Por Juan José Llanes Gil del Ángel
El andamiaje legal que dificulta al extremo que se cumplan los fallos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo construyó el ahora preso Javier Duarte, al reformar la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Para Duarte, era ofensivo que un trabajador pretendiera reivindicar sus derechos como tal, y más aún, que exigiese que se le reparara el daño.
Quizás, en su lógica retorcida, pensaban los duartistas: ¿porqué habría de pagar el gobierno el monto de condenas judiciales con dinero que bien podrían usar para robárselo?
El yuneslinarismo -que prometió todo enderezar- dejó ese punto de la Ley intocado. Para Yunes, también era agraviante que los tribunales condenaran al gobierno a resarcir a trabajadores.
Quizás, en la lógica imperialista y dinástica de los yunistas, se preguntaban: ¿porqué habría de pagar el gobierno el monto de condenas judiciales con dinero que bien podrían usar para apuntalar las ambiciones del hijo del gobernador que quiere sucederlo en el cargo?
En 2018 se prometió un cambio. Quienes arribaron al poder insistieron en que eran «distintos» a los voraces prianistas. Sostuvieron que cumplirían la ley, y que repararían el daño hecho al pueblo por el vicio de no respetar las normas, que fue el sello distintivo de los regímenes del «pasado».
Empero, a casi tres años de distancia, al menos en lo que se refiere al cumplimiento de condenas judiciales a favor de trabajadores, la cosa sigue (dolorosamente) igual:
Sigue intocado el andamiaje legal duartista-yunista, diseñado para violar el Derecho Humano a una Justicia Completa (que comprende, claro, el que las resoluciones judiciales se cumplan).
La pretensión Yunes de colonizar al Poder Judicial (que se vio frustrada por el descalabro electoral de su hijo y la consecuente merma de su capital político), la concretó el actual régimen.
Incondicionales del actual gobierno despachan en el Tribunal e imparten «justicia» con la única misión de hacer todo lo posible para que el gobierno no «gaste» cumpliendo condenas judiciales.
Quizás asumen que no deben incordiar a quienes les dieron los puestos (sin mérito visible, más allá de su lealtad a la 4T) o quizás se les haya dado la «instrucción» desde el Poder Ejecutivo (como las que se regocija en recibir la presidenta del Tribunal Superior de Justicia), de que no «molesten» a la Secretaria de Finanzas.
Y a pesar de que el monto previsto en el presupuesto 2021 para el pago de condenas judiciales a favor de trabajadores es el más alto de la historia de Veracruz (casi 2 mil millones de pesos), y de que el año pasado hubo subejercicios, en la misma lógica que los duartistas y yunistas, el actual gobierno decide que lo correcto es ser contumaz a las órdenes judiciales, que no se harán cumplir porque para eso coparon los asientos de quienes imparten justicia.
El caso que detalló el periodista Jaime Ríos-Otero en Sociedad 3.0 publicado hoy aquí:
es un asunto que conozco de cerca por que lo litigan colegas míos que respeto y que son profesionales que buscan Justicia y pretenden que las instituciones que la imparten cumplan con su deber. Sin embargo, se topan con un muro de indolencia, que es también de corrupción, lo admitan o no, porque por más que los actuales funcionarios digan que no lo es (porque lo decidieron ellos, por sí y ante sí), no hay otra forma de llamar sino corruptos a quienes deciden ignorar un requerimiento judicial.
Indigna, claro, saber que víctimas de la imparable violencia (que tampoco ha aminorado) y que necesitan que el gobierno cumpla una condena judicial para tener recursos para poderse ir (literalmente) a otro sitio en donde su vida no esté en riesgo, sean tratados como pedigüeños.
Como si pedir que se cumpla un fallo judicial fuera una gracia o una prebenda.
Mi solidaridad, por supuesto, con mis colegas que litigan ese asunto.
Pero, a más de no poder descifrar, a dos años del «cambio», qué fue lo que cambió, no me queda más remedio ya, que tener que cuestionarme (como lo tuve que hacer con Duarte y con Yunes), si acaso la lógica de los actuales gobernantes no los lleva a preguntarse: ¿por qué habría de pagar el actual gobierno el monto de condenas judiciales con dinero que bien podrían usar para campañas políticas que les garanticen seguir en el Poder?