domingo, noviembre 28, 2021

Sin aclarar presunto daño patrimonial, aprueban Cuenta Pública 2019 de Veracruz

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Con 36 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del Estado de Veracruz.

En primer término, se estableció que derivado de las auditorías financieras, para el caso del Poder Ejecutivo, en 12 dependencias, ocho organismos públicos descentralizados y siete fideicomisos no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de un probable daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

Las 12 secretarías o dependencias del Poder Ejecutivo son: Secretaría de Gobierno (Segob), de Seguridad Pública (SSP), de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Educación de Veracruz (SEV), de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), de Medio Ambiente (Sedema), de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), de Turismo y Cultura (Sectur), de Protección Civil (SPC), así como la Contraloría General del Poder Ejecutivo (CG) y la Oficina de Programa de Gobierno (Progob).

Asimismo, el dictamen refiere que como resultado de las auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública, en tres dependencias, 35 organismos públicos descentralizados y tres fideicomisos, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 279 millones 828 mil 513.26 pesos. Igualmente, se identificaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

Las tres dependencias del Poder Ejecutivo son: la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con 13 millones 443 mil 654.89 pesos; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con dos millones 238 mil 141.11 pesos, y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), con 949 mil 058.78 pesos, haciendo un total de 16 millones 630 mil 854.78 pesos.

En tanto, derivado de la auditoría en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera al Poder Ejecutivo del Estado, del ejercicio 2019 se le determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 191 millones 995 mil 930.69 pesos. Igualmente, inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, correspondiente al ente fiscalizable Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Para el caso del H. Congreso del Estado no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de un probable daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a recomendaciones, mismas que deberá atender el Órgano Interno de Control.

Respecto al Poder Judicial y con motivo de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública, en el caso de los Tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje y Consejo de la Judicatura se detectó irregularidades que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial por un monto de 4 millones 500 mil 925.15 pesos.

Aunado a lo anterior, derivado de la auditoría en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera al Poder Judicial correspondiente al ejercicio 2019, en un ente fiscalizable se detectaron irregularidades que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial por un monto de 85 millones 514 mil 709.98 pesos.

En relación con los órganos autónomos, se determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra un monto de un millón 586 mil 954.14 pesos, y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 117 mil 656.00 pesos, como presunto daño patrimonial, además de inconsistencias de carácter administrativo.

En tanto, a la Universidad Veracruzana (UV) le fue detectado un monto de un millón 684 mil 119.68 pesos, como presunto daño patrimonial, resultado de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública.

En 210 municipios se advierten observaciones por un total de dos mil 066 millones 614 mil 392.09 pesos, que adquieren el carácter de irregularidades en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que pudieran ser representativas de un probable daño a la hacienda municipal.

En los casos de los ayuntamientos de Colipa y Magdalen no se detectaron irregularidades en la actuación de los servidores o exservidores públicos que hagan presumir la existencia de un probable daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

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