Por su valor periodístico, retomamos el magnífico trabajo de investigación del reportero Agustín Díaz Bravo sobre el problema de corrupción que existe en el Congreso de Veracruz, en relación con la asignación y autoasignación de contratos de comunicación social. Le damos el debido crédito tanto al autor como al medio, que es Al Calor Político, agregando el link para la consulta del trabajo original.
Cazarín y Aldo Valerio: la mafia de los moches en el Congreso de Veracruz
Agustín Díaz Bravo
Al Calor Político
Xalapa, Ver. 27/04/2021.- En enero pasado alcalorpolitico.com exhibió que el Congreso morenista de Veracruz derrochó 31 millones de pesos en contratos de publicidad en tan solo 18 meses, destinando recursos a medios “fachada” que únicamente promocionan a los diputados y con convenios a sobreprecio.
Ahora se destapan más actos de corrupción en la Legislatura: la solicitud de «moches” de hasta de 50 por ciento a los medios contratados. Esto lo constatan los mismos dueños de medios de comunicación que revelaron el “esquema” utilizado por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín —coordinador de la bancada de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política— y el coordinador de Comunicación Social del Congreso, Aldo Valerio Zamudio, para desviar recursos públicos.
Los directivos solicitaron a alcalorpolitico.com el resguardo de sus identidades por temor a represalias. Sin embargo, este medio cuenta con los audios de sus entrevistas para respaldar sus afirmaciones.
Por separado, coincidieron en el modo de operar del área de Comunicación Social del Congreso para obtener «moches»: los convenios tenían que ser aprobados y negociados por Gómez Cazarín; posteriormente, Valerio Zamudio, por instrucciones de Cazarín, condicionaba la firma del convenio pactado con la devolución de 50 por ciento del monto asignado. Los «moches», eran entregados de manera mensual directamente a Valerio Zamudio o a dos empleados que funcionan como recolectores del dinero: la encargada de prensa de la bancada de MORENA Vania López González y el analista administrativo Augusto Rafael Fernández Azcoitia.
Finalmente, los «moches» presuntamente eran entregados a Gómez Cazarín.
El modus operandi: Gómez Cazarín, primer filtro
“Lo primero que nos informaron fue que, para obtener un convenio, teníamos que acordar directamente con Cazarín”, dijo uno de los entrevistados, quien desde hace más de 5 años encabeza un medio de comunicación digital.
Sin la autorización del Diputado, ningún contrato de publicidad es otorgado, manteniendo un control discrecional sobre la asignación y montos de los contratos de publicidad. Esta versión coincidió con la de otra Directiva, quien expresó que el visto bueno del contrato lo dio personalmente el legislador después de la cita organizada por Valerio Zamudio para la negociación del contrato de publicidad.
“Yo tuve que ir varias veces. Aunque tenía cita siempre decían que estaba ocupado. La última vez estuve tres horas esperando, veía cómo pasaba la fila de directivos que tenían que ser palomeados por Cazarín”. A la hora de ingresar la historia era la misma: el Diputado morenista les informaba que había un Congreso “austero, honesto y con pocos recursos” para el área pero que aun así se les iba a “ayudar” con un “pequeño convenio”. La “pequeña ayuda” estaba condicionada a la publicación de la columna de Gómez Cazarín y sus boletines, así como los de MORENA, además de golpear a los diputados del PAN.
Además, antes de la firma del convenio se les informó de un requisito adicional: debían devolver en efectivo el 50 por ciento del monto del contrato. Ante la crisis económica por la que atraviesan los medios de comunicación, la gran mayoría aceptaba, aunque hubo quien rechazó la “indigna” oferta. “Yo les di las gracias y no acepté, era indignante el trato. No se trataba solamente de publicación de información oficial”, dijo otro directivo.
Aldo Valerio y los “moches”
Una vez palomeado el contrato por Juan Javier Gómez Cazarín, el titular de Comunicación Social de la Legislatura citó en su oficina a los directivos por separado para sostener una plática antes de que se firmara el contrato con el área jurídica de la Legislatura. Así, les informó que el convenio sólo se firmaría si aceptaban devolver en efectivo el 50 por ciento del monto asignado.
