Absurdo criterio para desmovilizar a burócratas veracruzanos

DE ESTRATEGIAS ERRADAS

Por Juan José Llanes Gil del Ángel

Hasta el momento, tras 14 casos confirmados de COVID-19 en el Estado (*), el Gobierno de Veracruz no atina a establecer reglas claras en relación con los burócratas que deben seguir trabajando y los que deben irse a su casa para mitigar la propagación del virus.

Queda claro que dentro del servicio público, como lo ha tratado de explicar el gobierno federal (con una estrategia de comunicación mala, por vaga e imprecisa), hay sectores (por tanto, trabajadores), que no pueden detenerse. Obviamente, los del sector salud; los de seguridad pública; los del sector energético, entre otros esenciales. Y es así, porque no podemos quedarnos sin médicos, sin policías, sin quien esté atento a que haya energía eléctrica…

Pero en Veracruz el criterio fue que los burócratas “de base” deben resguardarse. Los que no lo son, o estén “de guardia”, no.

El punto de partida es absurdo, por lo siguiente:

1).- El Gobierno de Veracruz mantiene una buena parte de sus relaciones laborales sin respetar las reglas que prescribe la Ley Estatal del Servicio Civil. No están identificados dentro de la norma burocrática los trabajadores “de contrato”, los así llamados “ETA” (“Empleado Temporal Administrativo”), y otras “categorías” que se han inventado desde tiempos del alemanismo (por lo menos), y cuyos formatos mantuvieron fidelistas, duartistas y yunistas, para escamotear derechos a trabajadores.

2).- La Ley sólo identifica trabajadores “de base” y “de confianza”; describe quiénes son estos últimos, y los primeros se definen por exclusión: son de base, los que no ejecutan actividades que se puedan clasificar como “de confianza”. El Gobierno de Veracruz, empero, cosifica el estatus de los trabajadores: asume que “base” es una cosa, y pretende que éstas se pueden “dar”, “quitar”, “cambiar”… peor aún: conceder como gracia, cuando es una categoría que, simplemente, debe RECONOCER. No lo hace, porque asume que esa es la fórmula para escamotear prestaciones, entre ellas, algunas vinculadas al ejercicio de Derechos Humanos, como la seguridad social.

3).- Cuando el gobernador García Jiménez (que asegura estar “alineado” con la Federación) alude a que se irán a resguardar a sus casas los trabajadores “de base”, que no estén “de guardia”, muchos otros -cuyo estatus real, indebidamente, no está reconocido por el gobierno-patrón- siguen yendo a laborar.

4).- El criterio es errado: incluso aquellos que realmente pudiesen clasificarse como trabajadores “de confianza” (jefes, subdirectores, directores, subsecretarios y secretarios), deberían tener la posibilidad de observar las medidas de distanciamiento social si su actividad no resulta esencial (reitero, las vinculadas a los sectores salud, seguridad, protección civil, energético, etcétera).

Sin embargo, aún ahora hay muchos empleado (cuya tarea, evidentemente NO ES ESENCIAL), que deben ir a trabajar, quizás por el capricho de mantener la ilusión de que en el Estado, como la cosa “no es tan grave”, no hay necesidad de detenerse.

Por tanto, a los agravios que desde hace años se han inferido a la clase trabajadora burocrática, añádase otro: solamente aquellos a los que el gobierno por sí y ante sí (al margen de la Ley), reconoce como “de base” y no estén “de guardia”, podrán tratar de evitar el contagio durante la cuarentena.

*El texto fue escrito en el transcurso del día 27 de marzo, antes de que el gobierno confirmara que ya hay 21 contagiados.

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