jueves, diciembre 19, 2024

Gobierno de México otorgará visas humanitarias a familiares de salvadoreña asesinada en Tulum

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Agencias/Sociedad 3.0

El Gobierno de México otorgará visas humanitarias a dos familiares de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, migrante salvadoreña muerta a manos de agentes de la policía mexicana, para que puedan viajar al lugar donde residía la mujer, informó la Presidencia de El Salvador.

La fuente señaló que el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, informó que “acordaron dar dos visas humanitarias a los familiares de la señora Salazar para que puedan viajar a Tulum”.

Esta decisión se dio después de una conversación con la directora general de Derechos Humanos en la Cancillería salvadoreña, Tania Rosa.

Añadió que la Comisión de Atención a Víctimas de Quintana Roo “proporcionará a los parientes de la víctima un asesor jurídico público gratuito, alojamiento y movilización en transporte, acompañamiento psicosocial a las hijas de la connacional y traslado de los restos de la víctima”.

“Las dos menores de edad están en condición de refugiadas, un estatus migratorio que también tenía su madre”, apuntó la Presidencia salvadoreña.

Indicó que el Ejecutivo de Nayib Bukele gestiona que los familiares de la víctima “puedan acceder a las medidas de reparación y de reencuentro que necesitan”.

Agregó que el cónsul salvadoreño designado, René Domínguez, y la directora de Asistencia y Protección salvadoreña en el exterior, Ana Irma Rodas, “están en Tulum para participar en estas soluciones”.

Victoria Esperanza, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue sometida por cuatro policías de Tulum, que ya están procesados por feminicidio.

El deceso de Salazar, grabado en video, ha motivado protestas de organismos internacionales y grupos que acusan a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia, además de reclamos de El Salvador.

Varias agencias de la ONU, como la OIM, Acnur y la ONU-DH, condenaron este martes el asesinato de la mujer y pidieron a las autoridades una investigación “pronta e imparcial”.

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