Al regreso, ¿tendrán agua los baños de los juzgados?

Por Juan José Llanes Gil del Ángel

PREGUNTAS Y REFLEXIONES PARA MIS COLEGAS.

Fue (en extremo) lacónico el Acuerdo que emitió anteayer el Consejo de Salubridad General, para declarar de manera retórica una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” (cualquier cosa que eso sea).

El gobierno federal hizo públicas el 30 de marzo sus “medidas de seguridad sanitaria” “reforzadas”:

https://www.gob.mx/…/COVID19_-_Presentacion_CSG_-_Medidas_S…

En éstas se dispone la paralización de actividades no esenciales:

“Medida 1: Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, …”

Después se expone cuáles “Se consideran como actividades esenciales para la presente medida”. Me referiré particularmente a una del inciso b):

“Medida 1, Inciso b): Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacional; LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal”.

La “impartición de justicia”, NO SE CONSTRIÑE a la materia penal, ni al dictado de autos de vinculación o no vinculación a proceso. Eso lo tenemos claro.

La primera pregunta que me surge es: ¿se está considerando como “impartición de justicia” a TODA la impartición de justicia, o solamente a la relativa a una o unas cuantas materias? Esto es, ¿se considera “esencial” la actividad de TODOS los órganos jurisdiccionales, o solamente unos cuántos? ¿Cuáles?.

Lo anterior, considerando -además- que el subsecretario López-Gatell enfatizó que NO HAY un estado de excepción (caracterizado por la limitación de derechos fundamentales y la suspensión de garantías judiciales). Al respecto, se debe destacar que el Consejo de Salubridad General NO HACE alusión a ninguna “Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General” (Artículos del 181, en adelante, de la Ley General de Salud).

Claro está que mis preguntas están dirigidas a tratar de dilucidar en qué momento retornarán a su actividad los órganos jurisdiccionales.

Entiendo, por supuesto, que habrá quienes consideren éste un tema “menor” frente a la epidemia. Para muchos, no lo es. Ni para justiciables, ni para quienes vivimos del ejercicio de profesiones vinculadas a la procuración/impartición de Justicia.

————————

En la “Medida 2”, se lee:

“”Medida 2: En todos los sectores y actividades definidos como esenciales, se deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, lavado frecuente de manos, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, saludo a distancia (no saludar de beso, ni de mano, ni de abrazo) y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud Federal””.

Asumiendo que la actividad de TODOS los órganos de impartición de justicia se considere “esencial” (y que, por ende, tras el periodo vacacional ya contemplado de Semana Santa, retornen a sus labores), ¿se planea que en cada sede de tales órganos se limite el acceso hasta 50 personas?, ¿cómo?

Lo pregunto porque -por ejemplo- un justiciable (en ejercicio de su derecho humano a contar con asistencia letrada), puede designar como abogados al número de litigantes que desee. En tal sentido, no recuerdo en ninguna norma una limitación; por ende ¿sólo se le permitiría el acceso a un recinto judicial a uno?, ¿a dos?, ¿a cuántos?.

En aquellos casos, en la materia penal, en donde hay pluralidad de imputados y/o de víctimas, que tienen el derecho de presenciar el desarrollo del proceso, ¿también se limitará su acceso a las salas?

Otra pregunta más:

¿Cómo limitarán (o se sancionarán) los hábitos antihigiénicos de muchos que concurren a los recintos judiciales? Sin pretender ser prosaico, pero es frecuente ver a quien se mete los dedos a la nariz, pasa fojas lamiendo algún dedo, o come enchiladas en horas laborables.

De asumirse que son inevitables tales conductas execrables y que por ellas no existen condiciones para que los órganos jurisdiccionales retomen sus labores, ¿se estaría privilegiando el derecho de alguien a ser sucio por encima del derecho de otro de acceder a la Justicia?.

El transporte público en la CDMX es sanitizado periódicamente, por lo que leído. Cada tanto, empleados públicos se suben y desinfectan. ¿Podrían hacer lo mismo en los órganos jurisdiccionales para que retomen sus labores? Aludiendo al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, en el marco del derecho humano a la salud, ¿acaso el derecho de acceso a la justicia no es tan importante como la libertad de tránsito?

Y la última, más sencilla:

¿Tendrán agua en todos los baños de los recintos judiciales?

Botón volver arriba
Shares
Cerrar
Cerrar