sábado, septiembre 18, 2021

El fracaso de la consulta se debe a las indecisiones del propio López Obrador

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Por Víctor Manuel Andrade Guevara

Que la inmensa mayoría de los ciudadanos haya decidido no participar en una consulta que no tenía sentido, ratifica la idea de que nos encontramos ante un avance significativo. Hay una ciudadanía informada, que sabe distinguir entre los problemas públicos que son relevantes y los que no.

El primer obstáculo para este ejercicio provino de la indecisión del presidente, que no ha tenido claro qué hacer con los gobiernos anteriores.

Durante mucho tiempo, en sus dos primeras campañas, habló de llevar ante la justicia a los integrantes de la «mafia del poder».

En la última, su discurso cambió y habló de perdón y reconciliación, de no mirar al pasado ni pensar en la venganza. Esa decisión prevaleció hasta que inició la pandemia y se dio cuenta que su gobierno difícilmente iba a poder presentar resultados relevantes. Se volvió necesario entonces compartir las responsabilidades, construir una narrativa en la que los principales responsables del desastre que tenemos son los gobiernos neoliberales, lo cual es cierto en buena medida.

Entonces se revivió el discurso de llevar a juicio a los expresidentes. Que no era su intención «barrer para atrás» se refleja en el hecho de que no se inició ninguna investigación, ni se presentó alguna denuncia contra los expresidentes desde el inicio de su gobierno. Los únicos «actores políticos» que fueron denunciados y sometidos a proceso, han sido Rosario Robles y Emilio Lozoya, este último gozando hasta ahora de total impunidad, además de exonerar al general Cienfuegos, en un procedimiento más que dudoso.

Si el presidente hubiese tenido la convicción de someter a cuentas a los anteriores gobiernos, hubiese ordenado una minuciosa investigación, hubiese propuesto la formación de una «comisión de la verdad» sobre diversos hechos como las masacres de Acteal y Aguas Blancas, el accidente de la guardería ABC, la represión de Atenco y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, pero no lo hizo.

Ya muy tarde hizo la propuesta de la consulta, a sabiendas de que era ilegal realizar un ejercicio de esa naturaleza en los términos que él lo presentaba, teniendo que modificar la pregunta la Suprema Corte que convirtió el tema de la consulta en un verdadero galimatías.

Era previsible la baja participación ante un ejercicio inútil, cuando estamos en pleno repunte de la pandemia y sus efectos en la salud y la economía de la población. Los resultados de la consulta no pueden ser ahora vinculatorios y, al final, este proceso tuvo el efecto perverso de convertirse en un blindaje para los expresidentes.

La buena noticia es que, si el presidente aún tiene la convicción, y el gobierno la capacidad, aún puede denunciar a sus odiados enemigos y someterlos a juicio, siempre y cuando logre recabar las pruebas necesarias y se respete el debido proceso.

Se ve difícil que lo haga, dada la alta frivolidad con la que se conduce el fiscal de la república, entretenido más en resolver sus litigios familiares y lograr su reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que en perseguir el delito. De paso, se podrían hacer también las investigaciones acerca de los responsables de la tragedia de la línea doce del metro en la ciudad de México, que también continúan impunes.

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