Agencias/Sociedad 3.0
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que relega al final de las prioridades a las energías limpias y busca priorizar a lo que produce la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus plantas.
La iniciativa preferente, que tendrá que ser dictaminada en un plazo de 31 días por la Cámara de Diputados, busca implementar una nueva política energética para el fortalecimiento de CFE y que, por otro lado, relegará la energía producida por privados, con el objeto de no incrementar los precios para los usuarios.
De acuerdo con la propuesta, las energías limpias y de ciclo combinado de privados serán relegadas a un tercer y cuarto orden de prioridad, por lo que antes de ellas, el sistema eléctrico nacional será alimentado, en primer lugar, por la red de distribución de la energía producida por las hidroeléctricas y en segundo lugar por lo generado en las plantas de CFE.
“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a particulares privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes de mercado”, definió López Obrador.
Detalló en el documento que no será obligatorio para el Estado mexicano realizar subastas eléctricas, como sí estaba contemplado en la reforma energético de Enrique Peña Nieto.
Esta es la primera vez que el presidente López Obrador hace uso de su facultad de enviar una iniciativa preferente al Congreso de la Unión en su administración, con lo que los diputados federales tendrán un mes para aprobarla y otro mes el Senado de la República y, en caso de no hacerlo, esta modificación se dará por aprobada y podrá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Analistas del sector energético consideraron que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no sólo viola la Constitución, sino que es un acto discriminatorio en favor de la Comisión Federal de Electricidad.
César Hernández, exsubsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, comentó que la iniciativa implica cambios fundamentales en materia de energías limpias, despacho eléctrico, permisos privados, subastas que “entran en conflicto con la Constitución y los tratados comerciales que México firmó con Estados Unidos y Canadá”.
Por su parte, políticos del PRI y el PAN acusaron que con la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la industria eléctrica, aumentarán las tarifas al consumidor, se relegará a los privados y, de ser aprobada, acudirán a la Corte para presentar una acción de inconstitucionalidad.
“Acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad para demostrar la violación a los principios de derecho a un medio ambiente sano”, decretó la dirigencia del PRI.