Andrés Manuel no vive en Coatzacoalcos

De razones y pasiones

Rafael Pérez Cárdenas

            Que el Presidente llame a las fuerzas armadas a actuar dentro de la legalidad, respetando los derechos humanos de los delincuentes, es algo que no debería de ofender a nadie. El mandatario representa al Estado mexicano, y en consecuencia, es el primero que debe actuar conforme a derecho.

El problema radica precisamente en que la empatía que muestra con los delincuentes nunca la ha tenido con las víctimas ni con una sociedad agraviada por la violencia inimaginable provocada por todo tipo de criminales. El respeto que su gobierno prodiga a la delincuencia no ha sido el mismo para miles de mexicanos que están en espera de justicia.

Este sábado, al inaugurar un aula de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, López Obrador dijo una vez más que “los delincuentes son seres humanos que merecen, también nuestro respeto, el uso de la fuerza tiene límites”; y que “no se debe combatir el mal con el mal. Es mejor enfrentarlo con justicia y siguiendo la sabia recomendación de nuestros antepasados: «Haz el bien, sin mirar a quien»”, expresó el presidente en su cuenta de Twitter.

Ese ha sido el problema de este gobierno: espera que la delincuencia se porte bien por mandato de sus mamacitas y que la sociedad ponga la otra mejilla como un acto de constricción. No va a suceder ninguna de las dos cosas, sino que la violencia seguirá incrementándose, incluso a costa de la vida de elementos de las fuerzas armadas, a quienes se les instruye incluso no actuar siquiera en legítima defensa, como ha sucedido en tantas ocasiones.

Insisto, lo que dijo el Presidente es lo correcto. Instaurar la ley del Talión sin duda llevaría al país al caos absoluto. Pero si el Estado y su gobierno no se ha quebrado es porque los ciudadanos creen en las instituciones aunque no funcionen; en cambio, hace mucho que los delincuentes dejaron de temerles porque hoy las controlan prácticamente todas: policías, ministerios públicos, jueces, sistema penitenciario, presidentes municipales y hasta gobernadores.

No es la primera vez que el Presidente se refiere al “respeto” que merecen los delincuentes. Y esto los ha empoderado, incluso al grado de desafiar al Estado y a su gobierno, como sucedió con la entrega de Ovidio Guzmán, durante un fallido operativo militar en Sinaloa, realizado a solicitud del gobierno de Estados Unidos con fines de extradición.

La tropa, a la misma que el sábado pidió respeto a los delincuentes, tampoco la ha pasado bien. En México es un riesgo ser policía como lo demuestran los asesinatos de 953 uniformados desde 2018, refiere un “Informe sobre Policías Asesinados”, elaborado por la organización Causa en Común. Los ataques y emboscadas a las fuerzas federales son cada vez más frecuentes.

Según datos del reporte, en 2018 se registraron 452 de estos crímenes; en 2019, 446 y en lo que va de 2020 se tiene el reporte de 55 casos. “El mensaje que terminan mandando los políticos del país es criminal: matar a un policía es fácil y además no hay consecuencias”, asegura la organización. Por eso, el mensaje del Presidente se presentó en un mal lugar y en el peor momento.

Porque cuando se trata de solidarizarse con las víctimas, siempre hay un rechazo institucional, una resistencia al diálogo, la acusación reiterada de que hay otros intereses detrás de las manifestaciones y que los medios han sobredimensionado el problema de la inseguridad.

Seguramente López Obrador tendrá datos distintos a los que difunde su gobierno. Pero durante 2019, el año más violento en la historia de México, todos los indicadores de delitos de alto impacto tuvieron un incremento: homicidio (2.48% / 35 mil 588 víctimas); extorsión (29% / 8 mil 523 víctimas); trata de personas (12.6% / 644 víctimas); feminicidio (10.3% / mil 6 víctimas, la mayoría de ellas en Veracruz); y secuestro (3.4% / mil 614 víctimas).

El año pasado al menos 95 personas fueron asesinadas diariamente, cifra que representa un aumento de 2.48% con respecto al 2018. Tenemos una tasa 5 veces superior a la tasa mundial. De hecho, si la estrategia nacional de Seguridad Pública no cumple sus objetivos de revertir esta incidencia, al final de este sexenio estaríamos contando una cantidad superior a las 200 mil muertes violentas, el equivalente a la tercera parte de toda  la población de Colima.

Es cierto que el Presidente sigue recorriendo a pie todo el país, sólo que ahora lo hace en una blindada esfera de cristal. Y la prueba la tenemos en Veracruz, donde las decenas de visitas presidenciales no han logrado disminuir la incidencia delictiva. Tan sólo este fin de semana se registró un número importante de ejecuciones –entre ellas la del regidor de Sayula de Alemán- y agresiones a comercios.

Cuando el Presidente pide respeto a los delincuentes, es evidente que no vive en Coatzacoalcos y no conoce la dimensión del infierno que él ha decidido tolerar.

Las del estribo…

  1. De acuerdo con el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, el gobierno de Veracruz presentó el mayor monto pendiente de aclarar, justificar o recuperar por 683.2 millones de pesos de recursos federales, el más alto del país. Sólo hay de dos sopas: son muy malos para gastar y justificar o salieron muy buenos para meterle la mano al cajón, como lo hicieron todos en el pasado. Entre lo que devuelven y lo que no aclaran, podríamos pagarle dos rifas de avión al Presidente.
  2. Este martes habrá sesión extraordinaria del Congreso local para aprobar la Cuenta Pública. Será prácticamente una sesión de trámite ya que Morena ha dicho que la votará sin cambios, luego de que “el nuevo Orfis” hizo una segunda revisión. Tampoco habrá acuerdo para retomar las reformas al Código Civil pero no se descartan sorpresas en el orden del día que podría incluir algún tema relacionado con la procuración de justicia.
Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar