La intensa actividad legislativa acunada en el Poder Ejecutivo lleva inherente el propósito de conformar un marco normativo que con elevado grado de restauración impulsa el presidente López Obrador para consolidar su proyecto de nación. En México, está históricamente comprobado que desde las oficinas presidenciales han salido más iniciativas de ley que las originadas en los recintos parlamentarios, y con la CuartaT se reactivó ese prurito, aunque ahora con ánimo de deshacer lo mucho andado durante el periodo neoliberal. Pero en un Estado de Derecho las leyes imperan, gracias también a la separación de poderes y es en la Suprema Corte de Justicia donde se ventilan los conflictos entre la razón jurídica y la moción política, de allí la importancia de la sintonía entre ambos poderes, Ejecutivo y Judicial, lo cual no necesariamente implica supeditación de uno al otro. En lo sucesivo tendremos oportunidad de conocer los dictámenes de la SCJN sobre el grueso expediente de recursos de inconformidad sobre la nueva legislación que incluye la ley de hidrocarburos, la de energía eléctrica, Telecomunicaciones, etc., pero lo más inmediato será conocer el veredicto de la Corte respecto a la ampliación del mandato de su presidente, si es constitucional o no, sobre todo si hay genuina separación de poderes o abdicación de funciones. Ya falta menos.