Sociedad 3.0
El 1 de febrero de 2016, tres abogados ingresaron a las oficinas de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Xalapa para acreditarse como defensores, y desde entonces no se tiene noticias de su paradero, consigna la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al emitir una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz por la inadecuada integración de las averiguaciones previas.
Los desaparecidos son dos hombres y una mujer. A continuación, el comunicado:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 80/2020, al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y a la Fiscal General del Estado de Veracruz (FGE Veracruz), Verónica Hernández Giadáns, por la inadecuada integración de las Averiguaciones Previas en el caso de tres personas en calidad de desaparecidas.
El 1 de febrero de 2016, tres personas acudieron a las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, ubicada en la capital de Veracruz, a fin de acreditarse como abogados y llevar la defensa de una persona que se encontraba detenida. Ya en el lugar, dos de las personas ingresaron para entrevistarse con el probable responsable, registrando su entrada a las instalaciones; sin embargo, desde ese día no se tiene conocimiento del paradero de las tres personas.
Del expediente de queja que se integró en esta Comisión Nacional, se observó que ocho personas servidoras públicas violaron el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, así como a la verdad, en agravio de las tres víctimas directas y de sus familiares, debido a que incurrieron en irregularidades en la investigación, al existir dilación en las diligencias, falta de una investigación inmediata, además de la falta de coordinación entre las procuradurías.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a los titulares de la FGR y de la FGE de Veracruz que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral del daño a las víctimas, y se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a las tres personas desparecidas y a los familiares de cada una de ellas, a quienes también deberán dar atención psicológica y tanatológica. De igual forma, se solicita que se continúe con la integración y perfeccionamiento de los expedientes penales; que se realice una revisión a las indagatorias presentando un plan de fortalecimiento de la investigación, que tenga como objetivo la localización de las tres personas desaparecidas, señalando las diligencias pendientes por realizar a fin de esclarecer los hechos de su desaparición; se localice a las víctimas y, en el caso de fallecimiento, se identifiquen y entreguen los restos a su familiares; que se colaboren en el seguimiento de la queja administrativa que se presentará, se anexe copia de la resolución y de la Recomendación en los expedientes laborales de las personas servidoras públicas responsables, y se realicen los procedimientos internos que sancionen a los responsables de las violaciones a derechos humanos, ello con independencia de la resolución administrativa de la Visitadurías Generales.
Asimismo, se solicitó que publiquen la Recomendación en su portal de internet; que diseñen e impartan un curso integral dirigido a su personal, en materia de derechos humanos, desaparición de personas, “Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, atención victimológica, jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos en la materia, y la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; que realicen revisiones periódicas en la integración de los expedientes penales y designen una persona servidora pública para el seguimiento de la Recomendación.
A la Fiscal General del Estado de Veracruz, además, se le recomendó instruir que se investigue a quien se acredite la responsabilidad administrativa por la dilación en la entrega de los dictámenes periciales e informes de investigación requeridos por el Agente del Ministerio Público para la integración de los expedientes penales y, en su caso, se inicie el procedimiento sancionador correspondiente.