Las notas periodísticas exhiben una inusitada actividad judicial contra actores políticos, no solo en el universo nacional, también en nuestra entidad observamos acciones del sector judicial con ese matiz. Se reviven o actualizan expedientes aparentemente ya cerrados para incrustarlos en la agenda electoral en vías de dañar o menguar capacidad de movimiento del oponente. Se formulan señalamientos de dudosa veracidad contra actores políticos, como señalar el supuesto reparto de despensas por el equipo de campaña del ex senador José Yunes Zorrilla; el Orfis, que no ha podido presentar la Cuenta Pública 2019, aviva sus “observaciones” de desvío de recursos públicos desviados contra alcaldes de diferente sigla partidista a Morena; el secretario de gobierno amenaza con encarcelar alcaldes y ex calcaldes; se reactiva la orden de aprehensión contra De Antes; se encarcela a Rogelio Franco, ex secretario de gobierno en tiempos de Yunes Linares y actual operador político del PRD en la entidad; la Comisión Nacional de Derechos Humanos reabre el expediente de Cristina Ascencio, ocurrido en Soledad Atzompa en 2007; lo del proceso contra el gobernador de Tamaulipas sopla el fuego de la discordia; se persigue a Cuauhtémoc Gutiérrez, ex presidente del PRI en el Distrito Federal, a Beltrones lo “acalambran”. Ojo, no se critica porque haya supuestas injusticias en ese proceder, eso corresponde juzgarlo a la instancia correspondiente, sino al uso político de mecanismos judiciales usados de exprofeso para combatir al adversario político. Y allí está la diferencia.