¿Fiscalía autónoma?

Juan José Llanes Gil del Ángel

Veracruz Hoy de Alberto Loret de Mola

La selección del Fiscal General del Estado de Veracruz (como el de la República, o el de cualquier otra entidad federativa), reviste una particular relevancia en atención a que, en primer lugar, define la titularidad de un ente autónomo, unipersonal, que -además- tiene a su cargo una función sustantiva del Estado: el Ministerio Público. Ello implica que la facultad de investigación de los delitos, y su prosecución judicial.

Durante mucho tiempo significó una aspiración del Estado mexicano el dotar de autonomía constitucional a dicho órgano, desprendiéndolo -primero- de la esfera de control del Poder Ejecutivo. Atento a la circunstancia de que también desde el poder público era factible que se cometieran actos delictuosos, representaba un contrasentido que los probables delitos cometidos desde el Poder Ejecutivo fuesen investigados por una dependencia del propio Poder Ejecutivo. Esa indeseable concurrencia entre “investigados” e “investigadores” (que eran, a la sazón, los mismos), se purgó en la reforma constitucional que dotó de autonomía al Ministerio Público, dispuso la transformación de las Procuradurías de Justicia en Fiscalías, y encomendó al Poder Legislativo la designación de quien encabezara la institución.

En el Estado de Veracruz se dio un avance importante al excluir al gobernador del Estado del proceso de selección del Fiscal General. Esto fue así, a partir de que se reformó la Constitución local para los efectos. Antes, ante la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado habría el procedimiento de selección, recibía las solicitudes de los aspirantes, conformada una decena que era remitida al titular del Poder Ejecutivo, quien devolvía al Poder Legislativo una terna, de la que era electo el Fiscal General.

Así ocurrió en 2016 cuando, ante la renuncia Luis Ángel Bravo Contreras a la Fiscalía General del Estado y la vacancia de su titularidad, el Congreso inició el procedimiento de selección, conformó una decena que remitió a Miguel Ángel Yunes Linares, quien devolvió una terna, entre quienes se encontraba quien -a la postre, y de manera muy anunciada- sería designado Fiscal General: Jorge Winckler.

En el año 2019 se propició otra reforma constitucional para excluir definitivamente al gobernador del Estado de ese procedimiento. Las experiencias vividas no eran para menos: los dos únicos Fiscales Generales que ha habido en Veracruz (Verónica Hernández Giadáns es “encargada” de la FGE), han tenido conflictos con la propia Justicia: el primero (Bravo Contreras), aún está siendo procesado, y el segundo (Jorge Winckler) es prófugo. El primero obtuvo el “pase automático” de Procurador General del Estado a Fiscal General, gracias a una reforma constitucional amañanada dispuesta por Javier Duarte para tener un Fiscal a modo y que se asumiera como su empleado. Bravo Contreras es propuesto como Procurador -primero- por el propio Duarte de Ochoa. Winckler Ortiz fue enviado en la terna por Miguel Ángel Yunes Linares y electo por la mayoría panista en el Congreso Local. Éste último, también se asumió como empleado del gobernador en turno.

Por tanto, la experiencia demostrada lleva a tener la certeza de que cuando los gobernadores intervienen en el proceso de selección del Fiscal General del Estado, éste está destinado a asumirse y a comportarse como un empleado del titular del Poder Ejecutivo.

La intención de la reforma de 2019 fue prevenir esa situación y dejar al Congreso del Estado la responsabilidad total de elegir al titular del Ministerio Público.

Si bien es cierto la reforma en comento fue impulsada por el régimen morenista (lo que debe reconocerse), también debe identificarse que encontraron la forma de darle la vuelta para que como Fiscal General del Estado quedase -de nuevo- una persona incondicional al Poder Ejecutivo.

Tras la derrota de Miguel Ángel Yunes Jr. en la contienda electoral por la gubernatura de Veracruz en 2018 y la frustración del proyecto de sucesión dinástica, Winckler Ortiz quedó en la absoluta orfandad política. Dispuesto, sin embargo, a descarrillar como fuera al debutante gobierno de Cuitláhuac García, su destino estaba cantado, no tanto por su filiación panista, sino por su desastrosa gestión como Fiscal General: a lo largo del tiempo en el que fue titular del Ministerio Público, la Fiscalía General se caracterizó por la sistemática violación a Derechos Humanos, y una procuración de Justicia altamente selectiva, destinada a abrirle camino y a hacer labor de zapa en favor del hijo de su patrón.

Defenestrado Winckler, de una forma jurídicamente cuestionable, el Congreso “encarga” de la FGE a una empleada de medio rango del Poder Ejecutivo: Verónica Hernández Giadáns, notaria pública, y cuyo cargo público más relavante había sido la titularidad de la Dirección General Jurídica del Gobierno del Estado que depende, directamente, del Secretario de Gobierno.

Tras la emisión de la convocatoria por parte del Congreso del Estado para seleccionar al titular de la FGE, resurgieron puntos que se han debatido desde hace mucho, y que se asocian a la preparación de quienes tienen la atribución constitucional de designar al Fiscal General del Estado. En efecto, si bien es cierto que para ser diputado local basta una preparación mínima (ni siquiera es requisito poseer un grado de licenciatura), también lo es que debe admitirse que una investidura emanada de la voluntad popular no dota, por sí misma, de una preparación formal. Exigir que los diputados fuesen peritos en Derecho sería imposible y absurdo. Colocar en manos de “asesores” (en diversas materias) las decisiones relacionadas con temas que los legisladores no dominan, es crear una criptocracia abominable.

Habría sido deseable, entonces, que se hubiese dispuesto que un primer filtro, que cribara a los aspirantes a la titularidad de la FGE, estuviese situado en una comisión conformada de manera plural, por expertos en la materia: un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, de alguna otra institución de educación superior privada, de las Federaciones, Barras, Colegios y demás asociaciones de abogados, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de la sociedad civil, que a través de un proceso público y transparente definiera una terna que presentar al Congreso del Estado y de ahí emergiera el Fiscal General. Garantizaría, al menos, que quienes preguntasen a los aspirantes a la FGE porqué quieren ser Fiscales Generales, sepan qué cosas preguntar…

Resulta obvio, en este caso, que la única opción planteada por el régimen morenista para ocupar la titularidad de la FGE está situada en la actual encargada, en la medida en que es claramente incondicional del Poder Ejecutivo.

En tal caso, el procedimiento de selección del titular de la FGE se plantea como simulación.

Por tanto, Veracruz seguirá sin una Fiscalía autónoma.

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