Agencias/Sociedad 3.0
28 años después de que Ramón Sampedro presentara ante un juzgado de Barcelona su demanda judicial para ser ayudado a morir, lo que impulsó el debate sobre la eutanasia en España, el Congreso de los Diputados ha vivido este jueves, como han remarcado la mayoría de los grupos parlamentarios, un “día histórico”.
La Cámara baja ha aprobado definitivamente, con los votos en contra de PP y Vox, la ley que despenaliza la eutanasia y que regula su procedimiento, que entrará en vigor dentro de tres meses.
España se convierte así en el sexto país del mundo que ha legalizado esta práctica, aunque algunos Estados más permiten el suicidio asistido y otros están en proceso.
La ley española facilita ambas cosas, tanto que el paciente se autoadministre el medicamento que provoca la muerte con supervisión médica (suicidio asistido) como la eutanasia: la administración por parte del médico de la sustancia al enfermo terminal.
El Partido Socialista presentó su proposición de ley al Congreso de los Diputados el 24 de enero de 2020, un mes y medio antes de la irrupción del Sars CoV-2. Catorce meses después -y con más de 100 mil fallecidos por Covid-19, según el INE- la ley estrella de la agenda ideológica de la coalición Sánchez-Iglesias recibirá este jueves el espaldarazo de la cámara baja.
Su tramitación real, sin embargo, ha durado poco menos de siete meses, ya que la mitad de ese tiempo la proposición de ley orgánica estuvo suspendida por el estado de alarma, que comenzó en marzo del año pasado.
En otros países donde la eutanasia es legal, como en el estado de Victoria o Nueva Zelanda, la tramitación parlamentaria de esta ley duró más de un año. En el estado de Victoria, por ejemplo, se abrieron dos años de consultas antes de ser aprobada en 2017, al igual que en Nueva Zelanda, donde el proceso deliberativo llevó más de dos años antes de su aprobación en el Congreso y por referéndum en 2019. En España, el trámite ha durado apenas siete meses y sin contar con ningún debate social.
Pese a tocar un derecho fundamental como es el derecho a la vida, el PSOE optó además por presentar esta ley orgánica como proposición de ley y no como proyecto de ley, ya que así podía obviar los informes preceptivos del Consejo de Estado o del Comité de Bioética. Sin embargo, este órgano consultivo del Gobierno emitió en octubre de 2020 por iniciativa propia y con un apoyo unánime de sus miembros un informe desfavorable a la ley del Gobierno de coalición. Lejos de tomar en consideración sus recomendaciones, la diputada socialista María Luis Carcedo acusó al Comité de no haberse leído el texto de la norma.