La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de evaluar a los integrantes de la Guardia Nacional, acuerda prorrogar por un periodo de un año el plazo de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza establecidas en el Artículo 6, fracción V, de los Lineamientos para la emisión del Certificado único Policial, de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyo término de vigencia venza en los 12 meses siguientes a la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación”.

“… desde mayo la ley protegía a Winckler, como lo hacía con Eric Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno veracruzano, que tampoco tiene la certificación mandatada por la ley. No es el único caso. Hay altos funcionarios, altos mandos y cientos de policías que no cuentan con la certificación exigida. Hay altos funcionarios federales que tampoco tienen la doble certificación, por lo que no tienen acceso a información de calidad de los servicios de inteligencia extranjeros. Incluso, cuando menos uno de ellos ha cancelado reuniones con algunos jefes de esas agencias y declinado invitaciones para ir a Washington”. 

De tal manera, argumenta Raymundo, la remoción del fiscal “es una violación a la ley y a los acuerdos que el propio gobernador García suscribió con sus pares y el gobierno federal”.

“En este sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de forma idéntica al del ex presidente Enrique Peña Nieto durante su primer año: no combate a criminales, deja que los cárteles y las bandas se aniquilen entre sí, y pide prórroga para la certificación de funcionarios y policías. La diferencia entre ambos es que el gobierno de Peña Nieto no manipuló la ley de una manera tan públicamente artera para utilizarla discrecionalmente contra un funcionario que le incomodara a algún gobernador priista”.  

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