lunes, septiembre 27, 2021

¡En jaque!

Por Alfredo A. Arroyo Vázquez

      Sigue habiendo muchas incógnitas y dudas  acerca  de lo que, jurídicamente, acontece con la Fiscalía General del Estado de Veracruz; y qué pasa con la suspensión que una Juez Federal había otorgado, ¿se viola o no?, aquí nuestra interpretación de los hechos. La narrativa la realizaremos como es nuestro estilo, con palabras simples, para quienes son abogados pueden omitir la lectura de los incisos G) y H)   en los que se trata de explicar de manera coloquial que es el amparo y en que consiste la suspensión del acto reclamado, se puede entender el texto omitiendo las notas al pie, en las que se hacen ciertas precisiones de índole jurídico o político.

      Los hechos, en resumen, son los siguientes:

A) El artículo  33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, establece cuales son las facultades del Congreso del Estado de Veracruz.

B) Cuando se nombró al Fiscal,  dicho precepto legal (el artículo 33 de la Constitución del Estado) contemplaba únicamente la facultad del Congreso de nombrar al Fiscal General del Estado, pero no de removerlo (quitarlo).

C) Posterior al nombramiento del Fiscal, se reforma la constitución en sus  artículos  33 fracción XLIV (reforma publicada en enero de 2019), y 67  fracción I inciso D), cada reforma fue realizada por legislaturas distintas; la reforma del artículo 67, entre otras cosas, añadió un párrafo que a la letra dice “El Fiscal General podrá ser removido por el Congreso por las causas graves que establezca la ley, y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”  es de hacer mención que esa reforma se aprobó en Julio de 2018, es decir, antes de que entrara en funciones la actual legislatura1,   posteriormente ( en diciembre de 2018) se reforma  el artículo 33 de la Constitución  (precepto legal que habla de las atribuciones del Congreso)  para adicionarle una fracción XLIV, esa fracción otorga al Congreso la facultad de: Designar y remover al Fiscal General del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 fracción I inciso d) de esta Constitución;  esta reforma se realizó por la actual legislatura (LXV2), en pocas palabras el Congreso no tenía atribuciones para remover al fiscal, estas atribuciones se otorgaron después de su nombramiento.

D)  Se hizo público en medios que, ante una inminente remoción del cargo  el Fiscal se ampara  y obtiene una suspensión definitiva, a partir de este momento solo se puede especular, pues habría que tener acceso al expediente para saber con certeza lo que en él se planteó y lo que resolvió la juez,  lo más que se hizo público en diversos medios de comunicación es que el amparo se radicó bajo el número 1266/20183 al índice del Juzgado Primero de Distrito con residencia en el Estado Veracruz, de la lectura de lo que obra públicamente en internet podemos saber que una de las autoridades señaladas como responsables es el Congreso del Estado de Veracruz, y   el acto reclamado de esta autoridad, al menos en un inicio, fue el Decreto número 749 mediante el cual se reforma el artículo 67, fracción I, inciso d), de la Constitución Política del Estado de Veracruz, publicado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho en la Gaceta Oficial del Estado, con número extraordinario 478 tomo II, así como todos los actos que se ejecuten con base a dicha reforma, así como la inminente ejecución de la reforma constitucional en comento y derivado de ello, el acto o procedimiento de remoción de su cargo de Fiscal General del Estado de Veracruz.;

E)  Se dice en medios que la suspensión que otorgó la Juez de Distrito, fue para que no se aplicara esa reforma para destituir al Fiscal, es decir, no dice que no podrá ser “removido” por ningún motivo, si no únicamente lo “protege”, para que no lo “quiten”  aplicando el artículo 67, fracción I, inciso d) de la Constitución del Estado, insisto, es lo que se dice en medios.

F) Así, la autoridad responsable es el Congreso del Estado, y el acto reclamado es el famoso decreto, por el que se le otorga al Congreso la facultad de remover (o “quitar”) al Fiscal; y es aquí en donde la estrategia entra en juego para poner, jurídicamente, interesante en asunto, por lo siguiente,

La suspensión impide que el Congreso del Estado (autoridad responsable),  ejecute:

1) el Decreto número 749 mediante el cual se reforma el artículo 67, fracción I, inciso d), de la Constitución Política del Estado de Veracruz

2) Todos los actos que se ejecuten con base a dicha reforma

3) La inminente ejecución de la reforma constitucional en comento

4) El acto o procedimiento de remoción de su cargo de Fiscal General del Estado de Veracruz.;

En los hechos sucede que:

1. Como tal, no se remueve o quita al Fiscal, pues lo “separan de manera temporal” de su encargo, lo cual no pude interpretarse, al menos de inicio, como una remoción.

