Como consecuencia del “voto parejo” de 2018 el presidente López Obrador ha podido doblegar al Poder Legislativo, asociándolo incondicionalmente a sus propósitos renovadores sin obstáculo alguno, salvo la resistencia del bloque opositor en el senado de la república. Desapareció fideicomisos, cooptó algunos órganos creados con designios autónomos, incluso colocó enclaves en el Poder Judicial, incluyendo el Tribunal Federal Electoral, todo lo ha puesto en la lógica de los cambios sin importar ni el daño institucional ni sus efectos sobre la población mexicana. Ahora, manda misiva al presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Saldívar, solicitándole investigue la actuación del juez que concedió las primeras suspensiones provisionales a empresas que impugnaron la nueva Ley de Electricidad. La pugna tiene implicaciones severas porque está en juego la prevalencia del estado de derecho sobre acciones de autoridad que trastornan el orden jurídico establecido. De cómo se resuelva ese conflicto entre poderes de la Unión depende el futuro inmediato del país.