Nuevo Laredo, la putrefacción

Estrictamente Personal

Raymundo Riva Palacio

La crónica de la violencia y los ajustes de cuentas que se viven actualmente en Nuevo Laredo, comenzaron el 4 de enero de 2017. Ricardo Martínez Chávez, coordinador regional de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo Laredo, fue emboscado por un comando poco antes de la medianoche y lo acribillaron. Iba acompañado de una agente del Ministerio Público, un jefe de departamento y un agente de la Policía Investigadora. Se informó que el ataque se dio después de haber tenido una reunión de trabajo, pero nunca se dijo con quién y de qué se trataba esa junta. Lo que sucedió en ese encuentro, según se colige de informes de inteligencia del gobierno federal, es lo que motivó el asesinato.

De acuerdo con la información de inteligencia, aquella reunión de trabajo en enero de 2017 había sido para enviar el mensaje al Cártel del Noroeste, que tiene bajo su control Nuevo Laredo, Guerrero y Mier, en el pequeño cuerno tamaulipeco que encierra a Nuevo León, de que todos los acuerdos que podrían haber tenido en el pasado, se cancelaban. Esa región no estaría ya más en su control. En desafío claro, respondieron asesinando al mensajero. Hoy se encuentra sujeta a proceso por ese crimen Sofía del Carmen, quien era la presunta jefa de la plaza de Nuevo Laredo, y sobrina de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, El Z40 y El Z42, que fundaron ese cártel tras las rupturas internas de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Un día después, sucedió otro evento vinculado. El delegado estatal del Cisen, Marco Francisco González Meza, el coordinador general de la Policía Federal de Tamaulipas, Sergio Licona Gómez, el inspector general, Tito Jiménez Vázquez, y el oficial Macedonio Hernández, murieron en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, cuando se dirigían a una reunión de emergencia del Grupo de Coordinación Tamaulipas, para decidir las acciones a seguir tras el asesinato de Martínez Chávez. Oficialmente se dijo que se había tratado de un accidente, y la camioneta blindada de la Policía Federal en la que viajaban, quedó prácticamente destrozada a un costado de la carretera.

El asesinato de Martínez Chávez cimbró las estructuras de seguridad. Escasos dos meses antes, Francisco Javier García Cabeza de Vaca había asumido la gubernatura y había designado como nuevo fiscal a Irving Barrios Mojica, con un historial negro de sus tiempos cuando trabajó en la PGR durante el gobierno de Felipe Calderón. Barrios Mojica era jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y fue pieza instrumental de la entonces procuradora, Marisela Morales, en la manipulación de testigos para acusar a personas públicas, como sucedió con el llamado michoacanazo, cuando se detuvo a 10 alcaldes y 25 funcionarios estatales y municipales en Michoacán, y la llamada Operación Limpieza, que se fue desmoronando y dejó en entredicho el trabajo de la PRG y de su entonces titular, Eduardo Medina Mora.

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