jueves, diciembre 2, 2021

Adiós al outsourcing. Falta revisar la limitación de salarios caídos

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Por Juan José Llanes Gil del Ángel

Desde el 2012 se advirtió claramente que la reforma laboral que se fraguó en medio de la transición Calderón-Peña, era dictada por la Coparmex, amparada en una cantaleteada (más nunca probada), apuesta por la «productividad». Se dijo, en aquel tiempo, que la reforma prianista «detonaría» el empleo… pasó lo contrario. Y al amparo de la autorización del Estado para contratar a compañías de outsourcing (muchas de ellas, auténticas empresas «fantasma»), la clase patronal dejó en el desamparo a millones de trabajadores.

¿Qué patrones usaban (y aún usan) la subcontratación? Fácil: los grandes consorcios, que pueden fácilmente hacer frente a obligaciones laborales y fiscales. Baste ver cómo se anuncian esas empresas de subcontratación para advertir qué es lo que siempre vendieron: la posibilidad de evadir responsabilidades. Pero, peor aún, la subcontratación ha sido usada incluso por el Gobierno. En Veracruz, la UPAV es un claro ejemplo de aquello que -pronto- quedará desterrado de las normas laborales.

No obstante, si la 4T pretende reivindicar por completo a la clase trabajadora, deberá necesariamente abordar un gran pendiente, herencia de lo peor del neoliberalismo prianista: la limitación de los salarios caídos, prevista a partir de la reforma laboral de 2012, que trasladó a los trabajadores despedidos el costo de la ineficiencia de la Justicia laboral.

No basta que el régimen se proponga (en el nuevo modelo de Justicia laboral), «agilizar» los juicios forzando la conciliación. Será inevitable que la mayoría de los procesos tarden más de un año (el tiempo comprobará esta afirmación).

Es indispensable que la 4T corrija un auténtico desvarío: disponer que los trabajadores despedidos injustamente y que demanden, solamente perciban salarios caídos por un año (en el contexto de juicios que duran 2, 3, 4, 5 o más años, POR CULPA DE LA AUTORIDAD), es absolutamente injusto, y una auténtica fractura al principio tutelar del Derecho del Trabajo.

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