2. Dicho acuerdo No lo emite el Congreso del Estado, si no la Diputación Permanente.

3. La diputación permanente no  fundamenta  el acuerdo en el artículo 67, fracción I, inciso d) de la Constitución del Estado, porción normativa señalada como acto reclamado y respecto del cual se otorga la suspensión, dicho numeral la permanente ni lo cita, más bien cita el artículo 33 Fracciones XLIV y XLV de la Constitución (aunque se observa que  la fracción XLIV remite al precepto impugnado, dicha reforma se publica hasta 2019 es decir, después del amparo que motiva la suspensión), por lo anterior, es que consideramos que el movimiento  fue orientado a no incurrir en una violación a la suspensión, y emitir un nuevo acto reclamado, por una autoridad distinta, fundado en una porción normativa no impugnada, al menos es lo que se “lee” de la estrategia planteada ( será interesante ver que resuelve el Poder Judicial quien determinará si se violó la suspensión).

G) Ahora bien, para aquellos que nos leen y no son abogados, al escuchar la palabra “Amparo”   entendemos que se trata de algún recurso legal para protegernos contra alguna autoridad que viole nuestros derechos, efectivamente, el Juicio de Amparo protege nuestros derechos fundamentales, en términos coloquiales, en un juicio de amparo el ciudadano acusa o señala que alguna autoridad está cometiendo o pretende cometer un acto contrario a la Constitución, y que dicho acto lo afecta, lo que hace el Juez de Distrito ( que es un juez federal especializado para conocer la materia de amparo) es que analiza si el acto que emitió la autoridad efectivamente viola la Constitución, o, por el contrario, es ajustado a Derecho; ahora bien, es de conocimiento público que los procesos legales en nuestro país son lentos,  por ello, para protegernos de manera “temporal” en lo que el juez estudia el caso, nos pueden otorgar algo que se conoce como  “suspensión del acto reclamado”, que es una medida para que la autoridad no ejecute o deje de ejecutar la acción que nosotros sentimos que nos perjudica, en tanto se resuelve el asunto,  dicho con términos coloquiales,  es cuando el juez nos protege  de la autoridad “entre si son peras o manzanas”, si la autoridad no respeta la suspensión, la autoridad comete un delito.

H) Para ejemplificar lo que explicamos líneas atrás, imaginemos un caso hipotético: nos encontramos en una escuela en la que estudia el famoso “pepito” de los cuentos, el reglamento escolar  de la escuela de pepito establece las infracciones,  que al ser cometidas, motivan que los estudiantes puedan ser expulsados de la institución, dicho reglamento escolar dice que, cuando los alumnos cometan alguna de esa infracciones, será el director quien pueda expulsar a los estudiantes, cabe mencionar que en esta escuela no se manejan las expulsiones temporales, cuando te expulsan es de manera definitiva. Resulta que todos los Lunes se celebra el Homenaje a la Bandera y pepito desde hace un año no canta el Himno Nacional ni saluda a la Bandera, a pesar de las indicaciones que le hacen sus maestros, dicha conducta NO está considerada en el reglamento escolar como causa de expulsión, cansado con la situación, el director de la Escuela le dice a pepito  que hará una modificación al reglamento para que su conducta sea sancionada con la expulsión y así, poder “sacarlo” de la institución. A la semana siguiente, el reglamento se modifica en los términos indicados por el director, al enterarse de esta situación, pepito acude ante un Juez de distrito e interpone un amparo en el que señala que el director reformó el reglamento con la plena intención de expulsarlo de la escuela por no saludar a la bandera ni cantar el himno nacional, por ello,  pide el amparo para que no se le aplique esa modificación al reglamento y en consecuencia no se le pueda expulsar, el Juez de Distrito , en nuestro caso imaginario, le da entrada al amparo y  le otorga a pepito “la suspensión” contra esa modificación al reglamento, la suspensión es para que el director no expulse a pepito  por no saludar a la bandera ni cantar el himno nacional, muy contento con la suspensión otorgada en su amparo, pepito se presenta a la escuela, pero resulta que en la entrada se topa con el subdirector , quien le pide que lo acompañe a su oficina y le dice que su expediente como alumno está incompleto ya que le faltan documentos, por lo que determina suspenderlo de la escuela hasta que  su expediente esté debidamente integrado. Como podemos ver la suspensión que otorgó el Juez era contra el Director y no contra el subdirector, asimismo, era para que pepito no fuera expulsado, pero en este caso no fue expulsado si no suspendido, y no por no saludar a la bandera, si no por no tener completo su expediente, algo similar fue lo que pasó con el fiscal en el palacio legislativo, la suspensión que le concedieron en ese amparo era para que el Congreso del Estado no lo removiera ( o quitara de manera definitiva), y en este caso  no lo quitan, lo separan de manera temporal, quien realiza dicha separación, no es el Congreso, es la  Diputación Permanente4, y no lo hace con fundamento en la reforma impugnada, si no en otra serie de consideraciones legales (ya si  esas consideraciones son aplicables o no, dijeran por ahí, es otro cuento) por lo que ahora pepito tendría que defenderse contra este nuevo acto emitido por el subdirector. Así, en nuestro ejemplo hipotético, los amigos de pepito dicen que el subdirector se extralimitó porque el reglamento no le da  la facultad de suspenderlo, en todo caso solo le da al Director la atribución de expulsar a un alumno, y  la figura de la suspensión ni existe en el reglamento; los amigos del director dicen que la modificación al reglamento escolar la hicieron amigos de pepito y la dejaron mal hecha para que, si se la aplicaban, pudiera impugnarla fácilmente, además, que no se está expulsando a pepito de la escuela, pues se trata de una simple suspensión.

