sábado, diciembre 4, 2021

Periodistas víctimas del “crimen autorizado” de Veracruz

  • Agresiones de estado contra periodistas críticos
  • Cuitláhuac y la Fiscal, enemigos públicos de la prensa

Por ÁNGEL ALVARO PEÑA

No queda la menor duda que el “Crimen Autorizado”, es igual de peligroso que el crimen organizado, y esto lo saben los propios periodistas veracruzanos que han sido víctimas de la represión y la persecución por parte del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

El gobierno de Veracruz se encuentra bajo sospecha de una serie de agresiones contra periodistas del norte y centro de Veracruz y las cosas se pondrán peores ante la proximidad del proceso electoral. La prensa crítica -no oficialista- está en peligro, su principal enemigo es el Estado.

En otros casos los transgresores de la ley tienen la anuencia y protección del gobierno del estado para atacar a periodistas y gozar de impunidad. Aquí se puede ver la complicidad de la delincuencia con los también delincuentes de cuello blanco.

El claro ejemplo se puede palpar en la zona Poza Rica-Tuxpan, donde los fiscales no han concluido ni una sola de las denuncias que han presentado los periodistas contra sus agresores y agresoras (policías y particulares plenamente identificados).

Un solo medio de circulación estatal registra 4 agresiones contra sus periodistas y la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns ha sido indolente, irresponsable y ha incumplido con su deber legal, al no integrar las carpetas de investigación en tiempo y forma.

La Fiscalía tampoco esclareció los hechos que involucraron un ataque violento contra una jefa de información de otro periódico de Poza Rica, a la que hirieron con arma blanca.

En el caso de quien esto escribe, ni la Fiscalía Tercera de Poza Rica, a cargo de César Gustavo Martínez, ni el comandante regional de la Policía Ministerial cumplieron con su responsabilidad de investigar los ilícitos cometidos en mi agravio el pasado 6 de octubre. En la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F3/1051/2020 puede verse su nula actuación.

Como ya lo dije anteriormente, si el gobierno de Cuitláhuac no tiene nada que ver en los hechos cometidos en un bien inmueble de mi propiedad, ubicado en Cazones, que lo demuestre y presenten a los responsables. Al no hacerlo, ellos son los principales sospechosos.

Si la Fiscal General Verónica Hernández tiene instrucciones del Gobernador de no investigar las agresiones contra los periodistas, es un hecho grave, un delito, como también lo es que la Fiscal General y los fiscales investigadores estén cruzados de brazos acumulando en sus archivos las denuncias por agresiones a la prensa.

En el caso de la periodista María Elena Ferral, el propio Gobernador ya dio por esclarecido el caso, pero la realidad es que los autores intelectuales aún siguen libres. También están libres los que intentaron asesinar a la hija de María Elena, en Gutiérrez Zamora.

Tampoco se ha actuado contra el personal de la Fiscalía de Papantla que filtró información de la carpeta de investigación del crimen de María Elena y la lista de los que tenían orden de aprehensión. En todos estos casos, el Estado ha metido las manos y ha ensuciado todo.

En la zona centro se vive una situación similar y los compañeros del gremio siguen exigiendo justicia por el crimen de Julio Valdivia, ocurrido en septiembre, en Tezonapa. Lo único que han obtenido del gobierno es silencio.

No queda la menor duda de que el Crimen Autorizado también ha dejado víctimas en Veracruz y tarde o temprano serán juzgados.

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