Estrictamente Personal
Raymundo Riva Palacio
Félix Salgado Macedonio nunca debió haber sido candidato de Morena ni de nadie a ningún cargo de elección popular. Pero el político difamador, violento, arbitrario y prepotente, fue protegido por Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró coordinador de su campaña presidencial pese a que en su haber había más de 20 amenazas de muerte de cárteles de las drogas durante su mandato como alcalde de Acapulco. Como siempre ha sucedido en este país, vivió en la impunidad durante los gobiernos del PAN y del PRI, y abrigada en ello, la negación del propio López Obrador que lo llevó al Senado y ahora lo quiere imponer como gobernador de Guerrero.
Para refrescar un poco la memoria negra sobre Salgado Macedonio, en este espacio se escribió en febrero de 2007: “¿Qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los cárteles de las drogas? No hay acusaciones contra él a nivel federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tienen indicios en el gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, de los dos cárteles que se disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan los hermanos Beltrán Leyva y su socio Joaquín El Chapo Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas”. ¿Qué sucedió después de todas esas evidencias?
No le importó a nadie el pasado de Salgado Macedonio, ni lo cuestionaron. Lo dejaron seguir avanzando su carrera política hasta ungirlo candidato en Guerrero por instrucciones de López Obrador, en un proceso que se caracterizó por ser una lucha salvaje dentro de Morena por la candidatura, donde los grupos confrontados se han convertido en falanges altamente peligrosas y descontroladas.
La oposición más clara, por vociferante, es la que conforma la familia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que apoyó abiertamente a su hermano Amílcar y cuyo esposo, John Ackerman, enloqueció porque la candidatura no se la entregaron a su cuñado, quien responde a los intereses de Gabriel García Hernández, el coordinador de los superdelegados y responsable presidencial de la estrategia electoral. Menos visible está el canciller Marcelo Ebrard, con su apoyo a Luis Walton, confrontado también con el candidato presidencial.
Pero nadie, hasta ahora, ha podido minar la unción del candidato de López Obrador, que hoy, sin embargo, se está tambaleando por otras razones. Salgado Macedonio fue acusado por el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, de haber violado a una señora, a la que amenazó y chantajeó. La Fiscalía de Guerrero reinició una investigación a partir de los dichos de Olea –quien señaló que ya existía una carpeta de investigación–, aunque se quejó que en su momento, cuando estuvo en sus manos proceder contra el hoy senador con licencia, no lo hizo. La denuncia extemporánea, que se sustenta en dos denuncias –con la probabilidad de que se presenten más–, huele a político por todos lados.
Olea, que no se sabe si actuó por conciencia tardía o está asociado a otros intereses, publicó en los albores del nuevo año en Facebook una crítica a Salgado Macedonio en donde mencionaba los hechos. Como consecuencia, el periodista Misael Habana, cercano a Amílcar Sandoval, lo entrevistó el 4 de enero sobre el tema, con lo que estalló el escándalo a nivel nacional al encontrar los altoparlantes adecuados para ello. El candidato no ha respondido a las acusaciones, pero López Obrador, en su defensa, hizo otra declaración desafortunada al afirmar que obedecían a “la temporada electoral”, con lo cual minimizó el presunto delito, y revictimizó a la víctima. Pero, más allá del pasado negro de Salgado Macedonio, en este caso, que debe investigarse a fondo, le asiste el principio de la presunción de inocencia, y no debe declarársele culpable hasta que se le pruebe la responsabilidad.
Esto no ha sucedido porque en este país la justicia para las víctimas es un valor inferior al justicierismo político. Lo que vemos en tiempo real es una violación obscena del Estado de derecho. Olea, como observó Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, al asumir “posturas quijotescas a destiempo que pretenden justificar una omisión grave que se traduce en una obstrucción de la justicia”, probablemente incurrió en delitos. En la entrevista con Habana le ofreció una copia de la carpeta de investigación contra Salgado Macedonio –es ilegal que la tenga y peor aún que la circule–, tras lo cual, sin haberse rastreado aún su origen, se comenzaron a hacer públicas la identidad de la víctima y fotografías.
En términos de derecho, como señala Blanco, debe hablarse con la verdad, sin hacer valer posturas sesgadas e interpretaciones, parciales a modo y a conveniencia de quien las emite, con la clara pretensión de confundir a la opinión pública y a la sociedad en su conjunto –que es lo que está pasando–. Políticamente hay saña contra Salgado Macedonio al hacerlo ver a priori como culpable. Para ello, en una infamia mayor y miserable, están usando a una víctima que lo acusa de violación, manipulando el caso y llevándolo al terreno de una conspiración contra el candidato, con lo cual se daña al sistema de impartición de justicia al descalificar de antemano lo que va a hacer.
Por cualquier lado que se le vea, esto no tendría que suceder. La víctima tiene derecho, aun en este contexto contaminado por la política mezquina e indigna, a que se le haga justicia y se investigue a fondo la presunta culpabilidad de Salgado Macedonio. Al mismo tiempo, el candidato tiene derecho a un juicio justo y a defenderse de las acusaciones. No hay motivación alguna, hay que insistir, que justifique un proceder que coloque a la parte afectada en una situación de riesgo o vulnerabilidad, como dice Blanco. Tampoco impedir que Salgado Macedonio se defienda. Lamentablemente, todo está contaminado por la pobreza sociopolítica en la que vivimos nuestra realidad.