Muy grave es el daño infligido a la credibilidad del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al mantener el diferimiento de la Cuenta Pública 2019 del gobierno veracruzano pues el plazo establecido era el 1 de octubre de 2020, pero lo pospuso para el 31 de enero. Casi por concluir la prórroga, el órgano auditor solicita al Congreso local autorización para hacer la referida entrega hasta el 30 de septiembre próximo. La inusitada solicitud suscita muchas conjeturas, entre otras, la existencia de irregularidades difíciles de solventar y que el propio órgano revisor se presta a sospechosas componendas. Porque no basta atribuirle culpas a la pandemia para reiterar los plazos, cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías y sí pudo entregar sus resultados en tiempo y forma en el tiempo establecido por su normativa. Qué necesidad hay para las interrogantes ¿Incompetencia? ¿complicidad? En este caso, por el reiterado aplazamiento pierde vigencia el dicho “no hagas cosas “buenas” que parezcan malas. En todo caso la especulación crecerá si la legislatura autoriza la prórroga.