Desaparición de poderes y juicio Político: los desvaríos panistas

De razones y pasiones
Rafael Pérez Cárdenas


​ Por sobradas razones, el gobierno de Veracruz no ha estado a la altura de las expectativas de los veracruzanos; la escasa aceptación del Gobernador que arrojan los sondeos nacionales muestra que la mayoría de los ciudadanos no estamos conformes con el desempeño de su administración. Y según las crónicas políticas, en el gobierno federal tampoco.

Es evidente que hay problemas muy serios en materia de inseguridad –el número de ejecuciones y feminicidios son de las más altas del país-, de salud –seguimos ocupando el liderazgo en temas como el VIH, dengue y otros padecimientos-, hay un subejercicio grave en algunas dependencias lo que ha paralizado la inversión y los casos de posible corrupción asoman con mayor frecuencia, al grado que ya costó la renuncia de la Contralora del Estado.

Sin embargo, ninguna de estas razones es suficientes para acreditar que el estado vive una situación de ingobernabilidad que justifique la sorpresiva solicitud que han hecho los senadores del PAN para promoverla desaparición de poderes y llevar a juicio político al gobernador. No se trata más que de un desvarío panista que intenta golpear al gobierno federal a través de un gobierno que no ha dado los resultados esperados.

Según declaró ayer el senador Julen Rementería, sería durante la sesión ordinaria de este miércolescuando se presente la propuesta al pleno de la Cámara alta, aduciendo que Veracruz vive una violencia imparable y una crisis constitucional a partir de la separación temporal –y la casi segura destitución- del Fiscal General del Estado. Por supuesto no va a pasar del mero escándalo mediático.

La desaparición de poderes es un proceso legal, mediante el cual se declara que por distintas causas, que pueden ser políticas o sociales, han dejado de existir como tales los poderes públicos de un estado de la federación de México y por lo tanto el gobierno federal -en este caso el Senado de la República-, interviene por sobre la soberanía de un estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos. Es algo que en México no ha sucedido en medio siglo.

Pero las causas no pueden ser a arbitrio y ocurrencia de quien lo propone. Estas se refieren específicamente al quebranto de los principios del régimen federal, el abandono del ejercicio de sus funciones -a no ser que medie causa de fuerza mayor-, la imposibilidad del ejercicio de las funciones inherentes a su cargo con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos y que impidan la plena vigencia del orden jurídico o que se prorroguen en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los sustitutos. Nada de esto ocurre en Veracruz.

El caso del Fiscal, por irregular que haya sido, ya transita por los cauces legales correspondientes; incluso, un juez ya negó el primer amparo a Jorge Winckler, por lo que no se ha roto la constitucionalidad, a menos que un juzgador diga lo contrario en una sentencia.

Y aunque de manera ineficiente –por ejemplo, la Sedesol ha ejercido apenas el 10% de los recursos federales destinados para este año-, el gobierno sigue prestando sus servicios a los ciudadanos; el Congreso realiza su trabajo con normalidad –más allá de las visiones encontradas por sus grupos parlamentarios-; y el Poder Judicial cumple con sus funciones, acaso con la urgente necesidad de nombrar a quienes ocuparán las vacantes de magistrados.

En sentido estricto, las cosas no hay cambiado mucho en Veracruz. La violencia, corrupción e ineficiencia, es comparable a la de las dos administraciones estatales anteriores, sobre las que nunca pesó la amenaza de una desaparición de poderes o un juicio político. Todo se llevó a cabo en el terreno judicial, cuyas incontables denuncias aún siguen en trámite.

Por cuanto hace al juicio político, sucede prácticamente lo mismo. Habrá quien no esté de acuerdo con el desempeño de Cuitláhuac García o la forma en que ha conducido a Veracruz durante estos meses, pero no ha cometido acto que sugiera la posibilidad de iniciarle un juicio político. 

Su respuesta obedece a eso. “Yo no soy Yunes ni Duarte, yo no tengo cola que me pisen”, respondió ayer al ser cuestionado sobre la intención de los senadores panistas. Y hasta ahora tiene razón. El Gobernador no es un delincuente a menos que haya quien presente pruebas de lo contrario.

En la política real, el juicio político en México se ha convertido en un mecanismo descalificatorio entre los diferentes partidos políticos, sin importar que es un instrumento ciudadano para destituir a los funcionarios irresponsables. A la fecha, más de un centenar de solicitudes de juicio político duermen tranquilos en el Congreso federal.

Estos panistas, ¡ah qué muchachos tan bravucones!

Las del estribo…1. Si el número de homicidios ha bajado en el estado –algo que tendrá que verificarse a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública- no es mérito de la Fiscal encargada. A ella le corresponde investigarlos y esclarecerlos cuando se presentan, cosa que aún no sucede; la seguridad pública está en otra área. Luego de meses de disputas, el mandatario estatal sigue sin entender las responsabilidades de unos y otros.2. La primera denuncia que hizo el Secretario de Educación, Zenyanzen Escobar sobre los aviadores en sindicatos y dependencias del sector –particularmente del Cobaev- fue allá por los primeros días de mayo. Han transcurrido más de cuatro meses y ayer reconoció que apenas están integrando las carpetas a nivel interno. O sea que hasta ahora no hay denuncias penales, sólo exhibicionismo mediático. Y luego porqué nadie les cree.

Botón volver arriba
Shares
Cerrar
Cerrar