El periodo de sesiones que acaba de iniciar en el Congreso y que será el último en la actual Legislatura de la Cámara de Diputados, será definitivo y decisorio para el futuro de la llamada cuarta transformación. Ante la incertidumbre de si Morena podrá ratificar su mayoría legislativa el 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mandado a sus fracciones, tanto de diputados como de senadores a sacar, en los próximos tres meses, un paquete de iniciativas y reformas constitucionales y legales que representan, en la visión presidencial, el terminar de “sentar las bases” del proyecto político de este Gobierno, a través de cambios a la Constitución y a las leyes secundarias que van desde el tema energético, hasta la llamada “austeridad republicana” o la consolidación de la nueva Fiscalía General de la República.
Podría decirse que López Obrador se juega su resto y manda a las bancadas oficialistas a echar toda la carne al asador para que le garanticen la aprobación de cambios legales y constitucionales que, en algunos casos considera parte de su “transformación” y en otros, simplemente, son caprichos y obsesiones presidenciales, la reforma constitucional que ya preparan para obligar a que ningún funcionario pueda ganar más que el sueldo que gana el Presidente de la República, hoy tasado en 108 mil pesos mensuales.
Hay otros temas que obedecen más a la ideología sexenal que a las necesidades reales del país, como las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que el Presidente metió como iniciativa “preferente” para modificar el sistema de compra de la energía eléctrica por parte del suministrador de Servicios Básicos, al que ahora ya no se obligará a obtener la energía a través de subastas, sino a través de Contratos de Cobertura Eléctrica que le darán prioridad en la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad y a sus centrales eléctricas, relegando a los generadores privados y a los Contratos de Energías Limpias (CEL).
Esta iniciativa preferente, que no tendrá problemas para aprobarse en la Cámara de Diputados, con la mayoría absoluta de Morena, pero que sí requerirá de los votos de algunos senadores de la oposición, materializa lo que no ha podido lograr el torpedeado e impugnado judicialmente decreto para la Confiabilidad Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, también conocido como el decreto Nahle.
Por lo demás, las bancadas de Morena, sobre todo la del Senado, ya trabaja junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en otra de las instrucciones (o caprichos dirían otros) del Presidente: regular y normar a las empresas de redes sociales para que sus dueños y directivos no tengan la última palabra en la suspensión y eliminación de cuentas de sus usuarios por infringir sus propias reglas.
A esas iniciativas se suman muchas más, casi 50, entre las que se incluye la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía de la República, que ya levanta cejas en el Gabinete porque la ven como un intento del fiscal Alejandro Gertz por acrecentar sus atribuciones más no sus obligaciones; la reducción del financiamiento a los partidos políticos, que golpeará especialmente a la oposición, la elevación a rango constitucional de varios de los programas sociales y ayudas económicas, hasta varios tratados internacionales y convenios transfronterizos.
Lo dicho, el Presidente va por todo y tiene prisa por aterrizar en tres meses todo lo que se pueda por si el voto de las urnas no le vuelve a otorgar la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. No es miedo, dirían, es pura precaución.