Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
Por años, la violencia contra los lacandones tomó la forma de discriminación, despojo territorial y daños al patrimonio de ese pueblo originario. Aunque desde el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador detuvo los intentos que buscaban repartir las tierras en el área protegida de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, su palabra no ha sido suficiente y los lacandones continúan su batalla con las autoridades agrarias que insisten en arrebatarles sus tierras mayas. En medio de ese litigio, ha aparecido un nuevo problema para ellos. O quizás, un nuevo problema para el Estado mexicano.
Desde hace algún tiempo, en la región donde se encuentra la comunidad Lancajá Chansayáb, se ha venido registrando un inusual movimiento de avionetas que aterrizan en una pista de tierra en la cercana zona arqueológica de Bonampak. En algunos de estos vuelos llegan personas para recorrer Bonampak, pero en otros, aterrizan las naves con paquetes que, de acuerdo con testigos, se asemejan a los bultos con droga que son transportados en aviones ligeros. Cada vez que esto sucede, llegan soldados de la 38ª Zona Militar, en Tenosique, Tabasco, a unos 150 kilómetros de distancia, para cargarlos y llevárselos a un destino desconocido.
Los lacandones han vivido por años en un entorno donde la delincuencia organizada es uno de los fenómenos con los que cohabitan y contra el que luchan. Los criminales han buscado tener un control territorial para explotar las maderas y la riqueza de su biodiversidad, así como el trasiego de armas, drogas y rutas de tráfico humano que entran por la frontera con Guatemala. Los lacandones han pagado fuerte su oposición y rebeldía. El 13 de noviembre de 2006, una fecha paradigmática de esta lucha desigual, un grupo paramilitar acompañado por policías estatales entró a la comunidad Viejo Velasco, desalojó a las familias, desapareció a varios dirigentes y masacró a unas 50 personas.
Entonces, como ahora, han identificado a políticos chiapanecos de estar detrás de los criminales, pero con lo que no se habían topado es que miembros del Ejército estuvieran involucrados en actos, cuando menos, sospechosos e irregulares, y sometidos a intimidaciones y hostigamientos. Lo que está sucediendo en esa parte de la selva Lacandona fue puesto a conocimiento del gobierno federal, y como respuesta han recibido el silencio. La última vez que alertaron lo que se vive fue el 3 de junio pasado, cuando entregaron un oficio a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero –la fecha de recibido es el 16 de junio–, donde le explican y detallan lo que están experimentando.
Los lacandones se refieren a un evento específico, registrado el sábado 29 de mayo de este año, del aterrizaje de una avioneta Cessna en la pista de la zona arqueológica de Bonampak, que se encuentra dentro de la jurisdicción de la 38ª Zona Militar, que desde febrero del año pasado está al mando del general de brigada Héctor Manuel Valles. En el oficio informan a Sánchez Cordero que las autoridades de Lancajá Chansayáb fueron notificadas del aterrizaje de la avioneta poco antes de las ocho de la mañana, y fueron de inmediato a la pista de Bonampak.
Cuando llegaron ya estaban ahí los militares, quienes estaban descargando los paquetes y subiéndolos a un helicóptero de la Fuerza Aérea. “De lejos pudimos observar que estaban subiendo algo así como maletines o paquetes al interior del helicóptero, que estaba también en la pista de aterrizaje”, agregaron. “Realmente no pudimos saber ni podemos precisar el contenido de los maletines. Además, había un helicóptero más que sobrevolaba la zona”.
En el oficio firmado por el órgano de representación de la comunidad Lacanjá Chansayáb, Bernardo Chankin Chanajkin, Alfonzo Chankin Chankoo, Guadalupe Vázquez Sánchez, Ageo Segundo González, Esaú Alemán Chanquín, Daniel González Martínez y Anacleto Bor, el énfasis está en la violación de sus derechos constitucionales, “ya que ellos aterrizaron sin el permiso y consentimiento de la comunidad, y además de esto accionaron sus armas haciendo un disparo, lo cual no es permitido hacerlo”, con lo cual se dijeron “intimidados y violentados”.
Los militares, según explicaron, les exigieron que les dieran paquetes que decían habían sacado de la avioneta, cuando en realidad, precisaron a Sánchez Cordero en el oficio, ya estaban en la zona cuando llegaron las autoridades a Bonampak. “Ya no queremos ser más molestados, por intimidación (y) hostigamiento por parte del Ejército mexicano de la 38ª Zona Militar”, se quejaron.
Se desconoce cuántas operaciones irregulares y sospechosas han sucedido en Bonampak, pero por la forma como procedieron los militares de la 38ª Zona Militar, se infiere que la logística la tienen bien aceitada: les llega la información que una avioneta va a aterrizar, y ellos se desplazan durante poco más de tres horas para llegar a la misma hora que las aeronaves. El modus operandi es idéntico al que utilizan los narcotraficantes para introducir drogas por aire, pero no se deben apresurar conclusiones.
Lo que procede es que la secretaria Sánchez Cordero busque –si es que no lo ha hecho– la información directamente de la Secretaría de la Defensa, y hable sobre este tema con el general secretario Luis Cresencio Sandoval. Es de suma importancia que el secretario sepa lo que está sucediendo en esa parte de la selva Lacandona y que le aclare el jefe de la Zona Militar lo que están haciendo. Y al convertirse en un asunto público y de interés general, la respuesta debe ser pública y no sólo mediante un oficio de respuesta a los líderes de Lacanjá Chansayáb.
Ni la secretaria Sánchez Cordero ni el general Sandoval deben ser omisos a la queja puntual de los lacandones, ni pueden dejar margen a especulaciones que alimenten las informaciones sólidas de que algunos comandantes de la Guardia Nacional, que tienen rangos militares, fueron coptados por el narcotráfico en el sureste del país para que, a cambio de dinero y favores, cierren los ojos ante el trasiego de drogas, armas y trata en la región.