miércoles, diciembre 8, 2021

Crímenes y extorsiones

Al pie de la letra

Por Raymundo Jiménez

Desde hace al menos un mes, familiares de 11 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de 12 habitantes en el municipio de Las Choapas, están a la espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) les fije fecha para solicitar que investiguen a las autoridades judiciales y ministeriales de Veracruz, toda vez que han denunciado ya ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que los ahora procesados fueron detenidos ilegalmente, sometidos a actos de tortura y a la fabricación de delitos.

El pasado 22 de abril, el abogado defensor Salvador García advirtió que ante el cúmulo de evidencias que demuestran las violaciones al debido proceso, este caso sería llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El litigante declaró que sus defendidos fueron detenidos días después del 24 de enero pasado, fecha en que se cometió el multihomicidio, “sin orden judicial, además de ser golpeados, torturados y amenazados junto con sus familias, mientras los agentes locales y de la Guardia Nacional destrozaron sus viviendas, y de ello existen videos y testimonios que obran en las denuncias hechas ante la CNDH, autoridades locales y de la Presidencia de la República”.

Explicó que sin embargo, a casi tres meses de la detención y encarcelamiento de los 11 presuntos involucrados, el juez de la causa “violó sistemáticamente el procedimiento penal dejándolos en un estado de indefensión, primero por dictar la prisión preventiva oficiosa, obstaculizó a la defensa en cuanto a la posibilidad de aportar pruebas, entre ellas, el que nunca valoró debidamente las contradicciones y pruebas que demuestran que los elementos mintieron en su informe policial homologado que entregó la fiscalía”.

La mañana de este martes dicho caso fue llevado hasta la conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador dijo que “puede ser que se cometa una injusticia pero no va a quedar impune”, remarcando que ahora “hay un auténtico Estado de Derecho que no había antes”.

Sin embargo, aunque afirmó que en Veracruz “se ha trabajado mucho para garantizar la paz y la tranquilidad”, el Presidente reveló que el pasado fin de semana que visitó el sur de la entidad, se enteró que las empresas encargadas de construir y rehabilitar las vías del ferrocarril interoceánico que comunicará al puerto de Coatzacoalcos con el de Salinas Cruz, Oaxaca, no han podido avanzar porque están siendo extorsionadas por bandas criminales que “tienen el control y amenazan”, imponiéndoles cuotas para poder trabajar y exigiéndoles también que les compren a ellos el material.

“Pues desde aquí les mandamos a decir que ya no es permitido eso, sea quien sea. No se acepta ni la delincuencia organizada ni la delincuencia de cuello blanco, ya no hay influencia que sirva”, advirtió López Obrador.

Pero estos grupos delincuenciales, que vienen extorsionando a empresas y sindicatos del sur de Veracruz desde el sexenio del exgobernador Javier Duarte, ya llevan más de dos años actuando impunemente también en las nuevas administraciones estatal y federal de la 4T.

MAGISTRADA ELECTORAL BAJO SOSPECHA

Nos dicen que en Palacio de Gobierno le habrían puesto marcaje personal a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, pues sospechan que por la íntima relación que mantiene con el ex funcionario yunista Rogelio Hernández Madrid, sus votos y ponencias podrían ser parciales en favor de los candidatos impugnados de la coalición PAN-PRI-PRD.

Según nos cuentan, la relación entre ambos data desde los tiempos del ex gobernador Patricio Chirinos Calero. En ese sexenio, en el que Hernández Madrid era subordinado de Miguel Ángel Yunes Linares en la Secretaría de Gobierno, le dio su primer cargo a la abogada Díaz Tablada como Analista Profesional de la Coordinación de Oficialías del Registro Civil del Estado.

En la cúpula morenista presumen que por esta estrecha relación, ahora Rogelio Hernández Madrid estaría encargado de cabildear para evitar que la impugnación contra el candidato del PAN-PRI-PRD a la alcaldía del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, prospere pese a que hay evidencias suficientes de que el primogénito de su ex jefe político incumple con el requisito legal de la residencia mínima de tres años en el municipio porteño que está empecinado en gobernar.

En las siguientes horas, la magistrada Díaz Tablada tendrá bajo su responsabilidad resolver dos recursos de impugnación contra Miguel Ángel Yunes Márquez interpuestos por los representantes de MORENA y de Fuerza por México por haber acreditado falsamente su supuesta residencia con documentos oficiales otorgados por funcionarios del Ayuntamiento que preside su hermano Fernando.

Pero eso no es todo. Nos dicen que a la vez resulta paradójico que Díaz Tablada, presuntamente a petición del mismo Hernández Madrid –quien actualmente se desempeña como secretario técnico de la SCT-Veracruz–, sostenga contra viento y marea al candidato de Morena a la alcaldía de Chicontepec, Obed Escudero Zuvirie, pese a que a  que estaría inhabilitado legalmente por contar con antecedentes penales por el delito de violación equiparada de acuerdo con la Causa Penal 41/1999 radicada en el Juzgado mixto de primera instancia de esa cabecera municipal.  

Según la Averiguación Previa 103/1999-05, Escudero Zuvirie abusó sexualmente de la entonces menor de edad Piedad Rubio Cruz. La consignación penal fue la número 034/1999. Por ese motivo, a Obed Escudero le dictaron una sentencia de 6 años 3 meses de prisión, siendo preliberado el 4 de mayo del 2000 pero no absuelto.

Pero el objetivo de sostener a este pésimo candidato de Morena en Chicontepec, según nos dicen, sería para hacer ganar al candidato de la coalición PAN-PRD-PRI, Armando Fernández de la Cruz, quien presuntamente es patrocinado por Pedro García Ostoa, un sospechoso empresario constructor oriundo de Álamo que representa a un poderoso grupo que tiene como objetivo apoderarse de la mayor parte de los ayuntamientos de la coalición PAN-PRD-PRI del norte del estado.

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