lunes, mayo 16, 2022

Abogados deberían hacer un escándalo

Prospectiva

Jaime Ríos Otero

La verdad, se está viendo muy lerdo el gremio de los abogados en relación con la aberración jurídica creada por las mulas que formaron la peor Legislatura de Veracruz, la LXV, que acaba de concluir funciones el viernes (aunque no con ello acabaron las mortificaciones de los veracruzanos, porque ahí se quedó el peor de esos especímenes).

Me refiero al delito de “ultrajes a la autoridad”, concebido para reprimir a cualquier persona que intente oponerse a un acto policiaco, o que, aun sin oponerse, se les antoje a los elementos policiacos o al mando político de Veracruz, encarcelarla.

El comentario viene a tono por la detención, el domingo, de dos abogados que salían de una audiencia en los juzgados de Pacho Viejo, donde estaban fungiendo como defensores de un diputado oaxaqueño (priista, opositor a la 4T) que está siendo procesado como cabeza de operaciones de una célula delictiva identificada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al legislador se le responsabiliza de asaltos a transporte de carga, homicidios, secuestros, extorsión, derecho de piso y narcomenudeo en los municipios Omealca y Tezonapa en la entidad veracruzana y Cosolopa, Oaxaca.

No opinaré sobre la posible conducta delictiva del legislador. Sólo me referiré a la abrupta detención de quienes, con apego a la ley, le brindaban asistencia jurídica. Se trata de dos profesionales de esta capital, Víctor Alfonso y José Ramón, quienes, según la Secretaría de Seguridad Pública (fíjese bien): portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, tenían en posesión 40 bolsitas de mariguana, 36 bolsas con droga cristal, una navaja, y un arma de fuego corta con tres casquillos percutidos.

Por si lo anterior fuera poco, Seguridad Pública recibió reporte de persona armada, detectó el coche en que iban, los persiguió, ellos les dispararon a los policías y luego los amenazaron con una navaja.

Por supuesto, fueron intervenidos por “ultrajes a la autoridad”.

Es decir, la policía vende la versión de que los dos abogados son algo así como retrasados mentales, porque andan en los juzgados y se meten a los penales en condiciones de mayor peligrosidad que el propio Cártel Jalisco.

No conozco a Víctor Alfonso, pero un colega, fue compañero de él en la Facultad y es considerado un hombre tranquilo. Sí conozco a José Ramón, hijo de un conocido abogado y sobrino de un compañero comunicador, con quien coincidí en el programa “Por Consiguiente” de Aván Radio, y después fue comentarista en TV Azteca Veracruz.

Y ni por pienso se me ocurre que este joven litigante sea tan intonso como para traer un coche repleto de droga, andar armado, ni ponerse contra la policía, mucho menos en estos días en que todos los abogados del foro penal saben que es imposible remontar el delito de “ultrajes a la autoridad”. Y él es alguien que toda su vida ha estado en contacto con lo penal y ejerce el litigio desde que egresó de la Universidad.

Lo que percibo es un ataque al defensor.

Independientemente de lo terrible que realmente pueda ser el diputado encarcelado, la ley le otorga el derecho de defensa, el cual es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente e ilimitado, por ser un derecho fundamental absoluto, tal como lo menciona el doctor Óscar Cruz Barney en su libro “Defensa a la Defensa”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, tema que también en la revista Jurista desarrolló hace algunos números el abogado francés  Jacques Boysou.

Justamente, Boysou alude a que cuando los Estados totalitarios (fisonomía que está adquiriendo el mexicano) pretenden dañar a los individuos, una de las opciones es atacar a los defensores.

Creo que este es el caso, y debería preocupar especialmente a los señores abogados, que no sé en qué andan que no presionan a los legisladores para que abroguen el aberrante y represor delito de ultrajes a la autoridad, especialmente ellos que saben con qué frecuencia está siendo utilizado para enclaustrar a las personas.

La detención y las imputaciones a Víctor Alfonso y José Ramón debe ser considerada sintomática de cómo serán manejadas las cosas, y en peligro están los abogados, los periodistas, los opositores políticos, los líderes sociales… esta gente no se mide.

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