Mientras la Sección Instructora de la Cámara de Diputados avanza en el juicio de procedencia en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, y los legisladores federales se preparan para escuchar este viernes los testimonios e informes de Santiago Nieto,de la UIF, y de Carlos Romero,de la Procuraduría Fiscal, dos de los arietes de la 4T que sostienen la denuncia de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, en el ámbito jurídico y constitucional aún no se resuelve el debate sobre quién tiene la última palabra para que el Ministerio Público Federal pueda detener y procesar penalmente al mandatario panista.
Si bien en la Fiscalía General de la República sostienen la tesis defendida por varios juristas y constitucionalistas importantes, de que en cuanto la Cámara de Diputados apruebe por mayoría el desafuero, ellos podrán proceder de inmediato para solicitar a un juez la detención de Cabeza de Vaca, lo que se calcula ocurriría a finales de mayo próximo, en Tamaulipas, tanto en la oficina de gobernador como en el Congreso Local, se sienten seguros porque afirman -como también lo hacen abogados y juristas de renombre- que aun cuando la Sección Instructora y la mayoría del pleno de San Lázaro declaren el juicio de procedencia, la decisión federal tendrá que ser enviada a los diputados locales para que ellos decidan, en votación, si proceden o no las acusaciones contra el tamaulipeco.
El debate constitucional y legal aún no resuelto no es algo menor, pues dependiendo de la posición que se tome, se generan distintos escenarios en este juicio de procedencia contra un gobernador de oposición. Por ejemplo, si la FGR decide hacer valer su punto de vista y procede con base en él, en cuanto la mayoría morenista declare la procedencia de las acusaciones, entonces veríamos en mayo un operativo federal para detener a Cabezade Vaca, en algo que sería histórico y que provocaría sin duda una confrontación política y hasta de fuerza entre la Federación y el estado de Tamaulipas por la resistencia que opondrían en la entidad a esa posible orden de detención.
Por el contrario si el Congreso de Tamaulipas decide hacer valer su posición, azuzado por el propio gobernador panista, entonces veríamos un segundo procedimiento en el que la mayoría panista de legisladores locales declararía improcedente el desafuero y las acusaciones en contra del gobernador, con lo cual también habría confrontación no sólo con la FGR y el gobierno federal sino con la Cámara de Diputados que reclamaría su supremacía constitucional.
Un tercer escenario posible es que la Suprema Corte de Justicia tenga que resolver el debate sobre constitucionalidad. En ese caso la detención de Cabeza de Vaca tendría que esperar una resolución de la Corte y mientras eso ocurre transcurrirían las elecciones federales y locales. Ya se vería el efecto que tendría todo este proceso de acusación y desafuero en contra del gobernador panista de Tamaulipas y si el tema beneficia a Morena, o si por el contrario el dominio del PAN y del gobernador se fortalece en Tamaulipas ante la amenaza federal al mandatario local.
La ley reglamentaria clarifica con precisión que sí debe haber una segunda parte del procedimiento a nivel local y que quien debe -en su caso- poner a disposición de la FGR al gobernador no es la
Cámara de Diputados federal sino el Congreso local y se trata de una ley aprobada por el Congreso de la Unión desde fines de diciembre de 1982 (hace 38 años, en el gobierno de Miguel de la Madrid), de manera que ahora la Cámara no podría reclamar una competencia propia que no reclamó cuando se aprobó esa ley.
Veremos cómo avanza el juicio de procedencia y cómo se decantan los escenarios en un caso que se volverá paradigmático y en el que la pregunta aún sigue en el aire, ¿caerá o no la Cabeza de Vaca?… Se baten los dados. Serpiente.