jueves, diciembre 2, 2021

Señalan que no hay procedimiento penal abierto contra Cabeza de Vaca en EE.UU.

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Agencias/Sociedad 3.0

El abogado Francisco García Cabeza de Vaca, J. A. “Tony” Canales, aseguró que no hay evidencias que indiquen que el gobernador haya violado alguna de las leyes de los Estados Unidos, como acusaron recientemente las autoridades mexicanas.

El defensor, del despacho Canales & Simonson, P. C., detalló que “después de revisar las denuncias hechas por Alejandro Rojas Díaz, Santiago Nieto, y toda la evidencia disponible por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México en relación a las acusaciones hechas en contra del Sr. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no he encontrado ninguna evidencia que indique violación alguna a las leyes”.

“No he encontrado ninguna evidencia que indique violación a alguna de las leyes de los Estados Unidos, como se le acusa. La mayoría de la información citada en las denuncias hechas por Nieto y Díaz Durán se basan en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes alterados del Departamento de Estado y FinCEN”, señaló.

“Es increíble ver un caso que carece de evidencia directa o sustantiva que dé pie al inicio de una investigación en México, mucho menos en los Estados Unidos», apuntó.

“La mayoría de la información citada en las denuncias hechas por Nieto y Díaz Durán se basan en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes alterados del Departamento de Estado y FinCEN. En mi experiencia como abogado, es increíble ver n caso que carece de evidencia directa o sustantiva que de pie al inicio de na investigación en México, mucho menos en Estados Unidos”, indicó.

“El asesor legal de mi cliente en México, solicitó acceso al expediente el cual le fue negado, incluso después de que la FGR lo filtrara a los medios de comunicación”.

Aclaró que García Cabeza de Vaca no tiene cuentas bancarias en EU ni bienes inmuebles en ese país y que la evidencia que supuestamente recibió la FGR no existe mientras que acusó que la UIF está haciendo “mal uso y falsificando información con fines políticos”.

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