Una mujer se mete a una tienda de conveniencia con un garrafón de plástico en la mano, al parecer va alterada. Algo les dice a los dependientes y sale. Una cámara la toma manoteando y gritando tanto dentro como fuera del establecimiento. Alguien llama a la policía y en unos minutos llega una patrulla con cuatro oficiales a bordo, uno de ellos es una mujer robusta.
Ninguno de los policías controla la situación. Ninguna cámara registra si hubo diálogo anterior a la detención. En otra toma se ve a la mujer tirada boca abajo, esposada y soportando el peso de la rodilla de la mujer policía en sus cervicales mientras sus tres compañeros observan impasibles.
La mujer, sometida como está, se agita y gime; mueve sus pies desnudos y quizá pide clemencia pero nada. La rodilla de la mujer policía sigue recargando su peso en sus cervicales hasta que deja de moverse.
Y al final lo impensable. Ya con el cuerpo inerte y en lugar de llamar a los servicios de emergencia, los policías la suben como fardo a la batea de la patrulla. O no saben, o no quieren aceptar que la mujer murió tras unos minutos de tortura y agonía.
Los hechos ocurrieron el sábado anterior en Tulum, Quintana Roo, la mujer se llamaba Victoria Esperanza Salazar, era de origen salvadoreño, tenía 36 años, era madre de dos menores y estaba en México en calidad de refugiada.
Si el estallido de ira no se hizo esperar, el escándalo mediático tampoco.
Organismos nacionales e internacionales además de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, repudiaron y condenaron el crimen. Grupos feministas salieron a protestar en Tulum y en la Ciudad de México. Los noticieros del mundo dieron a conocer el hecho.
Contra todos los pronósticos y contra lo que sucede en estos casos, las autoridades de Quintana Roo se movieron rápido; detuvieron y pusieron a disposición de un juez a los uniformados involucrados y cesaron al director de la policía de Tulum, Nesguer Vicencio Méndez.
¿Y qué dijo el Presidente López Obrador? Algo muy emotivo y bien trillado: “Es un hecho que nos llena de pena de dolor y de vergüenza. Se va castigar a los responsables, ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad”.
Qué bueno que haya justicia para Victoria, qué bueno que se castigue a los responsables y les apliquen una pena correspondiente a la magnitud de su crimen. Pero qué malo que la justicia sólo sea para ella.
Entre 2019 y 2020 se cometieron en el país 1,979 feminicidios. Y el año anterior fue el más negro para las mujeres desde el 2015 en que se lleva este registro, según la organización Causa en Común.
¿Qué ha hecho el gobierno de la 4T con esa información? Nada que no sea seguir contabilizando los feminicidios cuyo promedio es de 11 al día.
¿Ninguno de esos crímenes han movido las fibras más sensibles del señor Presidente? No. ¿Y por qué no? Porque las mujeres violentadas no le interesan.
Si habló del crimen de Victoria fue porque traspasó nuestras fronteras. De otra manera jamás habría soltado las sobadas palabras que dijo en su mañanera sólo para salir del paso.
Victoria fue una mujer que tuvo que salir de su país porque allá, al igual que aquí, el gobierno no ha podido con el desempleo, la delincuencia y la violencia. Se fue a vivir a Quintana Roo donde su actual pareja (un mexicano que detuvieron ayer) la violentó y violó a una de sus hijas. Victoria lo denunció hace semanas y hasta ahí se sabe del caso.
Al igual que Victoria, cada una de las 1,979 mexicanas asesinadas en los dos primeros años de la 4T fueron hostigadas, amenazadas, golpeadas o violadas antes de ser cruelmente ultimadas. Pero ninguna ha provocado en Andrés Manuel el mínimo sentimiento de pena, dolor y vergüenza.
Y menos el deseo de justicia. Sólo el 7 por ciento de sus asesinos han sido detenidos y procesados, el resto continúa en la impunidad.
Qué tristeza caray. Y que pena dolor y vergüenza provoca la cínica indiferencia de un individuo que como candidato, prometió erradicar la violencia de género y brindarles protección y seguridad a todas ellas.