jueves, diciembre 2, 2021

Política, instituciones y pandemia

David Quitano Díaz

Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso aquel que nada tiene, lo posee.”    

                   Baltasar Gracián

Lo que en principio parecía un ciclón o un latigazo de principios de año, proyectado a un trimestre o quizás un semestre, se ha vuelto la normalidad, el Covid-19 repunta y causa muertes, principalmente en aquellos países que fueron omisos a las recomendaciones de los expertos al comenzar la curva. 

El Coronavirus en el caso mexicano ya son 1,006,522 contagios acumulados y 98,542 muertos. Contexto que ha roto las relaciones interpersonales, la forma de ejercer actividades tan rudimentarias como la acción política, dinamitando la actividad mercantil, hasta llegar a la inmovilidad de la gestión pública.

De esa forma es que el virus ha puesto en fuertes apuros la funcionalidad del Estado mexicano, principalmente en lo que concierne a la realización de actos administrativos que den respuesta a las necesidades sociales.

El COVID-19 no discrimina, pero los efectos de la pandemia sí lo hacen.

Duele mucho, pero más porque la pandemia ha cobrado más víctimas entre personas que viven en pobreza, con menor nivel educativo o parte de grupos vulnerables.

Actas de defunción revelan que 85% de quienes han muerto a causa de la pandemia lo han hecho en hospitales públicos y fueron pensionados, obreros y trabajadores del sector público, evidenciando la lentitud en el tratamiento y el rezago en el cual se encuentra la Administración Pública en lo general y la atención epidemiológica en lo particular.

De acuerdo con Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los que primero que murieron o los que primero han muerto han sido los pobres, con base en esta información el estudio detectó que 85% del total de defunciones ocurrieron en hospitales públicos.

La escolaridad pareciera ser un factor de riesgo más para morir por COVID-19, el 50% de los muertos no tenía, o tenía cuando más, estudios de primaria, y si ampliamos un poquito más el rango, observamos que 75% tenía, cuando más, secundaria.

Conforme al análisis de los certificados de defunción, 90% de los fallecidos por el coronavirus eran amas de casa, jubilados o pensionados, empleados del sector público, conductores, no ocupados, ayudantes, peones, artesanos, trabajadores de fábricas y personas que se dedican a la reparación o al mantenimiento.

Por eso no es casualidad que esta semana que publicó el Índice de Calidad Institucional México haya sido ubicando a en la posición 94 de 188 países, justo debajo de países como Kazajstán, Turquía o Filipinas.

Con respecto al continente americano México se encuentra por debajo de países como Trinidad y Tobago, las Bahamas y Barbados que ocupan las posiciones 79, 72 y 56 respectivamente.

El Índice de Calidad Institucional mide el nivel de libertad con el que cuenta la población de un país para competir contra los poderes monopólicos del Estado, es una herramienta medible que nos permite comparar el deterioro o fortalecimiento de las instituciones de un país en el tiempo.

En la edición de este año, el autor identifica a las Fake News como un nuevo gran desafío debido a que éstas pueden ser culpables de transformar la opinión pública tanto para guiar a las personas a seguir ciegamente interpretaciones basadas en emociones y no en evidencias, o inclusive para crear un frente que restrinja la libertad de expresión con el objetivo de erradicar las Fake News.

Por lo que concluyo que el Estado si en algo debe intervenir es en apuntalar a los agentes de la economía, de lo contrario no habrá recortes ni reingeniería administrativa que nos despoje de esta crisis, que apenas comienza a demostrar su envergadura.

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