“A nosotros nos dieron un convenio por algunos meses por 30 mil pesos ya con el IVA, aquí el problema fue que Aldo Valerio nos dijo que la parte no escrita del contrato es que era mitad y mitad. Por la necesidad dijimos: adelante”, dijo uno de los afectados. Otro colaborador de medios confirmó el mismo modo de operar: “Para poder ingresar a los convenios del Congreso del Estado pidieron el 50 por ciento de moche.
De manera que te daban un convenio de 30 mil pesos y el medio tenía que darle la mitad, es decir 15 mil pesos para poder acceder a ese pago mensual y el medio se quedaba nada más con la mitad. “Aparte de que teníamos que dar la mitad, teníamos que absorber el pago de los impuestos y esto nos generó de alguna manera afectación.
Al final con la declaración anual tienes que pagar ISR y demás. Esa fue la cuestión, a veces salíamos tablas”, dijo. Como consecuencia del “moche”, la ganancia por la publicación de la columna de Juan Javier Gómez Cazarín, de los boletines de MORENA y de las notas en contra del PAN, eran para dicho medio de 8 mil pesos al mes y en ocasiones nada.
Cobros puntuales
Los entrevistados coincidieron en que el pago mensual era puntual y en cuanto se hacía la transferencia se comunicaban con ellos del área de Comunicación Social de la Legislatura para que de inmediato retiraran del banco la mitad de lo transferido y se llevara en efectivo a las inmediaciones del Congreso local para ser entregado directamente a Valerio Zamudio o a alguno de sus dos colaboradores y cómplices “recolectores”: Vania López González y Augusto Rafael Fernández Azcoitia.
“Cada mes se nos avisaba que ya estaba para obviamente cobrar, sacar el dinero y entregarlo. A veces era directamente a Aldo y otras veces a otra persona, Rafael Fernández Azcoitia”. “La entrega del dinero era en las inmediaciones del Congreso. No había un lugar en específico. El acuerdo fue ese y tuvimos que aceptar por la necesidad”. “Ocurrió así durante todo el primer año. El medio después de dar el moche del 50 por ciento y pagar los impuestos, se venía quedando con 8 mil de los 30 mil pesos pactados”.
Medios “fachada”
Pero la estructura de la corrupción del Congreso Local encabezada por Gómez Cazarín no sólo desvió recursos públicos a través de los moches: crearon medios fachada para poder otorgarles convenios de publicidad y quedarse con dichos recursos.
En enero pasado se documentó que al menos 6 millones de pesos habrían sido desviados hacia supuestos medios de comunicación que comparten algunas características: rara vez publican y cuando lo hacen son los boletines del Congreso del Estado y las columnas de Juan Javier Gómez Cazarín.
También son desconocidos en el Estado y ni siquiera intentan maquillar su condición fraudulenta, pues rara vez son actualizados. Un total de 32 medios fachada recibieron contratos firmados por Aldo Valerio Zamudio por un monto de 6 millones de pesos. “Es vox populi, uno entraba y revisaba los portales de información y se ha manejado, en el sentido de que por lo menos media docena de medios eran cascarones, publicaban precisamente los comunicados del Congreso del Estado de los diputados de MORENA y les estaban dando convenios.
De manera extraoficial y presuntamente, esos medios son del coordinador de Comunicación Social Aldo Valerio Zamudio”, dijeron los directivos.
La crisis en medios de comunicación en el Estado de Veracruz ha ocasionado el cierre de empresas periodísticas, con lo que se dejó sin empleo a editores, redactores, fotógrafos, camarógrafos y reporteros. Algunos más tuvieron que recortar su nómina o su lista de personal.
Otros medios de comunicación, para sobrevivir, han tenido que ceder ante las prácticas corruptas y cercanas a la extorsión por parte del Congreso del Estado.
En tan solo 18 meses, Juan Javier Gómez Cazarín y Aldo Valerio Zamudio derrocharon 31 millones de pesos en convenios de publicidad. Incluso, aumentaron el gasto en dicho rubro durante la pandemia provocada por el COVID-19. Un gasto excesivo que no se entendía desde una lógica administrativa, ahora se entiende bajo la lógica de la corrupción: la mitad era para ellos.