I) Ha circulado en medios que el fiscal ha presentado amparos contra posibles órdenes de aprehensión, que de materializarse, harían su ausencia pública y notoria, dando al Congreso la Facultad de nombrar a un nuevo Fiscal General en los términos previstos por la Constitución, hay varios escenarios posibles.

J) Sin duda, es aquí en donde empieza el verdadero ajedrez en una partida contra el reloj, pues se podría interpretar que el Fiscal separado del encargo ya no tiene  fuero y, por tanto, sería vulnerable a una orden de aprehensión, por lo que, insistirá en la presentación de amparos en los que,   además de buscar el triunfo, tratará de obtener una suspensión con efectos restitutorios para no solo regresar al cargo,  también para recuperar el fuero, la contraparte, suponemos, tratará de dilatar los procesos judiciales mediante incidentes, quejas y recursos, y paralelamente enfilará los alfiles para tratar de cercarlo.

Al respecto véase G.O. del  jueves 29 de noviembre de 2018 en el que se aprecia que el decreto fue  dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado (actualmente estamos en la legislatura LXV), en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la llave, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil dieciocho, es de hacer mención que dicha reforma es muy vaga y ambigua, pues dice que el Fiscal General podrá ser removido por el Congreso por las causas graves que establezca la ley, es decir nos remite a la ley ( en este caso se entiende que es la Ley Orgánica de la Fiscalía General) pero en la ley no se establece un “catálogo” de causas graves, si no que la ley solo dice que el fiscal podrá ser removido en los términos que dice la constitución ( Hay una doble remisión, ya algunos estudiosos del Derecho Constitucional  han dado su opinión al respecto), es decir la legislatura que hizo la reforma “olvidó” poner en la ley el catálogo de causas graves para remover al fiscal, y cabe mencionar que tampoco en la reforma se establece un  procedimiento claro de remoción  en el que se garantice el Derecho de  Audiencia, dichas deficiencias en la reforma pudieran operar a favor del fiscal que se remueva en uso de esas facultades, es decir, pareciera que dicha legislatura hizo su trabajo de manera deficiente  dejando lagunas apropósito.

2 Se hace referencia a la legislatura en la que se aprobó cada reforma, pues la mayoría legislativa cambió de una legislatura a otra ( de PAN a MORENA).

3 El amparo aún no se resuelve, y la suspensión definitiva se encuentra impugnada.

4 Es de hacer mención que no es lo mismo el Congreso del Estado que la Diputación Permanente, la diferencia entre uno y otra es la siguiente, el Congreso se integra por 50 diputados, cuando la Constitución se refiere al Congreso, se refiere a la reunión de esa totalidad de 50  diputados, cuando el Congreso entra en receso,  se queda en funciones lo que se denomina como “Diputación Permanente”  la que se integra por un grupo menor de diputados que,   en términos coloquiales, se queda de “Guardia” para conocer sobre cierto tipo de asuntos que no requieren, de manera necesaria, del conocimiento y la  aprobación del Congreso, se hace hincapié en que la facultad de remoción sólo la tiene el Congreso del Estado. 

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