Es obvio que, en un país con plena vigencia del estado de derecho, donde las instituciones y las leyes están por encima de intereses o pugnas políticas, no ocurriría lo que ahora sucede a la torre Arista en la ciudad de Veracruz. Sin entrar al debate sobre a cuál de las partes en conflicto asiste la razón, es evidente que la causa del diferendo obedece a pugnas políticas, pues ese edificio ha estado en construcción durante los casi tres años del gobierno estatal e innumerables visitas presidenciales al referido Puerto y ninguna inconformidad se había escuchado. Los embates iniciaron con un pronunciamiento poselectoral del presidente López Obrador acerca de lo “altísimo” de ese edificio en contraste con la tradición histórica y arquitectónica del primer cuadro de la ciudad, a partir de ese fulgurante relámpago devino una andanada de denuncias contra el proyecto, cuyo desenlace inmediato es la suspensión de la obra por parte de las autoridades de Protección Civil. El proceso del litigio será largo, porque está en relación directa a la correlación de fuerzas en conflicto. Para el conglomerado social de la ciudad y Puerto de Veracruz ese evento constituye motivo de comentarios y entretenimiento cotidiano, pues en esa confrontación de fuerzas políticas contrastantes se comprobará, una vez más, que la cuerda siempre se rompe por lo más delgado.